Existen una gran cantidad de razones por las cuales los partidos de oposición debieran votar en contra de la reforma eléctrica propuesta por el gobierno actual. Sus diputados y senadores y analistas y observadores mucho más calificados que yo, podrán ir describiendo los inconvenientes y las implicaciones que entraña para el país, en los días y las semanas que vienen. Así mismo, los grupos de interés afectados –que desde luego existen: para eso hay leyes, regulación, supervisión y elecciones– cabildearán en contra de la propuesta de López Obrador ya que sus actividades –industriales, comerciales, de exportación incluso financiera– se verán afectadas. Yo quisiera limitarme aquí a un tema.
Algunos lectores se habrán percatado que el 14 de julio pasado, la Comisión Europea lanzó la propuesta Carbon Border Adjustment Mechanism, y cinco días despúes, el 19 de julio, se presentó en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la iniciativa de ley para crear un “arancel de carbono”. La coincidencia fue mera casualidad pero al mismo tiempo refleja un estado de ánimo común y de creciente pertinencia. Quizás se trate de una de las consecuencias más graves para México en el mediano plazo; en el corto plazo se trata seguramente de la violación a contratos existentes y al TMEC que es más grave, y en el largo plazo la incapacidad de generar la electricidad que el crecimiento del país necesita, será la más complicada.
El arancel de carbono básicamente se impondría a importaciones procedentes de países donde la huella energética inscrita en un bien o servicio determinado, es mayor o menor en materia de emisión de carbono. No se trata del producto en sí mismo. Esta diferencia es fundamental. Se puede ilustrar con el ejemplo de la industria automotriz, que podría o no verse incluida en las actividades cuyos productos serían gravables. Hay vehículos que funcionan con pura gasolina o diésel, otros que son híbridos y cada vez más los autos eléctricos que no consumen ningún tipo de energía no renovable. Pero el proceso de producción de estos vehículos es lo que está detrás del arancel de carbono, y eso es lo importante.
En otras palabras, un automóvil eléctrico, producido en una armadora en México, que consume electricidad generada únicamente en plantas de combustóleo, pagaría un arancel de carbono, aunque se trate de un vehículo eléctrico. A la inversa, en teoría, un automóvil que funciona exclusivamente a base de gasolina pero producido en una planta que consume únicamente electricidad generada por fuentes renovables –eólica, hidroeléctrica o solar– pagaría un arancel carbono mucho menor y en su caso casi ninguno.
En teoría, estos aranceles, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea, no se aplicarían a países que hayan celebrado acuerdos de libre comercio con la nación que impone el arancel. Pero en principio, por tratarse de algo de tanta importancia en Estados Unidos y en Europa, este arancel se aplicaría de todas maneras, habiendo o no acuerdos de libre comercio y de supresión de aranceles entre esos países y el país productor del bien o servicio en cuestión.
En otras palabras, con o sin TMEC, con o sin acuerdo de cooperación renovado con la Unión Europea, de aprobarse el arancel de carbono, se aplicaría a México si la huella de carbono de la energía mexicana es la que todo indica que va a ser.
Se podría argumentar que con o sin reforma eléctrica, igual vamos a estar produciendo pura electricidad generada a partir de combustóleo o de ciclo combinado dentro de muy poco tiempo, si no es que no fuera ya el caso. Pero la reforma no solo agudiza este proceso sino que lo “amarra”. ¿Quien en su sano juicio va a querer invertir en parques eólicos o solares en México, después de esta ley con varios tintes retroactivos y retrógradas?
El destino de estas iniciativas de ley es aún incierto. Es posible que no prosperen o que tarden mucho tiempo en aprobarse. Si no sucediera antes del final de este sexenio en México, pues se podría hacer una tercera reforma eléctrica para derogar las peores características de ésta. Así podríamos quizás aportar una nueva contribución a la formulación de las políticas públicas y de las legislaciones en el mundo: hacer una reforma energética por sexenio, de la misma manera que hacemos una reforma electoral por sexenio y que utilizamos membretes diferentes cada sexenio e insignias diferentes para cada administración. Sería una excelente manera de volvernos más eficientes, imaginativos y hasta originales. ¿Qué país puede presumir que cambia de legislación energética cada seis años?