Uno de los agravios más sentidos por los ciudadanos es el despilfarro criminal de los gobiernos frente a una gran mayoría de la población que vive en extrema pobreza. Sueldos exorbitantes, bonos y prestaciones excesivas, apoyos adicionales y demás, constituyen una pesada carga para el país. Hemos padecido un sistema político demasiado caro. La propuesta de un gobierno austero fue muy atractiva para los ciudadanos y fue decisiva para atraer el voto hacia Andrés Manuel López Obrador.
Una de las iniciativas del nuevo gobierno federal está apuntando hacia una serie de medidas encaminadas a disminuir sustancialmente el costo de la operación gubernamental, tanto de los tres poderes, como de los tres niveles de gobierno. Es deseable que este plan de austeridad incluya a los organismos constitucionales autónomos, tales como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), entre otros. Y, desde luego, que incluya a los partidos políticos. Y al Poder Judicial, ni se diga.
Este agravio gubernamental constituye una verdadera forma de violencia institucional que ha hecho tanto daño al país, que reclama atención a los sectores marginados y excluidos, y en su lugar se promueven privilegios para una casta de políticos que no tienen más mérito que el haberse encaramado en las instituciones públicas, a la buena o a la mala. La austeridad es un acto de justicia que tiene que ser completado hasta sus últimas consecuencias.
Esta iniciativa de austeridad debe buscar colocar al gobierno en el lugar que le corresponde, es decir, darle un enfoque de servicio público, distanciándose de todo aquello que implique privilegios, abusos y distorsiones del poder. Todas las instituciones del Estado tienen que estar alineadas en función del bien público, recuperando su original naturaleza. Y quienes no tengan la vocación de servir y busquen sueldos de privilegiados, es mejor que se pasen al mundo de los negocios. Esta iniciativa puede ayudar a depurar al Estado de gente sin vocación que se ha metido a la política con el afán de enriquecerse.
El gobierno no debe significar una pesada carga económica para el país. Es conveniente que todos los funcionarios públicos tengan una actitud solidaria con el pueblo. Si tienen sueldos modestos podrán romper la burbuja que los ha aislado del sufrimiento de la gente, sobre todo, de las víctimas de la pobreza y de la violencia. Un gobierno austero es muy saludable para el país porque podrá estar en condiciones de recuperar su vocación de servicio y de cercanía hacia todos los sectores vulnerables.
Esta iniciativa es oportuna para comenzar a poner las cosas en su lugar. Y hay que poner al gobierno en el lugar que le corresponde. Y, al mismo tiempo hay que sacudirle todas las formas de corrupción que se le han adherido a lo largo del tiempo, algunas muy sofisticadas y apoyadas en tecnologías de punta. Austeridad y honestidad deben ser los presupuestos necesarios para un gobierno que sirva y que funcione para el bien público. Entiendo que este camino no será fácil, pues el despilfarro y la corrupción son patologías sistémicas que necesitan ser desarraigadas de las instituciones y estructuras políticas y de las mentalidades y actitudes ciudadanas.
Con condiciones de austeridad y de honestidad, podremos esperar la necesaria transformación que necesitamos para transitar a condiciones de mayor justicia social y de paz. En este sentido, habrá que continuar con otras iniciativas que abran el camino hacia la Cuarta Transformación que, según la entiendo, no es cualquier cosa.
La austeridad es una iniciativa gubernamental necesaria. Sólo para comenzar. Pero hay que ir por todo lo demás. Por la justicia, la democracia y la paz.