Sin saberse aún qué es lo que pasará con OHL en el primer trimestre del próximo año cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores concluya su investigación sobre sus irregularidades contables, el plan de desinversión que llevó a cabo hace unos 45 días el presidente de la compañía, el durísimo ex ministro de Hacienda convertido en empresario Juan Miguel Villar Mir, está naufragando. El escándalo en el que se encuentra su filial mexicana, hasta hace meses la joya de su corona que representaba el 15% de sus ingresos y el 75% de su Ebdita –que son las ganancias antes de pagar impuestos que miden el flujo en las empresas–la está hundiendo. El valor de su acción sigue en picada y, como dicen los tabasqueños, lo mejor de todo es lo peor que se va a poner.
Hace unos días en El Español, el periódico que fundó el polémico Pedro J. Ramírez, publicó que ni un mes y medio tardó OHL en perder todo el colchón que logró con una ampliación de capital de mil millones de euros, por la crisis de confianza y las investigaciones en su filial mexicana, en donde un alto número de sus inversiones estaban a crédito y usaban garantías cruzadas. Entre octubre y la primer quincena de diciembre, su valor en bolsa cayó de dos mil 700 millones a mil 600 millones. La razón de ello es la combinación de la investigación de la CNBV con las grabaciones ilegales de sus ejecutivos, que construyen la narrativa de la caída.
La historia, según sus críticos, se asemeja al colapso de ENRON, la empresa de energía texana que creció exponencialmente durante el gobierno de George W. Bush, hasta que las versiones de tráfico de influencias y pagos de sobornos para obtener contratos, junto con un fraude en sus técnicas contables avaladas por la muy prestigiosa firma Arthur Andersen, provocaron su caída al descubrirse un fraude monumental. La analogía con OHL no es por tamaño, sino por las similitudes en sus oscuras formas y métodos.
Pero hay un capítulo muy poco explorado en el caso de OHL México que ha pasado bastante desapercibido pese a que es parte de la explicación. Se trata del papel que jugó Arturo Enríquez García, encargado del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, que se conoce por sus siglas Saascaem, quien firmó la quinta modificación al Título de Concesión de la obra del Circuito Exterior Mexiquense para la implementación del SIVA, el sistema de monitoreo de aforo vehicular que nunca se instaló, porque el contrato otorgado a Infraiber no se cumplió. El litigio público de Infraiber contra OHL es lo que transformó el día por la noche en la empresa constructora, y metió a funcionarios y ex funcionarios mexiquenses al escándalo.
Enríquez García es un eslabón importante, aunque el caso comienza con su antecesor Manuel Ortiz, quien el 20 de diciembre de 2010 recibió del Consejo Directivo del Saascaem suscribir el Convenio Marco para la instrumentación del SIVA y le permitía aumentar en 25 centavos el peaje. En la reunión de Consejo del 1 de septiembre de 2011, Ortiz informó lo que había reiterado en tres anteriores: seguían en proceso de análisis del mecanismo del sistema y se estaban preparando sus instrumentos jurídicos. Ortiz fue promovido por el nuevo gobierno de Eruviel Ávila, como secretario de Agua y Obra Pública, pero su cargo quedó acéfalo durante casi un año. Ávila dejó a varios encargados de despacho, pese a la importancia de ese organismo descentralizado. En mayo de 2012 designó a Arturo Enríquez García como suplente de Ortiz, y en el Consejo del 16 de diciembre de 2012 informó que se había firmado el Convenio Marco. Dos cosas llaman la atención. No informó a quién –fue Infraiber–, ni existe registro en las actas previas del Consejo, que se hubiera informado que estaba listo el documento y sus bases jurídicas. Es decir, se informó un hecho consumado, sin ponerlo a consulta.
Enríquez García volvió a presentarse ocho veces ante el Consejo sin informarles que se preparaba una modificación al Título de Concesión, pero en el noveno, el 5 de julio de 2013, informó que ya se había modificado. Una vez más, nunca se presentó a consulta para su aprobación lo que se venía realizando. En ese consejo se informó que se elevaría de 25 a 50 centavos el peaje, y que el SIVA sería operado por Infraiber. Sin embargo, por una inconformidad de OHL el 25 de abril, casi mes y medio antes, la autoridad estatal había suspendido la instalación del sistema por parte de Infraiber.
La línea de tiempo entre lo que se informó al Consejo Directivo y lo que no se aconsejó, así como también los procesos judiciales que fueron acompañando los cambios en el Título de Concesión que terminaron beneficiando a OHL, han alimentado las sospechas de corrupción y tráfico de influencias. No ha ayudado la actitud medrosa del gobierno de Ávila que parecería tratar de cortar los cabos sueltos que lo pudieran afectar. En junio pasado jubiló a Ortiz. En octubre del año pasado sustituyó a Enríquez García por Roberto Serrano, a cuyo abogado señalan los ejecutivos de OHL como responsable de las informaciones negativas sobre la empresa. OHL no está sola en este escándalo. Quizás aún no se ve suficientemente el impacto en el Estado de México, donde huele a gas.

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