Conforme pasan los meses de que concluyó el gobierno de Enrique Peña Nieto, van proliferando los casos de corrupción que ocurrieron en su gestión presidencial. Lo más reciente, es nota internacional y titular en la inmensa mayoría de medios de comunicación mexicanos, que consiste en que a Peña lo están involucrando agencias de investigación criminal en Estados Unidos –bajo el testimonio de un testigo protegido– de haber recibido soborno por la anuencia para la compra de una empresa chatarra –Fertinal– por parte de Pemex, decidida por parte de Emilio Lozoya, director general de esta empresa pública mexicana y los miembros del Consejo de Administración.
1.- Peña Nieto defendió como jefe de Estado la concepción muy arraigada en su persona de que la corrupción en México es un asunto “cultural”, esto es que forma parte de las costumbres, de los hábitos de los mexicanos, particularmente de la clase política y de su partido. Es por ello que a partir de esta convicción, consintió que en su gobierno se prohijara la corrupción de sus funcionarios, de servidores públicos que había presumido públicamente como la nueva generación modernizadora de su partido –como los ex gobernadores de Veracruz –Javier Duarte– y de Chihuahua –Cesar Duarte– quienes resultaron unos pillos ladronzuelos que se llenaron las bolsas de dinero del pueblo para enriquecerse y que a pesar de múltiples denuncias ciudadanas de que estaban robando dinero público, Peña Nieto hizo caso omiso para promover su castigo conforme a la ley.
2.- Emilio Lozoya ha sido uno de los personajes de mayor confianza de Peña Nieto ya que en su campaña presidencial lo designó su coordinador de asuntos internacionales –donde se hacen las más cuantiosas transacciones millonarias en dólares y en euros. Luego ya como presidente de la República lo nombró director general de Pemex, en donde se manejan negocios en cientos y miles de millones de dólares. Es ahí donde Lozoya al amparo y protección de Peña Nieto cometió una multitud de actos de corrupción que se están descubriendo como son: el pago de Fertinal por 635 millones cuando esta empresa que se encontraba en quiebra ya que tenía una deuda bancaria de 264 millones de dólares y solo tenía a su disposición 12 mil dólares en caja, por lo cual era insolvente y tenia deudas sin pagar, lo que causó un daño patrimonial a Pemex y a la nación; los sobornos de millones de dólares recibidos por la empresa Brasileña de hidrocarburos Odebrech; la donación a su esposa de una casa en Ixtapa, Guerrero, por un valor de casi dos millones de dólares por parte de la empresa Altos Hornos de México beneficiaria de contratos de Pemex; los viajes a esa residencia en helicópteros de gobierno, a costa del erario público.
3.- En términos de legalidad, el hecho de que un testigo protegido en Estados Unidos y agencias financieras criminales involucren a Peña Nieto en estos escandalosos casos de corrupción no lo hacen culpable de delitos, pero el que Peña haya tenido la convicción de que la corrupción es un asunto normal, y es por ello que en su gobierno se dieron casos de corrupción, incluido él mismo con su famosa Casa Blanca, refleja su complicidad en los actos de corrupción durante du gestión. También es un hecho notorio y público que en el caso particular de Emilio Lozoya haya sido uno de sus colaboradores favoritos, y que los actos de corrupción que cometió, son de tal magnitud que no es creíble que Peña fuese ajeno a ellos, que no los conociera y que no tomara las decisiones que le correspondían para impedirlos y en su caso promoviera su castigo conforme a la ley.
4.- Algunos editorialistas conservadores de medios visuales, electrónicos e impresos, impulsaron en la campaña presidencial del 2018 la idea de que AMLO pactó con Peña Nieto su impunidad a cambio de que no obstruyera su arribo a la Presidencia de la República, lo cual es una falacia. AMLO ha dicho claramente que no tiene el interés ni el propósito de persecución ni de venganza política, como se hacía en el pasado régimen autoritario, pero que en caso de que haya denuncias y pruebas se debe actuar y las instituciones como la Fiscalía General de la Nación –como entidad investigadora– y luego los miembros del Poder Judicial –como instancia de aplicación de la ley– deben actuar con base en el debido proceso, respetando el Estado Constitucional de Derecho, para que no haya privilegios ni impunidad y con ello se combata a fondo la corrupción como un signo clarividente de la Cuarta Transformación de México.

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