Fueron dos sexenios perdidos con una estrategia fallida para afrontar la violencia y la inseguridad, que han dejado saldos sangrientos incalculables y un altísimo costo social y económico. Ni Calderón ni Peña Nieto atinaron el camino para dar seguridad al país y para poner las condiciones necesarias para la paz. Este hecho tuvo, a mi juicio, un alto impacto en los resultados de las elecciones celebradas el pasado 1 de julio. El sentir general de la población se ha manifestado desaprobando esa torpe estrategia que fue siempre una simulación, pues no tocaba las raíces de la violencia.
Hay ahora razonadas expectativas en cuanto a que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenga la capacidad para abrir las puertas hacia un proceso de paz ya no simulado sino efectivo. La transformación social que necesitamos es de gran envergadura y de largo plazo. Se requiere un proceso complejo en el que se conjuguen todas las fuerzas del nuevo gobierno y la participación necesaria de la sociedad. La violencia es un cáncer que tiene atrapada a la sociedad, que requiere una cirugía mayor y un largo y espinoso camino, que un sexenio no alcanzará a resolver. Pero creo que sí puede poner las bases institucionales y legislativas para caminar hacia la paz.
Aspiramos no sólo a contar con una necesaria seguridad pública, sino a contar con la seguridad humana que garantice todos los derechos humanos para todos los mexicanos. Aspiramos a contar con todas las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales necesarias para que todos los mexicanos tengamos las oportunidades de desarrollo y, por consiguiente, para vivir en paz. Al sentirnos tan destrozados por tanta violencia, a veces nos conformamos sólo con tener una seguridad pública elemental que nos dé tranquilidad para salir a la calle. Eso no es suficiente. No debiéramos ser conformistas en este asunto y tenemos que mirar en grande y a lo lejos. Por eso digo que esperaríamos del próximo gobierno las bases y las condiciones para este proceso de construcción de paz.
Y es que, a mi juicio, tienen que confluir tres procesos fundamentales, si queremos una transformación real, o como dice López Obrador, la “cuarta transformación”. Se necesita un desarrollo integral y sustentable, una democracia participativa y una cultura de paz. Economía, política y cultura tendrían que confluir en la proyección global de la paz para el país.
La paz requiere una condición indispensable: una economía con sentido social y con alto talante ético. El modelo económico que tenemos es la primera amenaza para la paz, pues es excluyente: excluye a grandes masas de pobres y excluye el cuidado del medio ambiente. No será fácil generar una economía alternativa a la economía capitalista neoliberal que se nos ha impuesto, pero se pueden dar ya unos pasos. Procesos de economía social y solidaria por todas partes, pueden abrir caminos desde abajo para ir construyendo redes económicas que incidan en el mejoramiento del nivel de vida de todos. Repartir dinero no es el camino mejor, pues sólo ayuda a sobrevivir, genera dependencias y no dignifica. El desarrollo integral y sustentable que México necesita como condición para la paz tiene que incluir el trabajo digno para todos, la distribución equitativa de la riqueza, y una administración pública transparente, entre otras cosas. El combate contra la corrupción puede abrir el camino para construir las condiciones económicas que aseguren la paz en México. No obstante, el monstruo capitalista patente en las transnacionales y en los grandes consorcios del empresariado mexicano, no son confiables. El nuevo gobierno tendría que ir construyendo una economía alternativa desde abajo mediante la educación y la organización de la gente para producir, financiar y comercializar.
El segundo tema clave para la paz es la democracia. La alta participación en el pasado proceso electoral nos dejó un buen sabor e indica que somos capaces de muchas cosas. Pero tenemos que reconocer que el nivel de nuestra democracia es aún precario. Si bien tenemos ciudadanos para el día de las elecciones, no los tenemos para todos los días, de tiempo completo. Hay amenazas patentes y latentes para la construcción de la democracia. Una es el sistema político en el que los partidos son los que parten y se reparten. Corrupción e impunidad son los dos grandes factores de la violencia que proceden de la política en México. No será fácil transformar este sistema que ha engendrado castas de vividores de la política. En este sistema, los ciudadanos estamos muy acotados pues no podemos canalizar nuestras inconformidades y nuestras propuestas mediante instrumentos de participación vinculantes, que obliguen al Estado a consultar y a tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de la población. Necesitamos una ciudadanía adulta, con canales de participación en las decisiones importantes del país. Muchos de los conflictos sociales y de las grandes inconformidades se deben, precisamente, a decisiones antidemocráticas en los ámbitos del poder. Durante el proceso electoral se desarrolló una catarsis nacional, echando fuera tanta rabia acumulada contra el sistema político.
Otra amenaza a la democracia, además del sistema partidista que padecemos, está en el poder fáctico de la delincuencia organizada, que se ha montado en la política y donde participa en las decisiones públicas o, de plano, las impone. Esto fue evidente en el proceso electoral cuando un gran número de políticos fueron asesinados. Además, sólo quien haya cerrado los ojos no pudo ver el activismo de narcotraficantes en las campañas electorales pasadas. En muchas regiones del país, las organizaciones criminales se han constituido en sistemas paralelos de poder con sus propios territorios, generando ingobernabilidad. En estos lugares, la gente está sometida y no puede participar en las decisiones. La democracia está anulada, en la práctica. En este campo hay que tomar una serie de decisiones políticas que tienen que ver con el Estado de derecho, con la impunidad y la corrupción, como condiciones indispensables para la paz.
El tercer tema clave para la paz es la cultura, construida mediante la educación. López Obrador ha hablado de la “revolución de las conciencias”. La educación es la gran herramienta necesaria para esta indispensable revolución, y por ello tiene que ser rehabilitada con toda su fuerza. Una verdadera reforma educativa debiera ser aquélla que asegure una verdadera conciencia ciudadana y habilite a las personas para la participación con profesionalismo y un alto sentido ético. Como personas tenemos que transformarnos en artesanos de la paz en la vida cotidiana. Sin una ciudadanía libre de prejuicios y de miedos, responsable y creativa, no estaremos en condiciones de mejorar sustancialmente el país. El gobierno solo no puede hacer los cambios que todos queremos, pues requiere de la cooperación crítica de los ciudadanos. Es indispensable una nueva cultura que reivindique la política como una responsabilidad colectiva y ciudadana, una cultura que abra las conciencias al diálogo, al encuentro y a la colaboración como formas de hacer ciudadanía y de reconstruir la política.
El llamado que Andrés Manuel López Obrador hizo desde el 1 de julio a la reconciliación nacional tendría que mirarse como el horizonte de todas las políticas del próximo gobierno. México está muy fragmentado desde siglos. Esta es una de las grandes razones de nuestros rezagos históricos. Y hay rezagos en todos los órdenes de la vida del país. Gobierno y sociedad necesitamos reconciliarnos. Tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado, con la política, con las instituciones. Hay muchas heridas abiertas. Del pasado y del presente. No hay reconciliación fácil ni a corto plazo. Es un largo camino, el camino hacia la paz. La reconciliación implica la verdad y la justicia. Tenemos que dejar de encubrir las heridas abiertas para reconocerlas por su nombre y hacer justicia. Actualmente tenemos la dolorosa herida de los cientos de miles de víctimas directas e indirectas de la “guerra contra el narco”: ejecutados, desaparecidos, desplazados y demás. Requieren verdad y justicia para transitar hacia la paz. Las víctimas deberían tener un lugar fundamental para la reconciliación en el país.
Se hace indispensable un proceso de justicia transicional para poder conocer la verdad y hacer justicia frente a tantos miles de delitos y violaciones a los derechos humanos de los dos últimos sexenios. En ese contexto es donde se puede pensar en amnistías enfocadas a sectores vulnerables que están fuera de la ley, como los campesinos que cultivan amapola y mariguana en la sierra de Guerrero. Hay que pensar en comisiones de la verdad, en legislaciones adecuadas que respalden procesos de reconciliación y en la reconstrucción de instituciones, sobre todo las que están en función de la justicia.
Ante un esfuerzo orientado hacia la reconciliación y la paz, que implique desarrollo integral sustentable, democracia participativa y una cultura de paz, y que sea sostenido por procesos de esclarecimiento de la verdad histórica y de justicia restaurativa, habrá resistencias y oposición de intereses económicos y políticos poderosos, sobre todo. Se esperarían conflictos, los propios de una transformación social orientada hacia la paz. Hay que pensar a largo plazo. Por eso, yo me conformaría con que el nuevo gobierno pusiera las bases para la paz, que no es sólo seguridad pública, sino el conjunto de condiciones que garanticen los derechos humanos para todos los mexicanos, tanto los individuales como los económicos, sociales, culturales y ambientales y los derechos de los pueblos. No nos tenemos conformar con poco y démosle una oportunidad a la paz en esta coyuntura de entusiasmo ciudadano y de un nuevo gobierno elegido para eso: para construir la paz.