Historia. En el Porfiriato maduro, el Cuerpo de Rurales de la Federación, unos cinco mil, eran el brazo ejecutor de última instancia de la política del régimen. Hoy, ese lugar pareciera ocuparlo la Policía Federal Preventiva (PFP). Los rurales, un cuerpo creado en 1861, eran un cuerpo militarizado dependientes de la Secretaría de Gobernación, con uniforme gris, muy móvil, bien montado y armado –características no muy distintas de la PFP–, que le sirvió bien a don Porfirio para apagar los fuegos sociales que estallaron con regularidad en varias partes del país a fines del siglo XIX e inicios del XX. El profesor Paul J. Vanderwood en su libro Desorden y progreso (México, Siglo XXI, 1986) los llamó “la policía del presidente”. De nuevo, a la PFP le viene al pelo la caracterización de sus antecesores.

Paradojas. Es significativo que los carros antimotines adquiridos por Carlos Salinas en 1994 –el año de la aparición de los rebeldes neozapatistas y del asesinato de Luis Donaldo Colosio– se hayan finalmente empleado ahora, justo al concluir el primer gobierno de un nuevo régimen político y que se supone estaría comprometido con lograr que México pase definitivamente del viejo y prolongado autoritarismo a la nueva democracia. Sin embargo, es aún más revelador que el empleo de los carros y de “la policía del presidente” haya sido para retomar la ciudad de Oaxaca con el fin de devolver el poder a un gobernador del PRI que lo había perdido meses atrás como resultado de una movilización social iniciada por maestros pero secundada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuyo objetivo central es poner fin a un sistema de gobierno local cuyas raíces siguen enterradas y nutridas en una tradición premoderna y antidemocrática.
Tampoco puede dejar de llamar la atención y ser revelador el que la toma de Oaxaca por “los federales” haya tenido lugar el mismo día que en Brasil se llevó a cabo una elección sin problemas y donde el electorado, en una segunda vuelta y con muy alta participación, reconfirmó a la izquierda como la encargada de conducir en los próximos cuatro años al mayor país latinoamericano. En fin, en el pasado domingo se pusieron de manifiesto, una vez más, las paradojas y contrastes latinoamericanos.
A punto de entregar el gobierno y tras haber pospuesto por cinco meses de manera tan evidente como poco imaginativa, el enfrentar la parte que le correspondía del conflicto oaxaqueño, Fox finalmente recurrió a la PFP para intentar cortar de tajo el nudo gordiano en que se dejó convertir el conflicto oaxaqueño. Hoy, el Zócalo de la vieja Antequera está ocupado pero el resto de la ciudad y de la entidad no están en paz ni el problema está resuelto, como afirma el presidente.

¿Solución o administración del problema? La historia muestra numerosos conflictos políticos complicados donde el problema no se resuelve, simplemente se administra. Y posiblemente eso es lo que estamos viendo en este caso. Pero ¿qué posibilidades y alcances puede tener este tipo de “administración”? La pregunta es obligada pero la interrogante es imposible de responder con certeza.
En un análisis de lo inmediato, el factor que explica que cinco mil efectivos de la PFP, apoyados en el trasfondo por elementos militares, hayan tenido que ocupar Oaxaca, es la muerte el viernes 27 de tres personas que tuvieron lugar en esa ciudad, entre ellas la de un ciudadano estadunidense, un camarógrafo y activista neoyorquino: Bradley Roland Will. Los muertos, incluido el señor Will, quedaron en el lado insurgente. No fueron esas, desde luego, las primeras víctimas, pero sí la primera vez que la embajada norteamericana pidió cuentas y el esclarecimiento de un hecho que, por otra parte, no tiene nada de misterioso: quienes dispararon ya fueron identificados como miembros de una estructura local del poder que está cuestionada.
Es posible imaginar, aunque no asegurar, que ese incidente violento fue premeditado, que buscaba ser la justificación de una intervención supuestamente definitiva, aunque seguramente el asesinato de Will no era parte del esquema. Los otros factores explicativos inmediatos son: a) el arreglo económico al que llegó el gobierno con los maestros para que estos últimos tuvieran el aumento salarial demandado –lo que solucionaría el motivo original de la disputa– y abandonasen las filas de los malcontentos y b) la cercanía del cambio de gobierno.
En efecto, al presidente saliente, al entrante, al partido de ambos y a los muchos y muy poderosos intereses que apoyan al grupo actualmente en el poder –empresarios, iglesias, el SNTE, etc.– les interesaba que el conflicto en Oaxaca no pusiera en peligro el apoyo condicionado que el viejo PRI está negociando con el gobierno saliente y el entrante. Para este último, con el respaldo de apenas un 35 por ciento del electorado, es vital que legisladores y gobernadores priístas faciliten la toma de posesión del 1o de diciembre. De lo contrario, el segundo gobierno del nuevo régimen haría su primera entrada al escenario en condiciones de peligrosa debilidad.
La ocupación de la ciudad de Oaxaca por la PFP en apoyo de un gobernador priísta incapaz de sostenerse por sí mismo, pudiera, aunque no sin dificultades, resolver en lo inmediato para el gobierno federal, el problema de la rebelión del sur. Sólo le es necesario sostener la situación por 28 días más. Esa solución se facilitaría aún más si el gobernador impugnado decidiera, finalmente, pedir licencia o renunciar, como ya lo demandan incluso algunos priístas. Sin embargo, aun en ese caso, el problema de fondo estaría sin resolverse. En Oaxaca, la PFP es apenas un vendaje que mal cubre una herida social y política profunda, en donde la infección permanece.

Lo que hay bajo el vendaje. El choque inicial que ha llevado a la situación actual en la antigua Antequera, se dio el 22 de mayo entre el gobernador y la Sección 22 del sindicato de maestros (SNTE) por una disputa salarial. Sin embargo, el contexto de ese conflicto tiene una historia larga que parte de un escenario de rezago social inexcusable. Fue en mayo de 1980 y en Oaxaca–en este análisis simplemente sigo a Víctor Raúl Martínez del IISUABJO– cuando surgió el Movimiento Democrático Magisterial que luego se trasmutó en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, disidente del SNTE. Desde entonces, el magisterio de Oaxaca ha seguido un camino propio, que se refleja en su acción sindical, misma que esta influida por su peculiaridad social: la de contar con una importante raíz indígena y campesina.
El motor de la acción sindical reciente del magisterio oaxaqueño ha sido conseguir la “rezonificación” (pasar de la zona 2 a la 3 para tener un aumento salarial por concepto del costo de vida, como sucedió en Chiapas). El 22 de mayo los profesores oaxaqueños estallaron la huelga al confrontarse su demanda por mil 400 millones de pesos con los apenas 60 millones ofrecidos por el gobernador. Cuando en julio llegaron las elecciones presidenciales, el millón de votos prometidos al PRI por el gobernador de Oaxaca se redujeron a sólo 450 mil; el viejo partido de Estado perdió 9 de los 11 distritos en juego y las dos senadurías de mayoría. No obstante tener una base política tan mermada, el mandatario estatal, con el soporte de los presidentes municipales priístas y de ciertos empresarios y comerciantes, ordenó a la fuerza pública acabar con el plantón de los maestros el 14 de julio. Pero su fuerza de 800 policías resultó no sólo insuficiente, sino contraproducente, pues fue derrotada a palos y pedradas y el enfrentamiento callejero con el magisterio transformó un conflicto sindical en otro de carácter político y social. En palabras de Martínez Vázquez, los maestros se convirtieron en un “catalizador de la inconformidad y protesta social contra el régimen autoritario y despótico de Ulises Ruiz”. Así nació la APPO y el conflicto de Oaxaca se catapultó al plano nacional.
Sin el control de los estados aún en su poder, el PRI sería casi nada, de ahí la defensa numantina de un gobernador de tiempo atrás incapaz de gobernar pero que explota a fondo la necesidad que el gobierno tiene de su apoyo. Pero ese apoyo mutuo PAN-PRI tiene costos. En situaciones normales, problemas como el oaxaqueño se podrían haber administrado, y quizá resuelto, sin violencia. No fue el caso, por impericia y complicidades se le dejó crecer hasta convertirse en crisis. Hoy en Oaxaca hay un PRI que lleva 77 años ininterrumpidos en el poder y también una lección de la que todos deberíamos sacar las conclusiones apropiadas.