Emilio Zebadúa, ex oficial mayor en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), bajo el mando de Rosario Robles –ex secretaria en ambas dependencias durante el gobierno de Enrique Peña Nieto–, acudió hace unos días voluntariamente a la Fiscalía General de la República, para ofrecerse como testigo de oportunidad y dar a conocer información sobre la denominada “Estafa maestra”.
1.- La “Estafa maestra” es un conjunto de operaciones financieras que se realizaron en la Sedesol y Sedatu, cuando Rosario Robles fue la secretaria de éstas oficinas, que consistieron en simular contratos de prestación de servicios con Instituciones de Educación Superior –para evitar los concursos de licitación–, las cuales detectó –durante el propio periodo de gobierno de Peña Nieto– la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como fraudulentas.
El proceso de investigación administrativa en contra de Rosario Robles –producto de estos fraudes, que se calculan en más de 5 mil millones de pesos– provienen desde el propio gobierno de Peña Nieto, toda vez que la ASF que es un órgano independiente del Presidente de la República, advirtió que se habían cometido actos indebidos en la administración del presupuesto público federal. Es a causa de estas conductas ilícitas que Rosario Robles se encuentra en prisión, a disposición de un juez federal, quien en definitiva resolverá sobre su culpabilidad, con base en las pruebas que obren en el expediente.
2.- El ofrecimiento de Emilio Zebadúa –quien fue un funcionario de plena confianza de Rosario Robles en el manejo de los fondos federales asignados a la Sedesol y Sedatu– de colaborar como testigo de oportunidad para dar a conocer más información sobre la “Estafa maestra” es un hecho relevante en la investigación, toda vez que confirma la intervención directa de Rosario Robles y además del propio Enrique Peña Nieto, en haber ordenado que sustrajeran recursos del presupuesto federal y se destinaran a financiar campañas del PRI en diversas entidades de la República.
Es muy importante que se conozca la forma específica en que se dieron las órdenes de robar dinero público, a quiénes, dónde, cuándo y cuánto se les entregó de dicho dinero, para que también esas personas sean sometidas a juicio de los tribunales y se les aplique la ley.
3.- Si relacionamos estos hechos de la “Estafa maestra” con las acusaciones de Emilio Lozoya –ex director de Pemex– durante el periodo de Peña Nieto, en cuanto a que recibió más de 4 mil millones de pesos de parte de una empresa extranjera como Odebrecht y luego otros 6 mil millones para comprar votos de legisladores federales, para que aprobaran las reformas estructurales –entre ellas la reforma energética– y la tolerancia que hubo hacia los gobernadores de Chihuahua y Veracruz en ese entonces como César y Javier Duarte –uno prófugo de la justicia mexicana en Estados Unidos y el otro en prisión– es muy fácil de llegar a la conclusión de que Peña Nieto y gran parte de su grupo político en los gobiernos federal y estatales tenían como modus operandi y modus vivendi la corrupción, porque no se trata de simples hechos aislados, sino de una conducta patológica reiterada para apropiarse de dinero de manera ilícita, en perjuicio del erario público nacional.
4.- Peña Nieto, Rosario Robles, Lozoya y los demás funcionarios implicados en hechos de corrupción, tienen el derecho al debido proceso, lo que deberían de hacer es declarar, aclarar al pueblo de México todo lo que hicieron en cuanto a las acusaciones de que son objeto.
Es importante que la Fiscalía General de la República, acepte el ofrecimiento que ha hecho Emilio Zebadúa, para que su caso jurídicamente encuadre en la figura de testigo de oportunidad y de esa forma se conozca que otros personajes están implicados en hechos de corrupción y ello conlleve a que nadie use recursos públicos para comprar elecciones.
La afirmación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que el principal problema de México en los gobiernos neoliberales ha sido la corrupción, cada vez más se corrobora. Por ello es fundamental que todas las instituciones públicas, sin ningún ánimo de persecución, mucho menos de venganza, sino por justicia, investiguen todos los hechos de corrupción, como una demostración irrefutable de la implementación de la Cuarta Transformación de México.

marcialrodriguezsaldana.mx