“No estamos en guerra”. Es la frase esquizoide que repiten en México diariamente los gobiernos de todos los niveles. Como si una simple enunciación pudiera borrar las fosas y a los desaparecidos.
El índice de conflictos y violencia política 2025 de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés) coloca a México en el nivel de riesgo “extremo”: cuarto lugar mundial, tan sólo detrás de Palestina, Myanmar y Siria. El detalle es todavía más aterrador: octavo lugar en letalidad; segundo en peligro para civiles; tercero en fragmentación de grupos armados. Además de una violencia capaz de extenderse y mutar como una mancha de aceite sobre el mapa. Los grandes conflictos del planeta tienen trincheras visibles; el nuestro tiene rutas, cobros, colusiones con los gobiernos y fuerzas armadas, paramilitares, desaparecidos, extorsiones y una administración cotidiana del terror de parte del necrogobierno.
Lo que la ACLED describe con indicadores fríos, aquí se vuelve una meteorología diaria del miedo. El “país sin guerra más peligroso del mundo” no es un simple titular cada vez más común: es una forma de organizar la vida cotidiana. Y esa forma de vida tiene una consecuencia directa sobre las libertades. Si se mata para controlar territorio, también se mata para controlar el relato. No basta con dominar una calle, hay que dominar lo que se cuenta de esa calle desde las conferencias matutinas.
En ese paisaje, el periodismo funciona como un testigo incómodo. Y el testigo, en México, suele ser prescindible, desechable. Desde el 1 de octubre de 2024 –inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum– Artículo 19 ha documentado ocho asesinatos de periodistas y personas comunicadoras en posible relación con su labor. Ocho nombres para un año y fracción. Mauricio Cruz Solís fue asesinado en Uruapan, Michoacán, tras entrevistar al alcalde. Patricia Ramírez González, Paty Búnbury, fue asesinada en Colima. Calletano de Jesús Guerrero, en el Estado de México. Alejandro Gallegos de León, en Tabasco. Kristian Uriel Martínez Zavala, en Guanajuato. Raúl Irán Villarreal Belmont, también en Guanajuato. Ángel Sevilla, en Sonora. Miguel Ángel Beltrán Martínez, en Durango.
Pero incluso este conteo no es un consenso y allí aparece una segunda capa de violencia: la disputa de criterios y narrativas desde el poder. Hay organizaciones que sólo incluyen casos con móvil confirmado por la labor periodística; otras incorporan comunicadores locales, administradores de páginas web noticiosas, trabajadores de medios o casos donde el móvil sigue “en investigación”. Esa diferencia metodológica no es un pleito académico; es una pólaroid de una impunidad que convierte el asesinato en una duda permanente y administrada, lo que lleva a una revictimización de cada caso. Cuando no se investiga, el crimen se disuelve en un expediente y la verdad se vuelve un trámite. El efecto es perverso. Cada comunicador asesinado queda atrapado en un nuevo silencio: el silencio de la burocracia.
Por eso conviene mirar el cuadro completo. La Universidad Iberoamericana –retomando el balance de Reporteros Sin Fronteras– recuerda que en 2025 fueron asesinados nueve periodistas en México y que, sin guerra declarada, el país se sostiene como el segundo más mortífero del mundo para la prensa. A esos nombres habría que sumar, en listas más amplias, a comunicadores asesinados en Guerrero, Puebla o Quintana Roo, y a quienes trabajan con una cámara o un celular en mano y terminan atrapados en la misma lógica: la violencia como lenguaje dominante, la impunidad como institución informal, el terror como política pública de facto.
Y la historia larga es aún peor. Artículo 19 documenta 175 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000, en posible relación con su labor, y distribuye la cifra por sexenios como una contabilidad del fracaso o de la complicidad: 48 en el de Felipe Calderón; 47 en el de Peña Nieto; 47 con López Obrador; y ocho ya en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. Si cada gobierno hereda la violencia, entonces el Estado no es sólo incapaz de detenerla: ha aprendido a convivir y a lucrar con ella.
No se trata únicamente de agresiones, hay un desgaste previo contra los comunicadores. El descrédito, el odio, la precariedad, la estigmatización desde las conferencias presidenciales. Según datos citados por la propia Ibero, una mayoría del gremio reporta discursos de odio y campañas de deslegitimación. Se erosiona primero la credibilidad del periodista, se le aísla, se le vuelve “enemigo”. En un entorno donde la ACLED coloca a México como uno de los escenarios más graves del planeta para civiles, esa secuencia es parte del mecanismo: deshumanizar antes de eliminar.
Así que la pregunta no sería cuántos periodistas asesinados van o cómo se cuentan, sino qué país se construye cuando decir la verdad es un trabajo de alto riesgo y cuando la categoría “sin guerra” –pero con coches bomba y drones con bombas– funciona como coartada. Tal vez nuestra derrota cotidiana sea ésta: acostumbrarnos a enumerar asesinatos para abrir una columna de opinión más y cerrar la página como si nada ocurriera.
No hay democracia posible con un periodismo que vive en la incertidumbre. Mientras el país siga manteniendo un “riesgo extremo” para los cuerpos y para la palabra, la violencia seguirá gobernando la realidad.