Uno de los grandes obstáculos del propósito de cambio es la costumbre y los modos aprendidos a lo largo del tiempo, tanto por los funcionarios y empleados de gobierno, como por empresarios, miembros de la llamada sociedad civil o sectores. Una de las prácticas “aceptadas” ha sido el “pase de charola”, ese viejo hábito de pedir “cooperación” corporativa o personal para supuestas causas nobles como la realización de una posada, o actos de beneficencia que permitían el amarre de contratos o negocios entre gobierno y empresas o corporaciones.
Es una costumbre perniciosa en la que los donantes se sentían “presionados y de alguna forma obligados” a contribuir para tal o cual causa. La tradicional posada del gobierno del estado fue el pretexto, seguro por la recomendación de sus subordinados o quizá hasta de motu proprio, para que el secretario de Turismo del nuevo gobierno del estado, Santos Ramírez Cuevas, hiciera el “pase de charola” ante algunos empresarios.
Sin embargo, la orden fue tajante: se termina con prácticas que impliquen compromisos, apoyos o ayudas que se presten a malos entendidos o, peor aún, a tradicionales prácticas de corrupción, con intención o sin ella.
El principal desafío del nuevo gobierno de Guerrero, sin duda alguna, es la gobernabilidad, porque de esta deficiencia derivan un sinnúmero de consecuencias políticas, sociales y económicas. También hay quienes sostienen que el principal ingrediente del reforzamiento de la gobernabilidad o gobernanza es la comunicación, tarea y responsabilidad que ha rebasado ya a varios gobiernos federales, estatales y municipales.
En tanto los mensajes se refieran o estén enfocados sólo a los personajes y no a la sociedad, el objetivo de la comunicación política producirá los mismos resultados que en experiencias anteriores: recrudecimiento de la problemática política, social y económica.
Gran revuelo ha causado también el retiro de camionetas blindadas al servicio de los altos funcionarios de los poderes locales en Guerrero.
La orden dada por la gobernadora, Evelyn Cecia Salgado Pineda, generó críticas y resistencias de quienes gozaban de estos privilegios, contrarios a la idea de austeridad republicana.
Es cierto que a casi dos meses de la toma de protesta de la nueva gobernadora, uno de los grandes pendientes en la entidad es todavía la inseguridad y la violencia que padecen sus habitantes.
Pero ello no justifica que los altos funcionarios vivan y se desplacen con todas las garantías, mientras la gente común es víctima de extorsiones, asaltos, secuestros, y toda la gama de delitos cometidos por una delincuencia que se siente impune y todopoderosa.
Y es que, si bien ha habido sensibilidad de Evelyn Salgado para atender con prioridad el asunto, e incluso encabeza personalmente la mesa estatal para la construcción de la paz que se ha reunido no sólo en la capital, sino en diversos puntos del territorio estatal, ello no ha sido suficiente.
También fue importante el apoyo del gobierno federal, expresado en la presencia en Guerrero del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayor parte de su gabinete a los pocos días de iniciado el sexenio, así como la llegada de más elementos de la Guardia Nacional a los lugares con mayor delincuencia en la entidad.
Ahora, la gobernadora anuncia la puesta en marcha de la estrategia denominada “Código Rojo”, que se activará de inmediato en caso de delitos de alto impacto.
Pero todo lo anterior no ha impedido, por ejemplo, el levantamiento y ejecución de un catedrático universitario y un joven, entre otros hechos delictivos muy recientes.
Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido una recomendación con medidas cautelares para proteger a comunidades de Chilapa ante el asedio criminal y las agresiones recurrentes de la banda criminal conocida como Los Ardillos.
Entretanto, está por cumplirse un mes con la Fiscalía estatal acéfala, luego de la renuncia de su anterior titular, y esta víspera la gobernadora envió la terna que propone, sacada de entre las 44 candidaturas avaladas por el Congreso local, para que de ahí éste elija un nuevo fiscal.
Aunque hay un encargado del despacho de acuerdo con lo previsto por la ley, en la situación que vive el estado esta vacancia sólo puede aumentar la sensación de desprotección ante el crimen que se vive cotidianamente en Guerrero.
Es de esperarse que antes de que termine el año se solvente este vacío, y con ello se abone al desempeño adecuado de los temas de legalidad y combate a la delincuencia, hoy más que nunca relevantes.
De todas formas, el fenómeno de la violencia que ha estado presente por décadas en el estado, agudizado en los últimos tiempos como parte del crecimiento del crimen organizado en todo el país, requerirá atenderse en una estrategia de largo plazo, con la aplicación de programas que recompongan el tejido social y den alternativas a la población para no engrosar las filas de la delincuencia.
Es mucho lo que queda por hacer y aunque la gobernadora tiene “todo el tiempo por delante”, el rezago es de tal magnitud que se requerirían varios sexenios para superarlo. Ojalá y el virus de la soberbia no afecte a esta administración, aunque hay pesimistas que afirman que ya inoculó a varios de sus funcionarios, a quienes como dice la sentencia bíblica “por sus hechos los conoceréis”.