El diario Reforma publicó el jueves extractos más largos de la solicitud de la Fiscalía General de la República de una orden de aprehensión contra Luis Videgaray. Lo notable y novedoso de los pasajes publicados reside en las acusaciones formuladas en dicho documento contra Enrique Peña Nieto, sobre todo en lo que se refiere a la “traición a la patria”.
La redacción exacta del cargo es fantástica: Peña “no solo obtuvo beneficio personal sino procuró también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había hecho (a Peña, Videgaray y Lozoya) objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño”. Ya se han sugerido explicaciones posibles y el motivo jurídico de “traición a la patria” y el involucramiento de Peña Nieto. Para que el criterio de oportunidad se aplique a Lozoya, éste debe permitir perseguir un delito mayor y –se entiende– un delincuente mayor que el propio beneficiario del criterio de oportunidad: solo Peña y la traición a la patria califican plenamente.
Pero sea ésta o no la razón, y a pesar de la increíble redacción incomprensible del documento (incluso para los estándares aberrantes del leguleyismo mexicano), el fondo del asunto es absolutamente bananero, por no decir ridículo. En la gran mayoría de los países normales, la traición a la patria es un delito o bien militar, o bien propio de un estado de guerra. Pero eso es lo de menos. Lo insólito es acusar a alguien de traición a la patria por “mal desempeño”, supongo que en su función de presidente. En otras palabras, se le acusa de un delito extraordinariamente grave, en las bananeras leyes mexicanas, por haberse desempeñado “mal” como primer mandatario. No de haber robado, matado, mentido o engañado (todo lo cual puede o no ser cierto en el caso de Peña) sino de haber sido, al final de cuentas, un mal presidente.
En teoría, en democracia, existe un mecanismo para determinar si un presidente fue bueno o malo. Se llama “elecciones”. Cuando hay reelección consecutiva o espaciada, los ciudadanos emiten un juicio sobre el “desempeño” del mandatario en funciones: Trump por ejemplo. La elección se transforma en un referendum sobre ese desempeño. Cuando no existe la reelección, los votantes se pronuncian sobre el candidato del presidente saliente y/o de su partido: sobre Peña Nieto, o Calderón, o Fox, o Zedillo. Emiten su voto, a favor o en contra de Labastida, Calderón, Vázquez Mota o Meade, en buena medida en función de su juicio u opinión sobre el “desempeño” del presidente que se va. Es un asunto que se resuelve en las urnas, no en los tribunales.
Mi amigo de casi treinta años, Alejandro Gertz, tendrá sus razones jurídicas para proceder de la manera en la que lo está haciendo. Pero haber permitido que se inculpe a un ex presidente “de traición a la patria por mal desempeño” es  una aberración política, digna de la peor de las repúblicas bananeras. Que lo haya bateado un juez no arregla las cosas, incluso si no se vuelve a presentar la solicitud de orden de aprehensión de la misma manera.
Quedará para la historia como un relato de García Márquez. Recuerdo cómo evocaba con frecuencia el caso de un dictador latinoamericano (creo que era Juan Vicente Gómez de Venezuela) que mandó a hacer una estatua de sí mismo a Europa, pero cuando llegó a tierras americanas, resultó que no era una efigie suya. Resolvió que no importaba, y que igual se colocara en la Plaza de Armas del pueblo donde la quería: una estatua de alguien que no es. Bananero.