El gobernador Héctor Astudillo ha convocado a los poderes Legislativo y Judicial, y a los presidentes municipales a firmar un pacto con el fin de afrontar la crisis de violencia y de inseguridad que no para en el estado. En el contexto del segundo informe de gobierno en el que hizo un reconocimiento explícito de la complejidad de la crisis de seguridad que priva en Guerrero, el gobernador plantea esta alternativa: un Pacto por la Seguridad. El pacto es visto como una herramienta política que dé eficacia a la intervención de todas las autoridades, asegurando su coordinación y su responsabilización, de acuerdo con las facultades previstas en la ley para cada una de ellas.
Se trataría de un pacto político en el cual todas las autoridades se alinearían, ejerciendo las facultades propias de cada cual, haciendo causa común para erradicar la violencia. Este pacto trae a la memoria el Pacto por México en el ámbito federal cuando los tres mayores partidos políticos hicieron causa común para sacar la agenda del presidente Peña Nieto, sobre todo las llamadas reformas estructurales. Y, de plano, este pacto no dejó tan buena memoria en la sociedad.
Me imagino que el gobernador Astudillo se siente solo y sin la sinergia de legisladores, magistrados y alcaldes. Y su promesa de “orden y paz” la ve cada día más lejana, tal vez como una promesa fallida, como una propaganda electoral que ahora resulta incómoda. El caso es que se ha dado cuenta que no tiene las condiciones necesarias para empujar su combate contra la delincuencia organizada y que requiere de toda la fuerza política posible.
Este pacto es, a todas luces, insuficiente y estéril, según la experiencia que hemos tenido en los últimos años. En primer lugar, porque excluye a la sociedad como tal. Se trataría de un pacto prisionero de los juegos de poder, en donde son los intereses de cada actor político los que van a ponerse en negociación para armar un acuerdo que convenga a todos ellos. Sería un pacto, como pasó en el Pacto por México, en el que fueron las agendas de los partidos políticos las que determinaron sus términos y sus resultados. Sería un pacto a la medida y a la conveniencia de quienes están en el poder, que dejaría en un segundo plano o, incluso fuera, los legítimos intereses del pueblo.
Un pacto así, definitivamente, va al fracaso. Sería un embrollo más y una frustración más para el pueblo de Guerrero.
Se requiere un pacto incluyente en el que participe la sociedad como tal. Y no de manera tangencial o simulada, sino real y efectiva. La paz en Guerrero requiere de la colaboración de todos. Todos los actores y sectores de la sociedad tienen algo que decir, algo que proponer y algo qué hacer. Se requiere incorporar a las diferentes sensibilidades y visiones de la realidad. Tendría que pensarse en un gran esfuerzo de diálogo en el que todos nos escuchemos los unos a los otros. Sobre todo, tendríamos que escuchar a las víctimas, sean familias, comunidades o pueblos enteros que han sufrido las diversas formas de violencias, desde asesinatos y desapariciones hasta extorsiones y desplazamientos forzados.
Hay que escuchar las voces de Chilapa, de Chilpancingo y de Acapulco, también las de la Tierra Caliente, las de la Montaña, las de la Sierra y las de las demás regiones. ¿Quiénes mejor que las víctimas conocen la realidad que les está quemando? El gran problema es que no se les ha escuchado. Y de manera sistemática. Hay que escuchar también a los científicos, a los académicos y a los expertos. También a estas voces suelen ser alérgicos los oídos de muchos políticos, que solamente le dan paso a sus ocurrencias y a sus intereses. Quienes debieran escuchar con más interés debieran ser las autoridades. Que hablen menos y escuchen más. Así, los gobiernos estarían en condiciones de tomar decisiones de cara a la sociedad y no a sus espaldas. Y se equivocarían menos y atinarían más.
Ya no estamos para más experimentos dejando que la clase política decida sola por nosotros. Es necesario que tomen buenas decisiones, pero que nos escuchen y cuenten con nuestra participación y nuestra colaboración. A menos que decidan seguir simulando con pactos a modo. Un ejercicio de escucha seria y responsable vinculado a la apertura de espacios de participación social, le daría al gobierno un margen de credibilidad y de eficacia.