Como si fuera una maldición o mal fario, la administración priista que encabeza Héctor Astudillo está condenada a caracterizarse o identificarse por su incapacidad frente al clima de violencia que afecta a Guerrero, no solamente en la sierra, en la montaña, sino también en la costa, la Grande y la Chica, en los polos de desarrollo turístico como Acapulco, Zihuatanejo o Taxco, sino ahora también en las explotaciones mineras.
Al llegar a la administración gubernamental, el gobernador Astudillo fue advertido, más por extraños que por su equipo, que el tema de la violencia requería, exigía un tratamiento especial, novedoso, en el que hubiera admisión o reconocimiento del problema, primero, y después aceptación de que no existe la capacidad para enfrentar a los grupos delictivos poderosos que operan en el estado y detener la inmensa ola o tsunami en que se ha convertido la inseguridad o la ingobernabilidad.
Guerrero profundizó su crisis durante la actual administración y ahora ya es tarde para hacer un alto en el camino y reestructurar la estrategia. El ingrediente de la soberbia en los gobernantes no falla. En cuanto toman posesión del cargo, se vuelven omnipotentes y dejan de ver, de oír y de sentir.
Los hechos de todos los días demuestran que lejos de estar en la ruta de la solución de los problemas, la distancia de la realidad es cada día más grande. La balacera en la Condesa en la que falleció un turista chileno, vuelve a apuntar hacia la gravedad del problema de la violencia. No ha pasado el primer mes del nuevo año cuando se volvió realidad el presagio de que pasado el boom de diciembre, Acapulco volvía a la realidad.
Dice cualquier manual referente al tema, que el uso de la fuerza pública es el último recurso de gobierno cuando los demás instrumentos han quedado rebasados para solucionar un conflicto social.
En particular la intervención policiaca en una huelga parece mala idea, y debe ser cuidadosamente operada en caso de que se juzgue necesaria. De llevarse a cabo, debe ser ejecutada con tal limpieza, precisión y contundencia que al menos tenga el sentido de reanudar las labores con relativa normalidad.
No ha sido el caso de la entrada de policías estatales en la mina Media Luna, en Cocula, donde un paro de trabajadores por un conflicto sindical se ha prolongado por casi tres meses.
Un grupo del sindicato minero, el que en un fenómeno singularísimo comanda a distancia continental, exiliado desde Canadá hace más de una década, Napoleón Gómez Urrutia, le disputa a la CTM la titularidad del contrato colectivo, lo que dio lugar a la paralización de la mina, que por cierto es también de propiedad canadiense, desde inicios de noviembre.
Los seguidores del sindicato nacional minero acusan a la CTM de cobrar comisiones y descuentos indebidos a sus agremiados y a quienes prestan servicios, y de manejarse con esquemas de corrupción.
La solución al problema debiera darse en los tribunales laborales, pero quienes pretenden hacerse del control optaron por no esperar a fallos judiciales y decidieron forzar las cosas por la vía de la huelga.
Hace diez días, la empresa había anunciado la reanudación de labores, lo cual se llevó a cabo con el apoyo de policías que se dicen comunitarios, luego de que el ejido que le renta sus tierras mediante contrato, había amenazado con terminar el convenio en caso de que no se resolviera el conflicto en un plazo perentorio.
Pero una aparente alerta de secuestro de trabajadores derivó el fin de semana pasado en la toma de la mina por policías estatales respaldados “a distancia” por elementos del Ejército mexicano, aunque el resultado final es el rompimiento del paro de los sindicalistas afines a Napoleón.
Lo más grave es que el operativo fue precedido por el asesinato, un par de días antes, de uno de los dirigentes de los paristas, y que ya desde el inicio del movimiento otros dos líderes mineros habían fallecido víctimas de ejecuciones.
A fin de cuentas, el conflicto es complejo y tiene múltiples aristas, y por ello mismo la intervención de la fuerza pública no parece una solución inteligente.
El panorama de una huelga en cuyo alrededor hay derramamiento de sangre, intereses extranjeros, soldados y policías, líderes corruptos y explotación de metales preciosos en medio de la pobreza y marginación de las comunidades de la región, describe al México de hace más de un siglo, y no las formas que esperaríamos para la integración del país y del estado al desarrollo del siglo XXI.
¿O será cierto que como decía el poeta argentino Atahualpa Yupanqui, el oro tiene siempre olor de sangre minera?
La realidad en Guerrero es el olor a sangre, a secas.