Si México quiere un desarrollo real y sostenible, tiene que enfrentar con éxito el cambio climático, y para ello debe emprender acciones contundentes que mitiguen las emisiones de gases de efecto invernadero. No hay duda por dónde empezar: Petróleos Mexicanos (Pemex) es responsable del 2 por ciento de las emisiones globales de esos gases que atrapan el calor en la atmósfera y generan cada vez más desastres.
El Informe sobre los grandes del carbono 2017, elaborado por Paul Griffin para el Climate Accountability Institute y CDP (lo que antes era el Carbon Disclosure Project), mide las emisiones de gases de efecto invernadero de cien empresas productoras de combustibles fósiles y establece el impacto tanto de sus actividades como del uso de sus productos. Según este reporte, Pemex ha emitido casi 17 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero desde 1988 y es, junto con otras 99 compañías energéticas, responsable del 71 por ciento de las emisiones globales.
La aparición del reporte es una buena noticia, a pesar de que no deja bien parada a una de las mayores empresas del país. Al menos en principio es más fácil lidiar con una sola entidad grande que con muchas entidades pequeñas, y convencer a una sola mesa directiva que a varios cientos de ellas. Sin embargo, la desmantelada paraestatal ha mostrado ser un hueso duro de roer, y la nueva reforma energética amenaza con hacer el escenario mucho más complejo de lo que parece.
Que se resalte que Pemex es uno de los principales emisores del mundo –y que México ocupa el lugar número 11 en el ranking de países según sus emisiones de CO2 y equivalentes– obliga a plantearse dos cambios fundamentales en la forma en que entendemos el futuro y lo que tenemos que hacer. Por un lado, es urgente dejar de pensar que el petróleo será la base del desarrollo nacional. Por el otro, necesitamos desesperadamente entender que basar nuestra economía y nuestra matriz de producción energética en los combustibles fósiles es darnos un tiro en el pie o, más específicamente, darle un tiro a las vidas y economías de los más pobres y los más vulnerables de entre nosotros.
El cambio climático ya está afectando a México, y afecta en forma desproporcionada a los menos favorecidos. Sus efectos se notan ya en los daños a la agricultura, en el aumento en la vulnerabilidad frente a los desastres, en el encarecimiento de los alimentos y en perjuicios a la salud. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas y de las lluvias en el sur y sureste mexicanos llevó a una epidemia de roya del café que en 2016 destruyó al menos la tercera parte de la producción del aromático grano nacional, que es cosechado en parcelas de apenas una hectárea por cientos de miles de campesinos indígenas, en comunidades muy remotas y con poco acceso a otras actividades económicas que no sean de mera supervivencia.
Además de esas afectaciones a la producción, el aumento en los fenómenos extremos pega con especial virulencia a quienes están en una posición más frágil. Por un lado, los terrenos agrícolas o los solares urbanos a los que tienen acceso los más pobres están siempre en los sitios más peligrosos –barrancas, cañadas, cauces de ríos–, de modo que mientras más fuerte el huracán, más riesgo corren. Por otra parte, los más pobres son también quienes tienen menos acceso a instrumentos financieros que les permitan lidiar con esas contingencias, como los seguros o los créditos para la reconstrucción. El cambio climático tiene, por todo esto, un impacto enormemente regresivo. Para colmo de males, se calcula que los estados más pobres del país –los del sur y del sureste– serán también los más afectados por el aumento de enfermedades y por su virulencia –la llegada del zika a esas tierras fue apenas una muestra de lo que se nos viene encima.
Sabemos qué hay que hacer para evitar que las cosas vayan a peor, pero hacerlo requiere un cambio en la forma en que entendemos nuestro futuro. Si seguimos pensando –como casi todos los políticos, desde Andrés Manuel López Obrador hasta Enrique Peña Nieto– que el petróleo va a ser el trampolín del crecimiento, no vamos a llegar lejos. Los costos que ya está provocando el desastre climático en el territorio nacional compensan lo que podría ganarse con el petróleo si su valor volviera a recuperarse, y se trata de una fuente de energía que se hace cada vez más obsoleta.
La solución está en asentar el desarrollo nacional sobre una matriz energética que no dañe el medio ambiente y que aproveche las tecnologías más recientes, que son menos intensivas en insumos, más eficientes y más baratas a largo plazo. Construir sistemas descentralizados que usen fuentes de energía renovables, generar normas y políticas que obliguen a compensar los gases que no se dejen de emitir, repartir mejor el capital energético, son tareas urgentes que abrirían la puerta a un desarrollo más incluyente y más sustentable.
* Director de Comunicación y Construcción de Alternativas (CyCA), una organización civil que impulsa el desarrollo sustentable: económicamente rentable, ambientalmente responsable y socialmente justo e incluyente. Publicará en El Sur cada dos semanas. Bienvenido.