Este fue uno de los temas que mayor debate suscitó entre los legisladores, que dictaminaron la reforma al artículo 3º., de la Constitución Federal publicada el 15 de mayo de 2019, toda vez que en la reforma laboral administraviva punitiva en materia de educación del año 2013, se había creado un Instituto Nacional para la Evaluación del la Educación (INEE), cuyos objetivos y resultados fueron muy cuestionados, como se verá a continuación.
En el dictamen se expuso que: “En el caso del Insituto Nacional para la Evaluación de la Educación, estos dictaminadores, sostenemos que no es compatible con la visión donde se reconoce el derecho a la educación, toda vez que su creación obedeció a factores que buscaban una fuente de legitimación para emprender una política laboral que nada tiene que ver con la mejora de la educacion en nuestro país y que se desvinculó de la obligación dual del Estado a este derecho.” (Dictámen de la Cámara Federal de Diputados qiue reformó el artículo 3º., de la Constitución General de la República, p. 482).
Continuaron exponiendo las comisiones dictaminadoras que: “…conforme a las características…para los organísmos autónomos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no las ha cumplido, así por ejemplo, en cuanto al manejo de su presupuesto, no ha empleado los recuros asignados para cumplir con sus atribuciones y objetivos, pues, el 50 por ciento lo destina a gasto de personal; por otra parte, respecto a su organización la Junta de Gobierno se ha alejado de los actores involucrados en el proceso educativo, sin tomar en cuenta las necesidades del sector y de dichos actores; y en la determinación de la política de su labor sustantiva, el organismo se vale de la información de otras instituciones para llevar a cabo su labor, no evalúa, sino que otros organismos lo hacen como el Ceneval y la propia SEP, lo que implica que se eleven los costos ee esta actividad.” (Dictamen, Ibidem, p. 483).
Concluyeron expresando en el dictamen que: “De esta manera, conciben la creación de un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica, patrimonio propio y no sectorizado, el cual coordinará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, sustentado en tres ejes innovadores que permitan recuperar a este tipo de instancias la legitimidad en la sociedad: la forma de su integración, a este tipo de instancias la legitimidad en la sociedad: la forma de su integración, sus atribuciones que contribuyan a una transformación social, apegadas a los fines del derecho a la educación y con el respeto de todos los actores sociales involucrados, y a la visión prospectiva para el desarrollo de la educación en nuestro país.” (Ibiden, dictamen, p. 484).
En el debate sobre este tema se presentaron argumentos contradictorios, debido a que hubo legisladoras proponían que el nuevo Organismo para la Mejora Continua de la Educación fuese un organo descentralizado, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, cuyos integrantes fuesen propuestos por el Presidente de la República, que no debería tener autonomía presupuestal ni patrimonio propio, debido al anterior INEE había incurrido en actos de corrupción, que debería ser un órgano desconcentrado de la SEP con autonomía técnica y de gestión. (Cfr. Diario de Debates de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ibidem, Año I, segundo periodo, Gaceta Parlamentaria, 23 de abril 2019, anexo V, pp. 3 y 4; Véanse los votos particulares de la diputadas María Chávez Pérez, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Idalia Reyes Miguel de Morena, en contra de que fuese autónomo; otras sostenían que fuese un organo autónomo, en el cual no interviniera el Jefe del Ejecutivo Federal en la designación de sus integrantes, (La diputada María Alemán Muñoz Castillo, del PRI, a favor de que fuese autónomo; La diputada Norma Guel Saldívar, a nombre del grupo parlamentario del PRI, propuso que el Consejo Consultivo del organo del Sistema para la Mejora Continua de la Educación, se integrara por diez personas, de las cuales tres provinieran de asociaciones civiles o de la academia y que tuvieran experiencia o reconocimiento por su actividad educativa, dos del medio empresarial vinculadas con la educación, dos de las asociaciones de madres y padres de familia, y tres con experiencia laboral con reconocimiento del Sistema Educativo Nacional; que durarán dos años en el encargo, con factibilidad de reelegirse. Ibídem, dictamen, p. 81), y otros más proponían que no se aprobara la creación de dicho órgano. (El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del PAN, quien propuso suprimir la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Cfr. Idídem, dictamen, p. 76).

marcialrodriguezsaldana.mx