EDITORIAL

Era difícil pensar que la acción penal por el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta fracasara tan rápidamente, pero así sucedió. Era difícil esperar que las autoridades locales, con los reflectores del país encima, incurrieran en graves deficiencias en el caso, pero así sucedió.

Poco después del crimen, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal sostuvo que el joven murió en un enfrentamiento a tiros entre policías de la entidad y los ocupantes de una camioneta en la que iba Gómez Peralta. Esa versión la repitió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia, con base en el reporte inicial.

Más tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) desmintió esa versión e informó que investigaba por homicidio doloso a policías estatales. López Obrador también cambió su relato, dijo que el normalista nunca disparó, que fue asesinado y que los agentes estaban detenidos en Guerrero, pero “a disposición de la Fiscalía General” de la República.

Este martes el presidente expuso el sorpresivo giro de que el presunto responsable del homicidio “se fugó”.

La SSP informó que no hubo tal fuga, que los tres policías que participaron en los hechos declararon de manera voluntaria ante la FGE, pero “hubo dilaciones que obedecieron a la negativa de la Fiscalía en recepcionar (sic) la puesta a disposición”.

Agregó que dos de los policías estaban “resguardados de manera voluntaria administrativa” y un tercero estaba sin localizar, “por no tener una situación jurídica dictada”.

Es decir que no hubo fuga, porque no hubo consignación ni había órdenes de aprehensión. Al parecer, el tercer policía –el que presuntamente mató al estudiante– declaró y salió de la FGE como cualquier persona en libertad.

En esta nueva espiral de versiones sesgadas y desmentidos, la FGE aseguró que “en ningún momento” tuvo como detenidos a los policías, “por lo que deberá de aclararse qué autoridad” los tuvo en custodia.

Y entra el secretario de Gobierno de la administración de Evelyn Salgado a decir que sí se puso a los tres policías a disposición de la Fiscalía estatal. Posición que Ludwig Marcial Reynoso Núñez anduvo divulgando en diversos medios continuando el diseño de ocultamiento iniciado la madrugada del viernes, unas horas después del asesinato de Kothan, en la conferencia de prensa en que validó la versión de que los policías solamente repelieron una agresión armada de los ocupantes de una camioneta robada.

Esta competencia de acusaciones e irresponsabilidad ha llevado a López Obrador a difundir versiones falsas en dos ocasiones en apenas cuatro días. Ni el normalista murió tras un enfrentamiento a balazos en un inexistente retén de vigilancia, ni los policías implicados estaban a disposición de la “Fiscalía General”.

El desastre de las autoridades de Guerrero ha pulverizado la investigación, que ya estaba dañada por la contaminación de la escena, el traslado irregular de la camioneta, principal elemento de prueba y la probable “siembra” de objetos como un arma y posible droga.

La Fiscalía General de la República atrajo el caso, pero más bien parece que atrajo un cúmulo de posibles ilícitos, falsedades, omisiones y complicidades que han pavimentado el camino de la impunidad.

Es muy difícil suponer que habrá una pesquisa apegada a derecho y que el o los presuntos responsables del crimen serán llevados ante un juez y sometidos a debido proceso. No al menos con las actuales autoridades.

La memoria trae de inmediato antecedentes igualmente estremecedores.
El 28 de junio de 1995, durante el gobierno de Ernesto Zedillo y el mandato en Guerrero de Rubén Figueroa Alcocer, policías estatales dispararon en el vado de Aguas Blancas contra campesinos desarmados, que en dos camionetas iban rumbo a Atoyac, con resultado de 17 muertos y 21 heridos.

La versión inicial fue que primero abrieron fuego los campesinos, pero con el tiempo pudo precisarse que no fue así: los agentes los ejecutaron.El caso fue tan controversial y causó tanta indignación la masacre de 17 campesinos que la Suprema Corte tuvo que recurrir a sus facultades de investigación y nombró a una comisión para esa tarea. Los dos ministros asignados demostraron en un histórico informe que hubo “siembra” de armas entre las víctimas y que, a sólo dos horas de los hechos, autoridades locales “empezaron a crear una versión artificial”.

Los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios concluyeron que, para torcer los acontecimientos, se manifestó “la cultura del engaño, la maquinación y la ocultación” y recomendaron una investigación contra altos funcionarios del estado, empezando por el gobernador. Figueroa se vio obligado a solicitar licencia definitiva al cargo, pero la pesquisa nunca ocurrió.

Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, en el gobierno de Enrique Peña Nieto y el mandato estatal de Ángel Aguirre Rivero, ocurrió en Iguala el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, con la consecuencia de tres asesinados y 43 desaparecidos. El caso estremeció al país y al mundo, que miraron ahí el extremo al que había llegado la violencia, el flanco más débil del Estado mexicano, y la ausencia de derecho.

Aguirre también pidió licencia. Las primeras diligencias derivaron en lo que el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, llamó la “verdad histórica”, cuya falsedad quedó demostrada ya en el gobierno actual, tras la investigación encabezada por una fiscalía especial y la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

López Obrador ofreció al principio de su mandato concluir la investigación, pero todo indica que no cumplirá su oferta. En cambio, está empeñado en una campaña contra los padres de los 43 normalistas desaparecidos, con el pretexto de que no confía en sus abogados, estrategia que emprendió luego de que fueron desmanteladas el conjunto de instancias oficiales y auxiliares que avanzaron en el esclarecimiento de los hechos hasta que se estrellaron con la negativa de la Secretaría de la Defensa a entregar información de inteligencia, que los investigadores consideran clave en el caso.

Ahora, en la agonía del sexenio obradorista, bajo la gestión de la gobernadora Evelyn Salgado, y toda proporción guardada, el crimen del joven Gómez Peralta es un recordatorio de que nada parece haber cambiado en las últimas tres décadas en Guerrero, bajo distintos gobiernos estatales y federales, en el uso faccioso y arbitrario de las instituciones de seguridad y justicia y el desprecio a la Constitución y las leyes.

En su informe sobre la matanza de Aguas Blancas, los ministros Castro y Castro y Román Palacios escribieron: “Tan importante como los acontecimientos concretos y lesionantes del vado de Aguas Blancas, resulta el manejo público oficializado de los mismos. Es ahí donde aparece como sumamente preocupante para la sociedad mexicana la persistencia en incurrir en una política de falta de ética, de ocultamiento, de engaño y de desprecio a la propia sociedad por parte de quienes son elegidos o designados precisamente para defenderla y servirla”.