Se ve muy cuesta arriba que los magistrados del tribunal electoral concluyan que quien ganó la elección fue Andrés Manuel López Obrador. Se supone que llegarían a tal conclusión luego de haber contado todos los votos depositados en las 130 mil casillas el 2 de julio, y que se valdrían para ello de personal totalmente ajeno al Instituto Federal Electoral.
De ese modo darían la razón a López Obrador, y desnudarían la manera en que el IFE manipuló los resultados para alterar el sentido del voto mayoritario de los ciudadanos. Lo que seguiría de allí serían acusaciones políticas y penales contra los integrantes del Consejo General del IFE y de los directivos de las áreas ejecutivas que perpetraron tan grandísimo fraude, burlando no sólo el sufragio sino la buena voluntad de los 520 mil ciudadanos (que no un millón) vecinos nuestros que participaron como funcionarios de casilla.
Cabría también probable responsabilidad al presidente Vicente Fox, pues su aparición por televisión la noche del 2 de julio inmediatamente después de la del presidente del IFE Luis Carlos Ugalde sería tomado como una prueba plena de que él estaba en la jugada del fraude.
¿Ve alguien realmente ese escenario siquiera como una posibilidad? ¿Podrá gobernar López Obrador si obtiene de ese modo la Presidencia? ¿Se quedarán callados los medios de comunicación y la radicalizada base panista y antilopezobradorista? ¿Una decisión como ésa romperá la crisis política en desarrollo?
Uno entiende que, sobre todo Andrés Manuel, insista en que no quiere la anulación de la elección y asegure convencido de que obtuvo la mayoría de los votos del 2 de julio. Desde su lógica como candidato, demandar de inmediato la anulación podría presentarlo como un contendiente derrotado que no sabe perder. Adicionalmente, reconocer que perdió significaría aceptar que falló su estrategia y que fracasaron sus colaboradores más cercanos y que no cumplieron los gobernadores perredistas, pues nadie en ningún lugar entre los lopezobradoristas fue siquiera alertado ante la posibilidad de que su candidato pudiese perder aunque fuese por una pequeñísima diferencia.
No había plan B. Nadie en los cuarteles de la coalición Por el Bien de Todos, ni los generales ni los oficiales, estaba preparado para perder. López Obrador estaba seguro de que ganaría pese a que no se cumplieran las metas de votación en la Zacatecas de Amalia García, el Michoacán de Lázaro Cárdenas Batel y el Guerrero de Zeferino Torreblanca Galindo. Así les demostraría que triunfó sin los gobernadores, y nada les debería. Tampoco le debería nada al PRD, pues la estructura de promoción del voto –que sería presentada como la responsable de la hazaña victoriosa– se levantó de manera paralela al partido y sin ninguna participación de éste.
Hoy, como se sabe, la situación es completamente distinta. Y aunque las poderosas fuerzas que respaldan al panista Felipe Calderón no han podido imponer la idea de que éste ya ganó y es el virtual presidente de la República, tampoco las fuerzas que respaldan a López Obrador se encuentran en el lugar en que esperaban estar desde la misma noche del 2 de julio.
Para efectos prácticos, también en este terreno ambos candidatos están empatados. Por eso lo que importa dilucidar es la manera en que se puede romper este impasse donde siguen prevaleciendo los intereses inmediatos de los candidatos y de sus fuerzas de apoyo.
Ya escribimos aquí que si los magistrados del tribunal declaran válida la elección y a Calderón presidente electo abrirán la puerta a la ingobernabilidad. Y tampoco se ve por dónde puedan concluir que quien ganó fue López Obrador, pues así como los seguidores de éste no están cruzados de brazos, tampoco lo estarán los simpatizantes del panista.
De modo que la situación política podría orillar a los magistrados a no declarar la validez de la elección presidencial, que tendría los efectos de una anulación. Sería grandísimo el servicio que le prestarían al bienestar de la República. La ahora famosa causa de nulidad abstracta se aplicaría sin ningún problema a la elección del 2 de julio, en la que no se cumplieron los principios de equidad, certeza, imparcialidad e independencia consagrados en el artículo 41 de la Constitución.
Una decisión de ese tamaño, que será saludada por millones de mexicanos en hogares, calles y centros de trabajo obligará a las fuerzas políticas, a la partidocracia a ponerse de acuerdo para designar a un presidente interino que tendría la única encomienda de convocar a nuevas elecciones a celebrarse en un plazo máximo de 18 meses, y a encabezar un gabinete plural y de técnicos y administradores que le den cauce a los programas gubernamentales vigentes. El renovado interés de los ciudadanos por los asuntos públicos le dará la fuerza política suficiente al presidente interino ante los poderes fácticos, incluidos en éstos los cárteles del nacrotráfico.
Mientras que el Congreso de la Unión se concentraría únicamente en debatir y acordar una nueva legislación electoral que ponga fin en México de una vez por todas a elecciones en las que manda el dinero y no los ciudadanos. Tendrían que ponerse de acuerdo para nombrar a un nuevo Consejo General del IFE; para suprimir los spots de televisión y radio de las campañas; para que éstas duren cuando mucho dos meses.
Si hay estos acuerdos y todos acatan la anulación decretada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluidos los llamados mercados –es decir, el capital especulativo, que se mantendría en el país–, millones de ciudadanos mexicanos verían que las fuerzas políticas, las élites –las clases dominantes, como decíamos en los 70– están comprometidas en que en México exista una verdadera democracia electoral donde los ciudadanos mandan, y no la partidocracia y la plutocracia que prevalecen ahora.
Campañas electorales cortas y baratas, sin la presencia distorsionante de los spots de radio y televisión evitarán que lleguen a la Presidencia de la República políticos improvisados o inventados por los medios.
Aunque tengamos al cuarto hombre más rico del mundo y enclaves de prosperidad en diversas partes del país, México no será un país moderno mientras la mitad de su población se encuentra en la pobreza y mientras no tenga instituciones democráticas sólidas que cuenten con el consenso de los mexicanos.
Parece todo lo anterior una carta a los Santos Reyes, pero estoy partiendo de que los millones de mexicanos agraviados por la inequidad de la elección se mantendrán movilizados y ejercerán la presión suficiente.
Del lado del calderonismo ya se comienzan a mover firmemente en contra de la anulación. Allí está el énfasis con el que el vocero presidencial Rubén Aguilar llamó desconocedores de la realidad nacional a quienes hablan de un interinato, y la manera en que la cacica del sindicato nacional de maestros, Elba Esther Gordillo, llamó “presidente electo” a Felipe Calderón.
¿Todavía después de estas claridosas apariciones habrá en el entorno lopezobradorista quienes creen que la hipótesis de la anulación es un complot de Fox?