La orden para que Morena retire un anuncio (spot, le dicen en perfecto espanglés) parece basada menos en la ley que en el odio que suscita López Obrador entre las fuerzas del orden. Además, hay varios puntos que merecen una explicación de quienes deben darla, que son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Para empezar, se entiende que si el citado Tribunal emitió una sentencia, a los órganos del INE no les queda más que acatarla y llevarla a la práctica. Por eso sorprende que la Comisión de Quejas del Instituto haya puesto el asunto a votación. ¿Significa eso que si la votación hubiera sido adversa no se acataría la decisión del Tribunal?
Otra cosa absurda es que el sancionado tenga que enviar al INE “prueba del cumplimiento de lo ordenado por la Comisión de Quejas en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su realización”. Es absurdo, porque es el INE, no el sancionado, el que ordena a los concesionarios de radio y TV emitir los anuncios o, como en este caso, no hacerlo.
Pero lo central, sin embargo, es que resulta sospechoso que al líder de un partido se le prohíba emitir juicios sobre el gobierno y exponer a la sociedad lo que se propone hacer de llegar al poder. Además, en cualquier democracia digna de ese nombre resulta inaceptable que un órgano de gobierno –el TEPJF lo es– decida cuándo el líder de un partido habla por la organización que representa y cuándo lo hace de manera personal, sin citar las disposiciones de ley en que se apoya su veredicto.
Frases como “no quieren que se escuche mi voz”, “me quieren borrar”, etcétera, es algo que puede decir el abanderado de cualquier partido del mundo, incluso con “protagonismo evidente”, pero que aquí es motivo de sanción, aunque sin apoyo legal. Si Andrés Manuel López Obrador menciona el año 2018 es porque él y sus seguidores, de triunfar en la elección de ese año, venderán –dicen– el flamante avión presidencial. Si menciona el 2018 es porque será entonces cuando habrá elecciones y se supone que él espera que gane Morena y que esta vez sí le reconozcan el triunfo, aunque esto último ya cae más que nada en el campo de los sueños, lo que tampoco es ilegal. Malo si hubiera dicho que el avión de marras lo vendería en 2017, sin disponer de facultades para hacerlo, y aun así…
El Tribunal Electoral deberá aclarar a la ciudadanía –y en primerísimo lugar a los funcionarios del INE– si a partir de ahora queda prohibido que los dirigentes de un partido, el que sea, hablen del proyecto de nación que encabezan y representan. Tendrá que poner en claro si los programas partidarios son para exponerse al público o simplemente para ser presentados a la autoridad al momento de solicitar registro. Más aún; deberá aclarar si es válida la competencia electoral y si cabe hacer la crítica de otros partidos, de las actuales autoridades y de sus decisiones, como esa de adquirir un costosísimo avión presidencial en un país con 60 por ciento de pobres.
Las decisiones del Tribunal Electoral federal son inapelables. No hay autoridad a la que pueda recurrirse en caso de un fallo tan escandaloso como éste de amordazar al dirigente de un partido. Hasta donde entendemos, ni siquiera el pleno de la Suprema Corte puede enmendarle la plana a las arbitrariedades del TEPJF.
Por supuesto, en materia electoral no hay decisiones inocentes. Con la sentencia del Tribunal se allana el camino para nuevas y peores arbitrariedades. Es obvio que López Obrador está en campaña, lo ha estado desde hace muchos años, pero otros políticos también lo están, como el dirigente del PAN o el del PRI, porque es su derecho proyectar su figura y sus ideas frente a los mexicanos.
Y si se trata de ponerse exigentes, varios miembros del gabinete andan en las mismas. ¿O acaso creen los señores magistrados que cuando Aurelio Nuño se deja retratar con niños no lo hace con fines políticos, con la intención de proyectar su figura? Y si Videgaray dejó de ser el Delfín y aparece menos en las fotos, para bien de la patria, no ha sido por falta de ganas, sino por exceso de fallas. Esos funcionarios y otros andan en campaña, pero sería absurdo que el TEPJF les prohibiera hacer declaraciones o aparecer en público.
Como es obvio, otra vez las fuerzas del orden hacen crecer a López Obrador, aunque luego no encuentren cómo pararlo y recurran al manoseo electoral. Sus enemigos no aprenden.