Durante la inauguración de la Semana por la Paz, que se ha desarrollado en los días pasados, el alcalde acapulqueño, Evodio Velázquez, señaló que su gobierno con todas sus áreas se enfocaría a la construcción de la paz. Dadas las condiciones reales del municipio acapulqueño donde la inseguridad impera por todas partes y seguimos liderando los primeros lugares en número de asesinados, esta afirmación es políticamente oportuna, pues no puede esperarse otra cosa de este gobierno que empieza su gestión. Pero para que estos buenos deseos no queden en eso, en solo buenos deseos, es necesario precisar las implicaciones que esto requiere para que se convierta en una realidad el que un gobierno municipal se enfoque a la construcción de la paz.
Este nivel de gobierno, el más cercano e inmediato a los ciudadanos y a las comunidades, que atiende aspectos de la vida cotidiana, es el que se muestra más vulnerable por diversas razones. Lo es porque económicamente es dependiente de los gobiernos federal y estatal y, por lo mismo, no es tan libre como se pregona. Por esta y otras razones de carácter político es la parte más vulnerable del sistema político mexicano, y esto se ha evidenciado en el contexto actual en el que las bandas criminales han tenido la capacidad para someter gobiernos municipales o imponerles condiciones ilegales a sus gestiones públicas.
Para el caso que nos ocupa, si de construir la paz desde el gobierno municipal de Acapulco se trata, ya hay un antecedente que no conviene perder de vista y se hizo visible en el mismo evento de la inauguración de la Semana por la Paz. El oficial de cooperación nacional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Javier Hernández Muñoz, se hizo cargo de informar sobre la colaboración de dicha Oficina con el gobierno municipal acapulqueño anterior, sobre todo, durante el tiempo en que estuvo al frente Luis Uruñuela Fey, en áreas como la seguridad pública y el DIF. Este antecedente requiere continuidad y esta alianza con la UNODC constituye ya una fortaleza que hay que conservar.
Ahora bien, ¿qué implica para el nuevo gobierno municipal, poner su parte para la construcción de la paz? ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para que el municipio ponga su parte, teniendo en cuenta que los gobiernos estatal y federal tienen sus aportes específicos y que, por otra parte, la sociedad civil debiera ser la aliada natural? Una decisión política como la de orientar todas las instituciones del gobierno municipal hacia la construcción de la paz no se implementa fácil y, además, requiere de visión, de voluntad y de ajustes institucionales.
Lo primero que se requiere es capacidad. La construcción de la paz no se improvisa ni es fruto de ocurrencias. Requiere construir las capacidades en todas las áreas del gobierno, sobre todo, en quienes toman las decisiones tales como secretarios, directores y demás. Se trata de plantear una forma de gobernar tal que en lugar de generar violencias desde el gobierno, éste genere y promueva dinámicas que abonen a la paz. Hay que reconocer que, más allá de la buena voluntad de las personas, muchas instituciones públicas no abonan a la paz, sino que generan inconformidades, descontentos y daños a la sociedad.
Hay que contar con la capacidad para hacer política de otro modo, para poner las instituciones en función de la sociedad y no de intereses facciosos o partidistas. Y, a la vez, cada área de gobierno tiene que contar con las capacidades técnicas, institucionales y de relaciones para cumplir sus responsabilidades con un sentido de servicio a la comunidad. Las capacidades son decisivas, son el capital humano e institucional que garantiza que una idea o un deseo se convierta en proyecto y éste, a su vez, tenga una dinámica de beneficios reales a la comunidad que contribuyan a la paz. Esta debiera ser una línea estratégica que tendría como resultado un diseño de administración y de gobernabilidad eficaz y, además, un enfoque de servicio a la comunidad. Se busca de dar una misma dirección a todas las instituciones municipales y de fortalecer la gobernabilidad con una firme colaboración con la sociedad civil.
Una segunda línea estratégica tendría que ser la construcción de una gran alianza con la sociedad civil. Gobierno y sociedad civil son dos referentes indispensables, con tareas diferenciadas y con papeles distintos pero complementarios. Lo que hoy sucede, en muchos casos, es que la sociedad no percibe a los gobiernos como aliados sino con desconfianza y los percibe más como aliados del enemigo, en este caso, de las bandas criminales. Esta percepción, pero no solo la percepción debe cambiarse, porque sin la sociedad civil, un gobierno es faccioso y está anulado. En este sentido, el gobierno se va haciendo incluyente y va tejiendo alianzas con organizaciones de la sociedad civil para no actuar solo sino fortaleciéndose con aportes ciudadanos en las diversas áreas de gobierno.
En este sentido, cuánto bien puede hacer la colaboración con colegios de profesionistas, con universidades públicas y privadas, con organizaciones y colectivos culturales y artísticos, con organizaciones ambientalistas, con organizaciones empresariales, con iglesias, con organizaciones de obreros y de campesinos, con transportistas, estudiantes, con organizaciones de mujeres y cualquier otra expresión de la sociedad. Tendría que buscarse no una colaboración de fachada sino una cabal participación ciudadana en la que haya un empoderamiento real de la sociedad civil que junto con el poder público, con reglas muy claras de colaboración, ponen en común capacidades, recursos y acciones. De hecho, esta colaboración cambiaría el enfoque del gobierno mismo, que ganaría en gobernabilidad, en credibilidad y en confianza.
Y una tercera estrategia, que sería el resultado de las anteriores, tendría que ser la aplicación de políticas públicas para la paz. El enfoque fundamental del gobierno municipal tendría que ser el de construcción de paz, lo que significa varias cosas. Desarrollar los programas que están vigentes pero de manera diferente, dándoles un enfoque de construcción de paz. Esto significa que haya claridad en que desarrollo sustentable, democracia y respeto a los derechos humanos se convierten en líneas maestras de gobierno. Los programas y proyectos han de tener impacto precisamente en las condiciones de vida de las personas y de las comunidades. Significa, también, que toda la actuación municipal se alinea para promover, defender y garantizar los derechos humanos, en cuanto que la administración municipal deberá responder a derechos de los ciudadanos, de los grupos y de los pueblos y lo hará como una obligación y no como un favor. Y, significa, también, que el primer beneficiario de la administración pública tiene que ser la sociedad toda, sobre todo, sus sectores más vulnerables, como las mujeres, los niños, los jóvenes y otros más.
Soy consciente de la inercia histórica que un gobierno municipal como el de Acapulco tiene, donde hay grandes desgastes políticos entre los grupos de poder que se reparten el presupuesto municipal, entre los intereses facciosos que prevalecen. Y soy consciente que la palabra del alcalde no es como una varita mágica que todo lo puede, sino que está subordinado, muchas veces, a compromisos contraídos en campaña, a tribus, a poderes fácticos, y a grupos de presión. Y sé que no es posible romper con inercias de gobiernos municipales que no han tenido un enfoque social y que requieren cambios de actitudes y mentalidades, a la vez que institucionales para favorecer a la sociedad. Tengo claro que se requiere una transformación estructural e institucional para dar respuestas cabales a tanta violencia e inseguridad, a tanta confrontación e inconformidad, a tanto dolor acumulado y a las aspiraciones de muchos ciudadanos.
Pero, al menos, el joven alcalde acapulqueño puede plantearse ahora, cómo empezar a construir el perfil de un gobierno municipal que pretende construir la paz, es decir, que quiere cumplir sus obligaciones, las que le impone la ley. Si los gobiernos, todos los gobiernos, se sometieran a la ley, no tendríamos este desorden y caos social. No se trata, por tanto, de hacer algo extraordinario, sino de poner simplemente al gobierno municipal en el lugar que le toca: al servicio de la sociedad. ¿O es mucho pedir?