Quizás tuvo razón Obama al decir que el problema con el escándalo de los Panama Papers podía ser que todo fue legal. Se refería al caso de grandes empresas estadunidenses, como Apple, que desde hace años ubican sus ganancias en llamados paraísos fiscales o, en todo caso, en países donde pagan menos impuestos que en Estados Unidos, llevando a cabo una elusión fiscal, perfectamente legal, pero que le cuesta mucho al erario: menos dinero para educación, salud, investigación, infraestructura y las fuerzas armadas. Pero Obama, por lo menos reflexionó sobre el asunto e invitó a la sociedad de su país a conversar sobre ello.
En México no es el caso. El presidente Enrique Peña Nieto no nos ha invitado a tener una conversación sobre el verdadero dilema de los mexicanos en los Panama Papers: que, en muchos casos, si no es que en todos, haya sido perfectamente legal lo que hicieron.
Me explico. Yo no tengo la menor idea de si los 100 millones de dólares con los que Juan Armando Hinojosa abrió su fideicomiso, vía Mossack Fonseca en Panamá y ubicado, si no me equivoco, en Nueva Zelanda, sean bien habidos o no. Tampoco sé si pagó, él o los beneficiarios del fideicomiso, el ISR sobre las ganancias antes y después de estacionarlos en el paraíso fiscal. No es aberrante pensar que lo haya hecho todo conforme a la legalidad vigente en México. El problema consiste en saber de dónde un contratista de dimensiones modestas hace 10 años, dispuso sin mayores complicaciones de 100 millones de dólares líquidos, al mes y medio de estallar el escándalo de la Casa Blanca, y ubicar esa fortuna fuera de la jurisdicción del fisco mexicano, de la PGR, de la supuestamente autónoma subfiscalía contra la corrupción que algún día verá la luz, de los medios de comunicación y del Congreso mexicano. ¿De dónde saca tanto dinero Hinojosa, tan rápido, tan líquido y tan desplazable?
Lo mismo podría decirse de las otras personalidades que salen en los Panama Papers, aunque conocemos menos sobre los montos específicos de sus inversiones iniciales. Pero sí sabemos, insisto, lo que dijo Obama, que es muy posible que sea legal. Por eso es tan importante que deje de serlo, que empiece a funcionar el SAT como parte de la política anticorrupción en México, que, como lo dijo la subsecretaria de Estado estadunidense, Roberta Jackson, la corrupción en México y en América Latina figure en la agenda, porque Estados Unidos tiene potentes instrumentos para ayudar a acotarla: al final del día, todas estas transacciones financieras tienen que pasar, de un modo o de otro, por Nueva York.
Y por eso también es importante que muy pronto exista el sitio de persona de interés público de tres de tres manejado por IMCO y Transparencia Mexicana, donde empresarios, en particular los que han tenido contratos con el gobierno (federal o del Estado de México, por ejemplo) puedan subir sus datos: declaración de impuestos, de bienes –no patrimonial porque no son funcionarios– y de intereses. Que eso los puede exponer a un secuestro, a una persecución fiscal o al escarnio social por la cuantía de sus fortunas, ni modo. Es parte del costo de conservar una reputación honorable, si se quiere tenerla.