En su segundo informe anual de gobierno, Héctor Astudillo Flores, convocó al Poder Legislativo, Judicial y a los presidentes municipales de Guerrero, a firmar un pacto por la seguridad, para, de nueva cuenta, intentar enfrentar con mayor eficacia la violencia que predomina en estas tierras del sur. Hacerlo entre poderes y gobiernos de Guerrero es redundante. Es deber y responsabilidad de ellos, por encomienda libremente aceptada, combatir la delincuencia e inseguridad que nos aquejan. Para eso voluntariamente participaron en los comicios y por eso fueron electos: para enfrentar lo que se hereda y lo que se sigue generando, sin eludir responsabilidades. Lo mismo acontece con la instancia federal, que tampoco, por sí misma, ha podido frenarlas.
El pacto dejaría de ser ficto y elemento distractor si también contemplara la participación de la sociedad organizada, en específico: policías comunitarios indígenas, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y religiosas, gremios, empresarios, centros de educación superior, pueblos indígenas, etcétera, quienes padecen directamente el flagelo interminable de la violencia.
Para que el pacto por la seguridad de Guerrero pueda tener visos de veracidad, certidumbre y eficacia, el convocante debe estar revestido de la suficiente autoridad moral y política para encabezarlo. Es menester que el gobernador predique con el ejemplo y empiece a dar los primeros pasos concretos sin necesidad de la firma de referencia. Haciendo uso de sus facultades formales y de facto; tiene que recuperar la confianza ciudadana perdida en su gobierno. Sobre todo, cuando la ciudadanía muestra suma incredulidad y hartazgo ante la enésima estrategia que sobre seguridad se pretenda implementar a partir del susodicho pacto.
Sería poco creíble al pueblo la convocatoria gubernamental, si antes no libera a los presos políticos indígenas de la CRAC-PC de la región de la Montaña. Mantenerlos recluidos en la cárcel y no haber respetado el debido proceso legal es factor que contribuye al resquemor social. Patentiza la ilegalidad que revisten todavía ciertos actos gubernamentales.
Otro acto que está en sus manos realizar sin pacto alguno, es indicarle a la Fiscalía estatal que termine, de una vez por todas, la investigación a fondo del suceso protagonizado por policías federales, presuntos asesinos de dos normalistas de Ayotzinapa, en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011. Similar es el caso del crimen del diputado local Armando Chavarría, en el tercer cuarto del año 2009, en donde la Fiscalía estatal no sólo se ha vuelto omisa, sino posiblemente encubridora, al señalar como posible culpable intelectual al ERPI, cuando todos los indicios que tiene en su poder señalan que no fue así. O el asesinato irresoluto del joven maestro y luchador social Antonio Vivar Díaz, presuntamente a manos de un policía federal, en la colonia Tepeyac, en la región de la Montaña, el 7 de junio del 2015.
Sería baladí que nos dijera el gobernador Astudillo la reiterada y socorrida refutación de que el fiscal estatal goza de autonomía en sus acciones, cuando es de todos sabido que él, haciendo uso de su poder de facto, fue quien realmente lo designó, por medio de la fracción mayoritaria de diputados locales del PRI, de la cual es el jefe político. Aseverar lo contrario es entrar en el mundo de la simulación política formal que se practica desde siempre en Guerrero y que tanto daño ha causado funcionar a doble cara.

PD1. El Frente Ciudadano por México inicia sus foros temáticos para recabar las propuestas de la sociedad en Chilpancingo, el próximo martes, en el salón Diamante, abordando el tema Buen Gobierno, Transparencia y Rendición de Cuentas.

PD2. ¿Por qué se empeña López Obrador en destrozar la democracia interna de su partido, Morena? ¿Quiere ser el émulo del padrecito Josif Vissariónovich?

PD3. El PRI, a través de José Antonio Meade ya dijo que, en el próximo sexenio, ¡Más de lo mismo! Entonces yo digo: ¡Sálvese quien pueda!