Antonio Vivar vive en las luchas de los pueblos de la Montaña y en el corazón de los padres y madres de los 43 normalistas.
Con gran azoro e indignación constatamos que a un año de la ejecución extrajudicial del activista Antonio Vivar Díaz, miembro prominente del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) de Tlapa, la agente del Ministerio Público de la federación determinó mandar a reserva la averiguación previa PGR/GRO/I/1046/2015 que se inició, no por la ejecución de Toño, sino por la retención de 35 policías federales por parte de los colonos de El Tepeyac, quienes al ver que habían detenido arbitrariamente a varios maestros de su colonia y que además, en una segunda incursión allanaban las instalaciones de la CETEG para llevarse dos camionetas de su propiedad, decidieron tocar las campanas para impedir que continuaran violentando los derechos de la población.
Lo que hizo durante estos meses la PGR fue acumular en el expediente la averiguación previa MOR/SC/05/365/2015, realizada por el Ministerio Público del fuero común de Tlapa, donde se da cuenta del asesinato de Antonio Vivar. Fuera de esta indagatoria promovida por sus familiares y el delegado de la colonia el Tepeyac, el Ministerio Público de la federación desestimó esta acción delincuencial de los policías federales y se abocó a recabar sus testimonios, desvirtuando los hechos para que aparecieran como agraviados.
Lo inverosímil fue verificar cómo en el expediente penal los policías federales son las víctimas, mientras que la población inerme de la colonia es señalada como la responsable de atentar contra la integridad física de un cuerpo especializado de policías antidisturbios que están preparados para usar la fuerza y arremeter con toda su furia contra los que protestan. En sus declaraciones los policías cínicamente dicen que se enteraron del asesinato de una persona hasta el día siguiente y fue a través de los medios. Niegan que portaran armas de fuego, por el contrario, manifiestan que actuaron con gran respeto ante la gente que los agredía y que se arremolinaba contra ellos. Reiteran que fueron privados de su libertad y que permanecieron dentro de una capilla por varias horas. Niegan que hayan usado la fuerza para defenderse y mucho menos que hayan accionado armas para enfrentar a la población y escaparse. Citan al comandante de apellido Castillejos, quien les informaba por celular cómo se realizaba la negociación entre las autoridades federales y estatales con los colonos.
La realidad es que la ejecución extrajudicial del estudiante Antonio Vivar se da dentro del movimiento nacional que se gestó por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014. En el estado esta lucha hizo converger a maestros, estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, civiles, ejidos y comunidades en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG). En esta efervescencia social y política, el MPG determinó en una asamblea general, instalar plantones en al menos 42 ayuntamientos en distintas regiones del estado, con el objetivo de conformar Consejos Municipales Populares que se abocarían a reorganizar a las comunidades y colonias, y al mismo tiempo, atender sus demandas y planteamientos como una nueva forma de gobierno comunitario, que extirpara la corrupción y rompiera las redes del crimen organizado. Uno de los primeros ayuntamientos ocupados fue el de Tlapa, que se mantuvo firme desde octubre de 2014 hasta junio de 2015, cuando sufrió el desalojo por parte de grupos de choque afines a los partidos políticos.
Como parte de las acciones consensuadas dentro de la Asamblea Nacional Popular (ANP), instancia creada para impulsar la lucha de los padres y madres de familia –de la que es parte el MPG–, el 21 de diciembre de 2014 fijó un posicionamiento ante la opinión pública por la anulación y el boicot a las elecciones de gobernador o gobernadora, diputados y diputadas y presidentes o presidentas municipales que se realizarían el 7 de junio de 2015. Esta decisión puso en alerta a las autoridades federales y estatales, quienes asumieron una postura cerrada de no atender los planteamientos de los ciudadanos y mantener a cualquier costo la realización de los comicios. La polarización social y política se incrementó en varios municipios donde había mayor organización de la ciudadanía.
Los cuestionamientos que daban las organizaciones sociales y la misma población agraviada y defraudada por las autoridades y los partidos políticos, es que el proceso electoral es un mero ritual político centrado en los intereses de las elites políticas para mantener el poder, tirando por la borda o trivializando las causas estructurales de la violencia, la inseguridad, la corrupción, la colusión entre autoridades y organizaciones criminales, así como las graves violaciones de derechos humanos que arrastramos desde décadas en el estado, y que con el caso de las 43 desapariciones de los normalistas, nos colocamos en el punto de quiebre de un sistema de justicia colapsado por los intereses facciosos, que deja en indefensión a las víctimas.
En ese contexto de crispación social, el 1° de junio de 2015 en la ciudad de Tlapa, siendo aproximadamente las 11 de la noche, varios vecinos de las colonias Caltitlán, El Peligro y San Nicolás Vista Hermosa, junto con taxistas de los sitios Juárez, Señor del Nicho y Federados –que son parte de las clientelas cautivas de los partidos políticos–, acudieron con palos, tubos y machetes al Ayuntamiento, para desalojar a los integrantes del MPG generando destrozos a los puestos de pequeños comerciantes aledaños.
Esta agresión fue respaldada por el gobernador interino Rogelio Ortega, quien al día siguiente llegó a la ciudad de Tlapa con el objetivo de hacer entrega formal de las instalaciones del Ayuntamiento al alcalde interino. En ese acto el gobernador se dejó acompañar por civiles armados con palos y machetes que en la noche anterior habían participado en el desalojo.
El MPG tenía claro que el desalojo había sido atizado por los representantes de los partidos políticos y que su interés fue provocar la confrontación entre la misma población, usando a sus huestes como grupos de choque. Por eso, su postura no fue responder a la agresión sufrida, sino más bien, hacer pública su posición por la forma ruin en que estaban actuando las autoridades y los partidos políticos; de armar a los grupos de choque apoyados por las corporaciones policiacas para arremeter contra quienes promovían el boicot electoral.
Con esa intención el MPG realizó una marcha el 5 de junio de 2015. Cuando se dieron cuenta que representantes de los partidos políticos empezaron a repartir machetes, palos y bats en pleno centro de Tlapa con la complacencia de los policías del estado, los manifestantes decidieron trasladarse a la normal regional de Tlapa para no caer en la provocación. Esta decisión fue demasiado tarde, ya que en el trayecto, policías estatales y un grupo de personas armadas llegaron a la marcha, agrediendo en el acto a los integrantes del MPG y a las personas que se habían sumado, siendo golpeados en diversas ocasiones.
Estos últimos hechos mostraron un vínculo fuerte entre grupos afines a partidos políticos y elementos de seguridad pública, cuestión que reflejaba una grave realidad en el estado puesto que, en general la preparación para la jornada electoral en Guerrero se realizó con el incremento de fuerzas de seguridad pública y elementos castrenses.
El domingo 7 de junio de 2015, en el marco de la jornada electoral, en Tlapa se dieron varios hechos violentos que concluirían con el asesinato de Antonio Vivar. Después de que en las inmediaciones del río Jale fue incendiada una camioneta del INE, la policía federal se movilizó con el fin expreso de detener a maestros y maestras que se encontraran en las instalaciones de la CETEG. Los elementos de las corporaciones policiales, el Ejército y la Marina estaban apostados en las instalaciones del 93° batallón para actuar. De acuerdo con información proporcionada por funcionarios del INE del distrito 5, los maestros y maestras de la CETEG y varios miembros del MPG, formaban parte de la lista negra que habría que seguir con lupa para arremeter contra ellos. Así lo hicieron contra cinco maestros, dos maestras y un menor de edad. Los detuvieron de manera arbitraria, los golpearon, les sacaron fotografías con material explosivo en las instalaciones del Ejército y se los llevaron en un helicóptero al puerto de Acapulco. Supuestamente ellos habían sido los responsables del incendio de la camioneta del INE.
Por esta acción ilegal varias colonias de Tlapa se organizaron y retuvieron a los 35 policías que en dos grúas se llevaban las camionetas de la CETEG. La población exigía a cambio el retorno de las ocho personas detenidas arbitrariamente. Mientras las madres de familia formaban un cinturón de seguridad para asegurarse que los 35 policías federales no fueran agredidos y que tampoco fueran a escapar, el gobernador Rogelio Ortega se sacaba fotos con los ocho detenidos como prueba de que no serían puestos a disposición del Ministerio Público y que los trasladarían a Tlapa. Para las autoridades esta acción mediática fue suficiente para exigir a los colonos la liberación de los policías, sin embargo, esta negociación sólo sería posible si los detenidos eran entregados a sus familiares en Tlapa.
La decisión estaba tomada por las altas esferas del poder desde donde se dio la orden para que 100 soldados del 93° batallón de infantería y 300 elementos de la policía federal subieran hasta la capilla de la colonia para rescatar por la fuerza a los 35 policías retenidos. Lo hicieron aventando indiscriminadamente gases lacrimógenos a la población; golpeando a la gente que encontraban a su paso y agrediendo a varias personas que trataban de impedir que llegaran a la capilla. Nada los detuvo. En ese momento, cuando la gente buscaba protegerse de los policías y militares que arremetían contra todos y todas, se escucharon tres disparos provenientes de la capilla. Uno de los tres proyectiles hirió de muerte al estudiante Antonio Vivar. Toño se encontraba en el atrio de la Iglesia intentando calmar a la población ante el miedo generado por la violencia desatada por la Policía Federal. Para los policías y funcionarios del INE de Tlapa, Toño era uno de los personajes principales que estaban promoviendo el boicot electoral, y por lo mismo, era un peligro que había que someter al costo que fuera.
Lo lograron, por eso la noche del 7 de junio Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE declaró que el balance de la jornada electoral era “positivo para nuestra sociedad”. Comentó que “los incidentes que se presentaron fueron atendidos conforme lo establece la normatividad”. Es decir, con detenciones arbitrarias, allanamientos, tratos crueles e inhumanos y una ejecución extrajudicial. Una normatividad que tiene permiso para matar a los activistas que luchan por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa.