Todavía no acaba el mes de enero y ya contamos tres periodistas asesinados. Las autoridades dicen que esos colegas cayeron abatidos por las balas de meros delincuentes, pero otras voces señalan que la mayoria de nuestros muertos han sido víctimas de autoridades o personajes ligados al poder.
En cualquier caso, corresponde a los órganos del Estado investigar y aclarar los casos, pero a juzgar por el número de bajas del gremio, poco se puede esperar de policías, agentes del Ministerio Público y fiscales. El aumento de periodistas abatidos es una muestra de la ineficacia de quienes deben prevenir, combatir, investigar y detener a los responsables de tales delitos.
En un número insignificante de casos, los detenidos son llevados ante un juez, momento en el que empieza otra historia interminable, pues primero se dicta el auto de formal prisión sin la necesaria pulcritud jurídica, pues los jueces quieren mostrarse diligentes, aunque generalmente resulten erráticos, pues lo mismo mandan a inocentes a prisión que dejan en libertad a los verdaderos criminales, y eso sin contar los juicios que pueden llevarse cinco, diez y más años sin que en la práctica exista la presunción de inocencia, lo que implica un castigo inmerecido para los encarcelados y procesados.
En tales condiciones, los periodistas no pueden esperar justicia. De ahí las muy explicables manifestaciones del pasado martes en casi medio centenar de ciudades mexicanas. Por supuesto, el gremio no salió a demandar privilegios, sino simplemente a exigir que las autoridades de todo rango, desde el gendarme de punto hasta el Presidente de la República, pasando por los miembros del Congreso, la Suprema Corte y todo el Poder Judicial,cumplan con su deber de respetar y hacer respetar el derecho a la vida.
Para la sociedad se trata de un asunto de primera importancia, pues sin la debida información, sin el análisis y la crítica de los hechos, se cierne sobre los ciudadanos una oscuridad en la que es posible todo abuso, cualquier crimen.
Por supuesto, el asesinato de periodistas no es algo que haya comenzado en el actual sexenio, pues EL homicidio de Manuel Buendía, en el ya lejano 1984, marca el punto de arranque de una cadena de muertes violentas al parecer interminable y en aumento. Igualmente, el caso Buendía fue el inicio de extrañas investigaciones donde los autores intelectuales, si alguna vez resultan castigados, lo son porque caen de la gracia de sus superiores, como le ocurrió a José Antonio Zorrilla.
El pasado 10 de enero mataron a cuchilladas a José Luis Gamboa, colega veracruzano, y a la semana siguiente, en Tijuana, el fotorreportero Margarito Martínez murió baleado. En la misma ciudad fronteriza ocurrió el crimen que costó la vida a Lourdes Maldonado, pese a que supuestamente estaba cobijada por el Mecanismo de Protección a Periodistas. Ella había denunciado que se le despidió sin justificación de una empresa propiedad de Jaime Bonilla, el anterior mandatario bajacaliforniano. La quejosa dijo que había recibido amenazas de “enviados del ahora ex gobernador” para que retirara su demanda laboral, la que ganó el 19 de enero, luego de nueve años de litigio, sólo para ser asesinada cinco días después.
Y si bien los homicidios son casos extremos, los poderosos también emplean el aparato judicial para presionar y vengarse de los periodistas que exhiben sus tropelías. Tal es el caso del ex gobernador coahuilense Humberto Moreira, quien hace cinco años y medio demandó al periodista Sergio Aguayo por diez millones de pesos “por daño moral”. Sobra decir que para un periodista, entrar en litigio con un potentado resulta impagable, pero la “justicia” mexicana no se detiene en esos pequeños detalles. Mientras tanto, sigue la carnicería y se repite aquello de abrazos, no balazos, no contra los delincuentes, por supuesto.