América Latina es la región del mundo donde la defensa del medio ambiente se paga más caro. La mayor parte de las veces con la vida. Colombia y México se han convertido desde hace tiempo en los países más letales para los pueblos, comunidades, colectivos y personas que resisten para evitar el saqueo de sus territorios. Tan sólo durante 2021, 25 personas defensoras fueron asesinadas en México por sus actividades. La organización ambiental Global Witness confirmó, en su informe de septiembre de 2022, que México es ya el país más peligroso para estas resistencias.
El más reciente reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda, 2022) arroja también cifras deplorables sobre la riesgosa situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales en el país. La protección y la justicia de parte del Estado mexicano para estos casos de intimidación, persecución y homicidios es prácticamente nula. Incluso, desde la tribuna presidencial se les ha llamado “pseudoambientalistas”. Pero, en general, salvo que toque los intereses de megaproyectos neoliberales de este gobierno –como el mal llamado Tren Maya o el Corredor Interoceánico–, los asesinatos de ambientalistas ni siquiera han sido un tema que le inquiete a la presente administración federal, enajenada y perdida como está en un proceso de campaña electoral partidista desde hace al menos un año.
Este es el dato que no se dirá en las conferencias matutinas del presidente: 82 ambientalistas o defensores ambientales han sido asesinados por sus actividades durante el sexenio de AMLO, según cifras del Cemda.
Y hay que señalarlo también con todas sus letras: muchos de estos ataques y crímenes contra pueblos y personas en resistencia por defender sus territorios y recursos naturales, han ocurrido lo mismo en torno a proyectos extractivistas de empresas extranjeras, como a las obras de los megaproyectos faraónicos de la llamada Cuarta Transformación.
Veinticuatro asesinatos y 197 agresiones convirtieron tan sólo al pasado año 2022 en el más peligroso para los defensores ambientales. Siete de éstos fueron casos de ejecuciones extrajudiciales con participación directa de agentes del Estado.
En total, las agresiones y homicidios en contra de quienes están en la lucha por la defensa de los recursos y el territorio se han disparado con absoluta impunidad desde 2017, año a partir del cual las escalofriantes cifras se estancaron en una meseta: 2018 con 21; 2019 con 15; 2020 con 18; 2021 con 25, y 2022 con 24.
Del total de las 582 agresiones que documenta el Cemda en su último informe, los niveles y tipos de violencia contra personas y comunidades defensoras, entre otros, se dividen de mayor a menor incidencia en estos rubros y en este orden: 148 casos de intimidación; 116 de hostigamiento; 64 amenazas; 43 de criminalización o estigmatización pública desde el poder; 17 de desalojo forzoso; 7 de desaparición forzada; 7 de ejecución extrajudicial.
En cuanto a las entidades federativas donde han ocurrido estos hechos, el reporte desagrega a Oaxaca como el principal estado donde los defensores son agredidos, con 34 casos. Luego está Ciudad de México, con 27. Y las entidades con mayor incidencia que siguen son Jalisco, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán y Puebla, entre los principales.
Otro dato esclarecedor sobre contra quiénes va dirigida esta violencia: 42 por ciento de las agresiones ha sido focalizado contra miembros de las comunidades en resistencia; 52 por ciento del total es parte de los pueblos indígenas, de éstos los zapotecos y nahuas son los más agredidos; 32 por ciento del total de las víctimas pertenece a organizaciones civiles.
Al tratarse de pueblos y comunidades, al momento de desagregar los casos por género, el reporte de Cemda muestra que 56.9 por ciento de los ataques ha tenido como blanco por igual tanto a varones como mujeres en situación de defensa.
El rubro extractivista que genera mayores actos de violencia y asesinatos contra comunidades y defensores es la minería, con 19.8 de los casos. Mientras que la mayor parte de los agentes que cometen estas agresiones pertenece al gobierno mexicano, con 45 por ciento de los casos. En tanto que 20 por ciento lo perpetran el crimen organizado y paramilitares.
Del gobierno más deshumano de las últimas décadas encarnado en la llamada Cuarta Transformación sólo cabe esperar indolencia ante este infierno de homicidios contra defensores. Basta recordar que, luego del asesinato de la defensora Patricia Rivera Reyes en Tijuana, Baja California, en marzo del 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un ignominioso libelo contra las y los defensores del medio ambiente titulado “¿Dónde estaban los psuedoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación del sureste de México?”.
Sin palabras.