La declaración pública de la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda en el sentido de que no habrá pactos con los grupos criminales, pone el dedo en la llaga de los altos niveles de violencia que el estado de Guerrero ha sufrido en los últimos 15 años, debido, en parte, a las relaciones oscuras entre la clase gobernante y las bandas criminales, desde las locales hasta los grandes cárteles del narcotráfico. La corrupción en la administración pública y en las decisiones políticas siempre ha sido un factor decisivo para el desarrollo del crimen organizado, con todas sus secuelas de violencia.
El narcotráfico y todas las formas de delincuencia organizada siempre han buscado el respaldo del poder público, según sus necesidades, y para ello hacen valer pactos formales o informales con las instancias públicas del Estado que les faciliten sus operaciones criminales. Y las buscan en los tres poderes del Estado y en las esferas federal, estatal y municipal y, aún, la local.
Estos pactos se suelen hacer, de acuerdo con las circunstancias y las coyunturas políticas, de variadas formas. La colusión es una de esas formas, y consiste en los acuerdos que se dan entre criminales y autoridades en los que cada una de las partes recibe beneficios de las acciones criminales. La cooptación es otra forma que suele darse, cuando la parte criminal logra “comprar” o imponer alguna autoridad para beneficiarse, mientras que la sumisión, que suele ser muy común en los municipios y en las localidades, se da cuando una banda criminal impone sus reglas a la autoridad constituida y la obliga bajo amenazas a favorecer o apoyar operaciones ilegales. También hay que incluir la omisión como una forma de pacto, cuando la autoridad renuncia a cumplir sus obligaciones y deja el espacio libre a los grupos criminales.
Estos tipos de pactos le imprimen un carácter mafioso al Estado y a sus instituciones, distorsionando su naturaleza y su función. Se da una especie de simbiosis en la que la línea de separación entre el Estado y la delincuencia organizada llega a desaparecer. En estas condiciones, ya no podemos esperar del Estado una orientación hacia el bien común, que queda averiada por intereses ilegítimos e ilegales. Esta situación lleva, paulatinamente, hacia la ingobernabilidad, cuando algunas áreas del Estado funcionan al margen de la ley y algunos territorios quedan a merced de las bandas criminales.
Es seguro que ha habido y sigue habiendo pactos en diversos espacios del gobierno como en los municipios, que están es condiciones de vulnerabilidad, la que facilita el que sean sometidos por los delincuentes. Lo mismo hay que decir de las comisarías municipales en las comunidades rurales, que viven en desamparo e indefensión.
No pactar o romper pactos, esa es la gran cuestión que hay que resolver, que no es asunto sólo de voluntad política, sino que implica una serie de condiciones para que sea posible y viable. Es ahí donde se necesita la imaginación política y la creatividad social. Y creo que es posible cuando hay un sólido pacto entre el gobierno y el pueblo, en donde ambos se respaldan y se acompañan para ir desmontando el carácter mafioso de las instituciones del Estado que lo requieran.
Para que esto suceda, el gobierno necesita de la confianza de la población, cosa muy difícil de lograr por todos los antecedentes de años pasados. La población necesita sentirse escuchada y atendida, como condición para generar su confianza en el poder público; además tiene la imaginación para encontrar caminos para la seguridad y para la paz. De ahí que una gran tarea del gobierno sería la de escuchar a la gente, pero no como una simulación, sino tejiendo acuerdos y haciendo procesos de cambio. Los gobiernos tienen que reconciliarse con los pueblos si en verdad quieren zafarse de las bandas criminales. No pueden estar con los narcotraficantes y con las comunidades.
Creo que el nuevo gobierno estatal tiene la oportunidad de poner las bases para recuperar todas las instituciones del Estado y para construir relaciones de confianza con las comunidades. Y una de las tareas específicas para lograrlo sería romper los pactos que haya en la trama del poder público, ya estatal o federal, ya municipal o comunitario. O, en su caso, ya no permitir nuevos pactos. Eso significaría un saneamiento del poder público, que deberá estar orientado específicamente hacia el bien común. Las intenciones expresadas por la gobernadora electa tienen que ser operadas con mucha sabiduría política para que puedan prosperar, pues necesitamos un Estado sano que acompaña a una sociedad fuerte.
El horizonte último de desterrar pactos con los criminales es la seguridad de todos y la construcción de la paz, que requiere la colaboración entre gobierno y sociedad. El gobierno solo es incapaz para lograrlo. Es la sociedad la que tiene en sus manos la posibilidad de empoderarse (poder social) para ayudar al Estado a recuperarse a sí mismo y a construir la paz que tanto necesitamos.