Hace unos días, doña Olga Sánchez Cordero anunció que el gobierno de Morena promoverá una reforma constitucional para que la educación universitaria sea gratuita. Lo dicho por la futura secretaria de Gobernación, quien fuera durante 20 años ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sorprende y alarma, pues la fracción IV del artículo tercero de la Constitución dice claramente que “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”, toda, incluida la educación superior.
Lo dicho por la señora Sánchez Cordero resulta en extremo delicado, pues supone que era y es constitucional el que las universidades públicas cobren la educación de una u otra manera. En la UNAM, para no ir más lejos, los alumnos debían pagar 200 pesos por la inscripción anual. Desde luego, no faltará quien diga que 200 pesos no son nada por el privilegio de estar en la máxima casa de estudios, pero lo cierto es que para las familias que perciben menos de ocho mil pesos mensuales esos 200 pesos son la diferencia entre comer o no comer.
Las devaluaciones redujeron drásticamente el valor de aquellos 200 pesos y desde luego no faltaron voces que demandaron elevar el pago a los alumnos. Pasando sobre lo dispuesto por la Constitución, en 1999 el Consejo Universitario aprobó un reglamento de cuotas que le costó a la institución una huelga de casi un año, la que terminó al entrar miles de policías al campus y con la renuncia del rector que pretendió imponer las tarifas irresponsablemente acordadas.
En otras universidades públicas la disposición de nuestra Carta Magna es letra muerta, pues llegan a cobrar por inscripción y colegiatura cantidades cercanas a las que exigen las universidades privadas. De ahí que el anuncio de la señora Sánchez Cordero haya causado cierta desazón entre los rectores, pues la mayoría de nuestras universidades públicas vive en la inopia y no pocas suelen tener un manejo escasamente pulcro de sus recursos, como lo reveló el descubrimiento de la “estafa maestra”, operación mediante la cual, en 2013 y 2014, la Sedatu y la Sedesol usaron a varias casas de estudios para triangular recursos que nadie sabe dónde pararon.
De modo que es ociosa una reforma a la Constitución para hacer gratuito aquello que ya está dispuesto, aunque no se cumpla. Más bien, el riesgo es que al reformar el artículo tercero se intente colar una redacción que prive a los jóvenes mexicanos con aptitud del derecho a tener educación superior pagada con los impuestos de la sociedad.
Pero de buenas intenciones están sembrados los panteones, como es el caso de una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que es la apertura de cien nuevas universidades, con el noble propósito de ampliar las oportunidades de estudio para los jóvenes, aunque habría que analizar si se trata de un proyecto conveniente y viable para el país.
Por principio, cabe señalar que hoy un título universitario está lejos de ser el pasaporte a un mejor nivel de vida, pues ya no garantiza el ascenso social ni la obtención de un empleo adecuadamente remunerado. En esa condición, antes de pensar y gastar en la apertura de cien universidades, quizá sea mejor buscar otras opciones para la juventud, pues en ninguna parte la educación superior es para las mayorías, y no necesariamente por motivos antidemocráticos, sino simplemente por aptitudes, pues no todos servimos para todo.
Lo que sí resulta urgente es abrir para los jóvenes otras opciones, tanto educativas como laborales. El pacto del gobierno con el sector patronal para dar lugar en las empresas a muchachos como becarios obedece a una visión más amplia que esta de las cien nuevas universidades. Los expertos en educación tendrán que elaborar y proponer la capacitación en nuevas especialidades que demande la realidad económica, porque de nada servirá formar cuadros destinados a desempeñarse en áreas saturadas o sin futuro.
Una tarea urgente es elevar el nivel académico de las actuales universidades, adecuar planes y programas de estudio y profesionalizar la planta magisterial, pues hoy el grueso del profesorado universitario trabaja “por horas”, pues no es de carrera.
Por supuesto, cualquier proyecto para dar alternativas a la juventud debe partir de la terrible realidad de hoy y de las posibilidades que vaya abriendo una nueva política económica, con mayor inversión pública y privada. Se trata de darle a México los cuadros que necesita hoy y que demandará mañana.