Jorge Zepeda Patterson
Octubre 29, 2006
El jueves pasado, en el programa de Televisión Código 2006, de Proyecto 40, hice una
pregunta a nombre de muchos mexicanos a Ulises Ruiz, “el gobernador” de Oaxaca. “Le
pregunto no al político, ni al funcionario, sino al ser humano: ¿Está usted conciente de que
su restitución como autoridad en Oaxaca va a ser el resultado de un baño de sangre? ¿No
le importa que para seguir siendo gobernador se requiera la muerte de muchos? ¿Usted
sabe que dentro de 10 o 15 años el recuerdo de toda esta coyuntura y la mención de su
nombre evocarán una tragedia? Ulises Ruiz no se inmutó y respondió con una larga
parrafada sobre la importancia de la negociación. Su verdadera respuesta la dio unas
horas más tarde, en la madrugada, cuando un líder de la APPO fue secuestrado a punta de
pistola por un comando de desconocidos. Al día siguiente personas armadas
pertenecientes al gobierno municipal y al estatal, bajaron de una camioneta blanca para
hacer disparos contra los retenes de la APPO, con el saldo conocido de varios muertos.
Uno de ellos, el periodista norteamericano Bradley Will, de la agencia Indymedios.
Al cierre de este artículo no se desencadena aún el desenlace que parece inevitable. A la
fecha han caído asesinadas una docena de personas, pero seguramente habrá muchas
víctimas más, antes de que termine todo esto. Más allá de la posición política de cada uno
de los lectores, hay un dato de la realidad que se impone: los muertos son de un solo
bando. Podemos estar en desacuerdo con los métodos o estrategias de la APPO y
cuestionar la intransigencia de maestros que condenaron a sus alumnos a perder la
escuela, pero es un hecho que “los de abajo” son los que terminan poniendo a las
víctimas.
Por desgracia la muerte de oaxaqueños morenos, anónimos e imprescindibles no parece
conmover a muchos. A lo largo de los meses, mientras se fueron enlutando los hogares de
los que cayeron por goteo como resultado del ataque intermitente a los retenes, pocos se
tomaron la molestia de exigir la destitución de Ulises Ruiz. Las notas internacionales se
centraban en las pérdidas turísticas y comerciales del centro de Oaxaca. Sin embargo, todo
esto cambió con la muerte de un extranjero, uno de los suyos.
La foto de Bradley Will yaciente en el pavimento ha recorrido diarios y noticieros de todo el
mundo este fin de semana. Es una “pérdida de guerra” que no entraba en los cálculos de
Ulises Ruiz. El ataque perpetrado el viernes por la tarde tenía como propósito provocar la
última gota que derramara el vaso y obligar a las fuerzas federales a intervenir de una vez
por todas. Llama la atención que el operativo fue en plena tarde y sin buscar siquiera
alguna provocación o choque que de alguna manera lo justificara. Simplemente llegaron en
sus camionetas, descendieron hombres con armas de alto poder y dispararon a retenes y
periodistas. El mensaje fue claro y contundente. Si el gobierno federal no ha entrado a
Oaxaca para no provocar un baño de sangre, los matones locales le demostrarían que la
espera también se llenaría de sangre. Ahora la Secretaría de Gobernación tendría la
coartada para intervenir. En cierta forma lo hace incluso para “proteger” a los manifestantes
que están siendo acribillados. Espero que todo esto no sea más que resultado de la
estulticia y barbarie de un gobernador convertido en sátrapa prehistórico. Ulises Ruiz ha
dicho que los agresores son autoridades municipales, fuera de control, como si los
esbirros de estos municipios priistas pudiesen atreverse a tomar una acción política de
esta magnitud por su propia voluntad. Quisiera creer que esto no es un arreglo fríamente
calculado con las autoridades del Centro para precipitar el desalojo de Oaxaca.
Recordemos que el movimiento originalmente era una reivindicación gremial. El torpe y
sangriento intento de desalojo de junio pasado por parte de Ulises, provocó que se
convirtiera en una protesta para exigir justicia. Desde entonces la APPO ha pedido una sola
cosa: el retiro de Ulises y la investigación por sus crímenes. Es lamentable que el
desenlace de todo esto sea una acción represiva, en nombre de la ley, y en contra de las
víctimas que reclaman la aplicación de ley.
Tendríamos que preguntarnos dónde estaban hace un año todos aquellos que ahora
exigen la restitución del estado de derecho, mientras Ulises Ruiz perseguía medios de
comunicación, desaparecía disidentes y golpeaba derechos de comunidades. Durante
meses, antes del conflicto del magisterio, los afectados interpusieron denuncias en contra
de las agresiones del gobernador. Noticias de Oaxaca, el diario líder en la entidad, ha
interpuesto media docena de demandas o denuncias en los tribunales que controla el
gobernador. Ninguna ha prosperado pese a que hubo asesinatos y destrucción de
instalaciones de por medio.
Si al final todo esto no sirve más que para reinstalar al gobernador, el daño será
incalculable. Respetar al estado de derecho debería significar la investigación de todos los
delitos, incluyendo los asesinatos por parte de las autoridades locales a lo largo de estos
meses. Si el gobierno federal, en nombre de su alianza incondicional con el PRI,
simplemente restituye al gobernador y encuentra chivos expiatorios entre policías de rango
inferior, se habrá consumado una infamia mayúscula. Me temo, además, que se habrán
dado enormes coartadas a los que consideran que nuestras instituciones no tienen
remedio.
La tragedia de Oaxaca puede provocar un germen de rabia e inestabilidad si el baño de
sangre simplemente sirve para imponer, una vez más, la inequidad y la injusticia ancestral.
Pero también podría ser el arranque de una nueva forma de hacer política. Lo sabremos
pronto. Sería lamentable que la única esperanza de ajuste de cuentas proceda de la
indignación internacional que provoque el asesinato de un periodista extranjero. Nuestros
muertos todavía valen muy poco.
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