La destitución por el Congreso del presidente José Jeri, a escasas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, confirma una tendencia que ya no puede calificarse de excepcional: la institucionalización de la crisis política en Perú. Más que un episodio aislado, el relevo abrupto en el Ejecutivo se inscribe en una secuencia de enfrentamientos entre poderes que, desde 2016, ha convertido la destitución presidencial en un mecanismo recurrente de resolución de conflictos.
El impacto inmediato es electoral. La caída de Jeri reconfigura la campaña al desplazar el eje del debate desde propuestas programáticas hacia la legitimidad del sistema político. En lugar de discutir modelos económicos o estrategias de seguridad, el electorado se enfrenta a una pregunta más básica: ¿es posible gobernar en Perú sin caer en la confrontación permanente entre Ejecutivo y Legislativo? Esta incertidumbre alimenta el voto antisistema y fortalece candidaturas que prometen reformas radicales del diseño institucional.
La destitución también profundiza la percepción de que el Congreso ejerce un poder desproporcionado. Aunque el mecanismo de vacancia está previsto en la Constitución, su uso reiterado ha erosionado la idea de estabilidad democrática. Para amplios sectores sociales, el problema ya no es solo quién gobierna, sino cómo se ejerce el poder y con qué límites. En este contexto, el riesgo no es únicamente la fragmentación política, sino la fatiga ciudadana frente a un sistema que parece incapaz de ofrecer continuidad.
Desde el punto de vista de la gobernabilidad, la crisis complica el escenario para cualquier eventual ganador en 2026. El Congreso sigue altamente fragmentado, con bancadas débiles y coaliciones inestables. La destitución de Jeri envía una señal inequívoca: sin mayoría sólida y sin acuerdos transversales, el mandato presidencial puede volverse vulnerable desde el primer día. Esto incentiva campañas centradas en promesas de “mano dura” institucional, incluyendo propuestas de reforma constitucional, cierre del Congreso o rediseño del equilibrio de poderes.
El impacto económico no es menor. La incertidumbre política afecta la confianza empresarial y la previsibilidad regulatoria en un país donde la estabilidad macroeconómica ha sido históricamente un ancla. Inversionistas nacionales e internacionales observan con cautela un entorno en el que las reglas políticas cambian con rapidez. Aunque los fundamentos económicos puedan mantenerse, la percepción de riesgo político se traduce en decisiones de inversión más conservadoras.
En el plano regional, la crisis peruana refuerza la imagen de América Latina como espacio de volatilidad institucional. Mientras otros países atraviesan procesos electorales tensos pero ordenados, Perú consolida una narrativa de inestabilidad estructural. Esto limita su capacidad de liderazgo en espacios como la Comunidad Andina o foros multilaterales, y reduce su peso en debates estratégicos sudamericanos.
Paradójicamente, la destitución puede tener un efecto movilizador. La cercanía de la primera vuelta ofrece al electorado la oportunidad de expresar rechazo o respaldo al comportamiento del Congreso. La participación y la orientación del voto serán indicadores clave del grado de confianza residual en el sistema democrático. Si el resultado produce un mandato claro, podría abrirse una ventana para reformas estructurales. Si, en cambio, la fragmentación se mantiene, el ciclo de confrontación podría reproducirse.
La caída de José Jeri no inaugura la crisis peruana; la confirma. El desafío de 2026 no será únicamente elegir un nuevo presidente, sino redefinir las reglas de convivencia política. Sin una revisión profunda del equilibrio entre poderes y sin incentivos para la cooperación institucional, Perú corre el riesgo de convertir la inestabilidad en norma permanente.
A semanas de las urnas, el país enfrenta un dilema decisivo: transformar la crisis en oportunidad de reforma o prolongar una dinámica que erosiona gradualmente la legitimidad democrática. En ese cruce se juega no solo el futuro inmediato del gobierno, sino la credibilidad misma del sistema político peruano.

* Miembro de la unidad del sur global de la London School of Economics (LSE).

X: @Gaspard_Estrada