Desde las cloacas de la política salió la voz de Miguel Ángel Yunes Linares, actual mandatario veracruzano, acusando a Andrés Manuel López Obrador de haber recibido dinero del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. Por venir de alguien tan poco presentable como Yunes, el chisme debió ser desechado de inmediato, pero lejos de eso, sirvió para enderezar una campaña, la enésima, contra el líder de Morena, partido cuyos militantes fueron ferozmente perseguidos durante la anterior satrapía jarocha.
Como era de esperarse en el ambiente cavernícola de la política mexicana, se olvidó que en 1988 Yunes, entonces secretario de Gobierno de Veracruz, fue acusado de arrimarle a Cuauhtémoc Cárdenas unos travestis con el evidente fin de desprestigiar al candidato del Frente Democrático Nacional. Se olvidó también que Yunes es un tránsfuga del PRI y que gracias a los arreglos de Elba Esther Gordillo con los panistas es que el ahora acusador fue director del ISSSTE, donde también fue señalado por manejos poco escrupulosos, por no mencionar que se le involucró en la red de pederastas de Súccar Kuri.
Con amnesia total o en pago de favores, su correligionario, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, salió a declarar que la acusación contra López Obrador debía ser investigada por la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (lo que es redundante, pues la Fepade depende de la PGR). El joven Anaya olvidó el historial de Yunes, ahora su compañero de correrías, pues ya se sabe que, si de tragar sapos se trata, nada como el banquete de la política.
Con igual oportunidad saltó al ruedo un tal Enrique Ochoa Reza, a quien empiezan a conocer en el PRI y ya saben de lo que es capaz (y de lo que es incapaz). Éste amenazó con acudir a la Fepade y al Instituto Nacional Electoral porque, dijo el flotillero de taxis, “si la corrupción de Javier Duarte alcanzó a Andrés Manuel López Obrador, debe investigarse”. Desde luego no pidió que se investigara aquel misterioso maletín con 25 millones de pesos en efectivo que se le recogió en el aeropuerto de Toluca a un colaborador de Duarte, a quien horas después se le regresó esa fortuna con un usted perdone, pues se preparaba la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Urgida por tales personajes, la inútil Fepade salió de su habitual modorra y anunció que investigaría el caso ¡Faltaba más! Pero poco duró su insólito despertar, pues al día siguiente, el señor Santiago Nieto Castillo precisó que así como dice una cosa dice otra: “No tenemos nada en contra de ninguna persona ni partido político. Lo que estamos verificando son conductas de las personas físicas con independencia de sus partidos políticos o ideologías. Si hubiera algún tipo de responsabilidad, por supuesto que se ejercerían nuestras facultades para efecto de investigar a cualquiera”
No, pero sí, o sí, pero no, el caso es que siguió propalando la confusión cuando dijo que investigar a los partidos no es función de la Fepade (¿entonces?), lo que “corresponderá al Instituto Nacional Electoral”, que –agregamos– debe ser otra Fepade. “En este momento –declaró Nieto Castillo– estamos investigando posibles hechos relacionados con corrupción del señor Javier Duarte y Gabriel Dorantes”, lo que, para el buen entendedor significa que la Fepade se asume como una especie de Secretaría de la Función Pública.
Lo evidente es que en las alturas del poder, lo mismo que en el PRI o en el PAN, andan muy nerviosos y no ocultan la gana de cerrarle el paso a López Obrador. Tan es así, que para integrar el Consejo General Electoral del INE, donde hay tres vacantes, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados –con aplastante mayoría del PRI, el PAN y sus comparsas– se rechazó la candidatura de John M. Ackerman, al que se tildó de “simpatizante de Morena”, pero en cambio se aceptó a Humberto Aguilar Coronado, consejero vitalicio del PAN que seguramente será una joya de la imparcialidad.
En suma, se trata de parar la carrera de AMLO hacia la Presidencia de la República, detenerla a cualquier precio y sin importar la ridícula inmoralidad de los acusadores e importando todavía menos el daño que se le hace a la pálida democracia mexicana, pues a fuerza de recurrir a lo que sea y jugar al “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón, enseñarán al electorado que la vía legal está cerrada y que será mejor que se busque otra.