Hace cuatro meses que en Oaxaca dejaron de funcionar los tres poderes. Perseguido por el pueblo al que debía gobernar, el Ejecutivo anda a salto de mata; nadie sabe dónde está el Judicial y el Legislativo, lejos de sus representados y contra ellos, no pasa de algunas reuniones, sin quórum y sin sentido, en casas particulares.
En Oaxaca desaparecieron los poderes, sin embargo, la Presidencia de la República y los senadores hacen como si no se hubieran enterado. La actividad comercial y buena parte de la manufacturera están suspendidas, el cobro de impuestos es inexistente en la capital del estado, las corporaciones policiacas están dedicadas a agredir a los ciudadanos y la ley seguramente anda por ahí, perdida en códigos y tratados que son fuente inagotable de erudición, no de justicia.
Para quienes miran únicamente la superficie de los fenómenos sociales, todo se resuelve con que los maestros de la sección 22 vuelvan a clases y asunto terminado. Por desgracia, las cosas suelen ser mucho más complejas. Lo que empezó como un asunto laboral tuvo la violencia como única respuesta y los profesores han venido recibiendo el apoyo de otros sindicatos y de diversos sectores sociales con demandas viejas y nuevas igualmente insatisfechas.
Por supuesto, el movimiento ha afectado en muchos sentidos la vida de los oaxaqueños y, salvo la ínfima pandilla de Ulises Ruiz, todos claman por una solución. Algunos desesperados, incapaces de entender por qué se ha llegado a la situación actual, exigen acabar con la protesta mediante la violencia, lo que significaría echar gasolina al fuego.
Más allá del juicio que merezca a cada quien el movimiento, es un hecho que cuenta con amplio respaldo social, pues de otra manera no se explica que un contingente tan enorme y disperso se mantenga en pie de lucha a lo largo de tantos meses, en contra incluso del interés de ciertos sectores y pese a los conocidos tironeos que se presentan dentro del núcleo dirigente, en el que participan las más diversas corrientes.
Si la protesta oaxaqueña no ha caído en la violencia hay que agradecerlo a los dirigentes más responsables, pues la falta de soluciones propicia que todo movimiento social se convierta en un torneo de radicalismos. Han sido precisamente los líderes de la sección 22 del SNTE y de otros sindicatos los que, frente a la disidencia interna y las provocaciones de los pistoleros de Ulises, hasta ahora han logrado que las cosas no se desborden. Pero eso no puede durar mucho.
El gobierno federal, el Senado, el PRI y el PAN apostaron a que el movimiento se consumiera en su propio fuego. Estaban muy ocupados pegándole con todo a Andrés Manuel López Obrador. En su cálculo, era poco rentable distraerse con un asunto local. Para el PRI, porque Madrazo era protector de Ulises; para el PAN, porque resultaba mejor no meterse e incluso para el PRD, que prefirió quedar fuera, ocupado como estaba quitándose las patadas mediáticas de sus adversarios.
Lo cierto es que Oaxaca fue abandonada por los intereses del momento, y cuando pasadas las elecciones federales se esperaba la búsqueda de un arreglo, las muchas dudas suscitadas por el “triunfo” de Felipe Calderón motivaron que Fox y el PAN prefirieran cerrar los ojos y no meterse en lo que, por lo visto, consideran territorio priísta.
De este modo, los panistas decidieron no meterse en Oaxaca y los priístas, siempre dispuestos a vender su amor por unas monedas, correspondieron con el reconocimiento a Felipe Calderón. En el colmo del cinismo, han sido senadores del PAN los que salen a defender la satrapía de Ulises Ruiz y de ese modo reniegan de sus deberes constitucionales con el aplauso del PRI.
Lo extraño es que otorgada la Presidencia de la República al candidato panista y después de que los líderes del PRI acudieron ya al besamanos, el gobierno foxista y el PAN sigan sumidos en el pasmo y se muestren incapaces de resolver el incendio oaxaqueño, sin advertir las posibilidades de contagio hacia otras entidades.
Constitucionalmente, la desaparición de poderes le corresponde hacerla al Senado, aunque en los hechos debe ser promovida por el Ejecutivo, pues éste debe tener preparada la terna para que el Congreso nombre gobernador interino. Si la lógica todavía existe, sería Heliodoro Díaz quien sucedería a Ulises Ruiz y convocaría a elecciones, lo que garantizaría al PRI no perder esa gubernatura, por lo menos en el siguiente año y medio.
Hay, pues, fórmulas de solución que chocan con la abulia del gobierno federal, que se empeña en fomentar la ingobernabilidad. Para nada ayudan las complicidades y los enjuagues de panistas y priístas. Pero las contradicciones crecen y antier el vocero de Felipe Calderón salió a pedirle al gobierno federal que resuelva el conflicto –hoy, hoy, hoy–, pues razonablemente teme que forme parte de la desastrosa herencia de Fox, que deja un país dividido, un movimiento social en las calles, desempleo, pobreza, bajos salarios y un alarmante auge del crimen organizado. La respuesta podemos adivinarla: “¿Y yo por qué?”.