Pandemia. Como futuro gobernador moral de Guerrero, me causa preocupación el anuncio público del gobernador del estado, del posible tránsito al semáforo epidemiológico color “verde” (apertura sin límite de aforo de las actividades económicas, educativas y sociales), a partir de la próxima semana de mayo, que es la inmediata anterior a las elecciones. Algunos importantes indicadores sanitarios en Guerrero no dan para eso: 1) Crecimiento lento de la pandemia, pero con alta letalidad. 2) El laxo cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes y la consabida blandura de las autoridades competentes. 3) Las marchas y concentraciones masivas electorales, que se intensificarán con el cierre de las campañas. Otra vez vemos que la política y los negocios quedan por encima de la vida y no al servicio de la misma.
Epidemiólogos de la Universidad Autónoma de México afirman que es irresponsable ubicar el semáforo en “verde” mientras haya una epidemia creciente y sin tener el 75 por ciento de la población vacunada. En Guerrero llevamos un avance del 20 por ciento. ¿Qué tantas más muertes y contagios evitables quieren adicionar a su abultado haber, el actual triunvirato gubernamental de la letalidad predeterminada?
Reproduzco dos párrafos de un análisis del doctor Javier Esteinou Madrid, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos ayudan a contrastar la gravedad histórica de la mortandad que está provocando el Covid-19 en nuestro país. (En Guerrero, a la fecha, la sumatoria es de 4 mil 430 muertes y 40 mil 750 contagios acumulados, según cifras oficiales de las que todo mundo sabe de su alto sub registro).
“… la crisis sanitaria en México desbordó el total de fallecidos acumulados en las Guerras Comanche-Kiowa-Apache contra mexicanos (1821-1848), la Guerra de Texas (1835-1836), la Primera Intervención Francesa o “Guerra de los Pasteles” (1838-1839), la invasión norteamericana (1846-1848), la Batalla de Puebla (1862), la masacre de las Tres Culturas en Tlatelolco (1968), el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (1994), el genocidio de San Fernando o “Masacre de los 72 Migrantes” (2010), la ejecución de la “Noche de Iguala” (Ayotzinapa) (2014), los asesinatos del crimen organizado en los sexenios del expresidente Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), y el total de los feminicidios cometidos en el país (2015-2021).
Los únicos casos de decesos no superados a la fecha fueron los provenientes de la Guerra de Independencia (1810-1821), la Guerra de Reforma o “Guerra de Tres Años” (1857-1861), la Segunda Intervención Francesa (1862-1867), la Guerra de Castas o “Rebelión Maya” (1847- 1901), la epidemia de la “Gripe Española” (1918), la Revolución Mexicana (1910-1921) y la “Guerra Cristera” (1926-1929) en México”.
Contienda. En el segundo evento mediático de lectura de textos, perdón, de debate, entre candidat@s registrados a la gubernatura, lo que más me llamó la atención fue que ante la primera pregunta sobre la economía estatal que les hizo la moderadora, ninguno de los pretens@s mencionó el de seguir combatiendo, con mayor ahínco, la pandemia; que es la principal causa de nuestra debacle económica actual. Y tampoco de la coadyuvancia en el combate al negocio de los estupefacientes. Salió a relucir, de nueva cuenta, la conveniente “fuga al vacío” de los políticos ante esos dos problemas candentes que padece la mayoría de la población pobre.
También en la semana pasada, sobresalió el jugoso negocio personal de los capos de la partidocracia local, de cobrar el “arancel” a los que deseaban tener certeza de que serían registrados como candidatos. Además, fue tal la cantidad de trasvases de candidatos de un lado a otro, que el trofeo anual “El Walenda de oro” (en remenbranza de los famosos trapecistas del “Circo Atayde”) será asignado mediante una sesuda “tómbola”.
Traspié. En sus malogradas pretensiones de ser estadistas de pacotilla, fuerte revés sufrieron el gobernador del estado, su “maestro incómodo” y la pasada legislatura del Congreso del estado, a excepción de la diputada local María de J. Cisneros Martínez, por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular las modificaciones al artículo 14 de la Constitución del Estado de Guerrero y las adecuaciones a las leyes locales 701 y 777, que tratan del sistema de seguridad pública e impartición de justicia en los pueblos indígenas y del sistema jurídico estatal que está establecido. A la mayoría de los gobernantes, la soberbia y el poder los obnubila y los hace desbarrancar estrepitosamente, además de convertirlos en consumados mercaderes de consciencias. ¡Uf!

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