La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha cumplido con una más de sus promesas de campaña mandando al Congreso su iniciativa para reformar la ley electoral con la que pretende que dejen de ser dispendiosas, siguiendo la trama de austeridad republicana que Andrés Manuel López Obrador inauguró del principio juarista que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
Por eso, sin afectar la autonomía del INE, propone que este organismo gaste menos y sea más eficiente para la supervisión de los gastos asignados a los partidos y a las campañas de los candidatos, con el objetivo de detectar cualquier anomalía para su sanción sin tener que esperar al término de la elección, como sucede en la actualidad, pero también para que sustituya al PREP cuya tarea se pretende que sea atendida adelantando el conteo de votos que se inicia el miércoles al día lunes para mantener la certeza y la prontitud en el informe de los resultados.
Para la reducción del presupuesto electoral en un 25 por ciento, cuyo monto ascendería a 15 mil millones de pesos, suponiendo que se le asignan al INE 60 mil millones, el proyecto de reforma electoral que se conoció en la conferencia mañanera del 26 de febrero contempla afectar el monto que hoy reciben los partidos políticos, el Congreso federal y los congresos de los estados así como los organismos locales electorales de cada entidad federativa conocidos como OPLES.
Pero lo más controvertido e innovador de la propuesta presidencial es que se mantienen los 500 diputados que integran el Congreso, pero con la novedad de que todos ellos deberán hacer campaña para superar la simulada elección de los 200 diputados plurinominales que ahora deciden las cúpulas de los partidos, convertidas en grandes electores en sustitución de la ciudadanía, de manera que se busca terminar con esa práctica perniciosa que eterniza como “representantes populares” a quienes viven del erario hasta que mueren, adueñados de las franquicias en que se han convertido los partidos políticos.
Solo en el caso de la Cámara de Senadores la reforma propone una reducción de su número para que en vez de los 128 que ahora mantenemos queden 96, sin que eso afecte la representación de las entidades de la república porque cada una de las 32 seguirá contando con tres senadores, los dos que obtiene el partido que gana las elecciones y uno del partido que queda en segundo lugar, suprimiendo así la llamada lista nacional de 32 senadores, que en realidad era una sobre representación de los estados que nos costaba 2 millones de pesos anuales cada uno, nada más de su salario.
Y como esta propuesta pública ha dado pie a múltiples opiniones no ha faltado tampoco la de algunos ex presidentes del IFE Carlos Ugalde y Leonardo Valdez quienes critican que el proyecto presidencial incluya la desaparición del PREP que cuesta poco más de 237 millones de pesos, el cual será resuelto por el mecanismo del recuento de los votos adelantado para dejar a salvo la certeza que reclaman.
Y, como es de suponerse, la anterior propuesta es la principal preocupación de los partidos que verán disminuida su fuerza, representación y presupuesto para ajustarse a las nuevas condiciones de austeridad, incluidos los partidos aliados de Morena que dejarán su estatus de privilegio.
Por su parte, los eternos opositores partidistas del PRIAN que solo declarativamente se han divorciado, pero en los hechos siguen coincidiendo en sus posturas, han calificado la iniciativa de reforma electoral como la pretensión del gobierno de la 4T de conformar un nuevo partido de Estado, como lo fue en su momento el PRI, y la califican de “ley Maduro” para mantenerse alineados con el pensamiento de Donald Trump. Sostienen que en la propuesta de la presidenta no se contempla una lucha clara y decidida contra el financiamiento de las campañas con dinero sucio. Eso a pesar de lo que reiteradamente ha dicho la presidenta de que cada partido deberá proporcionar al INE la información cotidiana de sus gastos para actuar en consecuencia, evitando que se repitan anomalías como el fraude del Pemexgate, en el 2000 y la de los Amigos de Fox en el 2001, así como la tarjeta Salario Rosa en la campaña estatal del priísta del Estado de México Alfredo del Mazo.
Entre otras opiniones que se han escuchado sobre la iniciativa de ley electoral también en Morena no todos están conformes y algunos de sus diputados critican que no contiene la supresión del fuero que ha sido también una demanda ciudadana para evitar que los políticos delincuentes no se escuden en las diputaciones y senadurías en busca de impunidad.
Lo importante es que la sociedad está pendiente del debate que tendrá lugar en el Congreso para conocer las objeciones y propuestas de cada partido porque nadie duda de que la postura de cada uno de ellos tendrá una repercusión directa en las elecciones porque los ciudadanos saben que el mejor respaldo a su presidenta es el voto a favor de sus iniciativas.
En ese marco de discusión, a los guerrerenses nos debe caber de orgullo lo que Claudia Sheinbaum ha dicho contra el nepotismo que es la raíz del caciquismo y que espera desterrar en las elecciones del 2027, lo cual ha sido ya ratificado por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde quien ante la supuesta crisis que está dispuesto a provocar el senador Félix Salgado Macedonio insistiendo que para la candidatura el pueblo tiene la última palabra, así sea pasando por encima de los estatutos y los principios de su partido confundiendo como “el pueblo” a sus seguidores que lo vitorean pensando en que así ganarán alguna aviaduría como es el estilo de los cacicazgos.
Sin embargo, ahora está más claro que no habrá marcha atrás en la decisión de Morena de atajar cualquier tentación de repetir el nepotismo que ha levantado la cabeza en Zacatecas y San Luis Potosí con el PT y el PVEM, respectivamente, señalando que ni siquiera dejará pasar el intento en ese sentido de alguno de sus partidos aliados, y solo se espera que sea el Consejo Nacional de Morena el que formalice esa decisión que regirá, junto con la no reelección, desde la elección del 2027, lo que también da pie a la idea de que será una mujer la candidata del partido en Guerrero.
Mientras tanto y atenida a la popularidad que ya ronda en el 80 por ciento, la presidenta Claudia Sheinbaum está cumpliendo con su parte para abaratar el costo de la democracia que todos pagamos, falta ver la postura y el voto de los diputados.

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