El pasado domingo, los peruanos fueron a las urnas para elegir a su nuevo congreso, después de meses, más bien años de escándalos, en particular los de la familia Fujimori, que controlaba la Cámara de Diputados desde las últimas elecciones legislativas en 2016. Estas últimas habían sido marcadas por una fuerte disputa política entre la heredera del Fujimorismo, su hija Keiko Fujimori, y dos políticos con perfiles políticos muy distintos: del lado de la izquierda, Verónika Mendoza, lideresa política del Frente Amplio, y por el lado de la derecha, el empresario Pedro Pablo Kuzcynski (PPK). Después de una primera vuelta muy competida, PPK obtuvo el segundo lugar, lo que le permitió enfrentar a Keiko Fujimori y finalmente ganar la presidencia de la República.
Sin embargo, a pesar de esta derrota en la elección presidencial, el Fujimorismo no se dio por vencido. Por el contrario, sus congresistas, que habían obtenido una victoria en las elecciones legislativas concurrentes a la presidencial, decidieron declararle la guerra al nuevo gobierno de PPK. Y lo hicieron de todas las maneras posibles, ya sea convocando a ministros para pedirles explicaciones, o intentando hacer cambios en el presupuesto en contra de los intereses del gobierno. Como resultado, el entonces presidente PPK tuvo que renunciar a su cargo, ante la revelación de una serie de videos que ponían en una situación delicada a algunos parlamentarios de su partido, que se mostraban dispuestos a recibir sobornos a cambio de votos en el parlamento. De tal suerte que Martin Vizcarra, que en ese entonces era embajador en Canadá, fue designado por el mismo congreso como nuevo presidente de la República. Para los miembros del grupo político Fujimorista, la llegada de este político sin partido y sin recursos constituía la mejor garantía para perpetuar su poder desde el Congreso. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Después de varios meses de jaloneos entre Ejecutivo y Legislativo, el presidente Vizcarra decidió emprender una jugada de alto riesgo político, al apelar directamente a los peruanos para hacerle frente al Fujimorismo. Este llamado se tradujo en la disolución del Parlamento, después de que la mayoría Fujimorista del Congreso le negó en dos ocasiones la moción de confianza a su Consejo de Ministros, el 30 de septiembre pasado. Desde ese día, Perú entró en campaña, y en un primer momento, los Fujimoristas parecían estar confiados en poder repetir su victoria electoral del 2016. Sin embargo, el resultado de las urnas fue otro.
La primera tendencia de este escrutinio fue la alta fragmentación del resultado electoral. De tener una holgada mayoría, con 73 escaños sobre 130, Fuerza Popular (el partido de Keiko Fujimori), obtuvo 12 diputaciones únicamente, quedando en la quinta posición. El partido que obtuvo el mejor resultado, Acción Popular, de los ex presidentes Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua, sólo logró 24 escaños. En total, 10 partidos serán representados en el congreso, lo cual da muestra del cambio radical del poder legislativo de ese país. Por otro lado, partidos históricos como la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), fundada en 1924 en la Ciudad de México por Víctor Haya de la Torre, del cual el ex presidente Alan García fue un miembro eminente, así como el Partido Popular Cristiano de la ex candidata presidencial Lourdes Flores, y el partido del ex presidente PPK, Contigo, no rebasaron el umbral de votos necesarios para disponer de una bancada en el congreso. La izquierda, por su lado, tuvo un resultado decepcionante, pese a su apoyo entusiasta a la disolución del congreso. Juntos por el Perú, de la ex candidata presidencial Verónika Mendoza, junto con su ex partido el Frente Amplio, suman 17 escaños, frente a los 20 que tenían en 2016.
¿Cuál serán las consecuencias políticas de este resultado? El presidente Martín Vizcarra logró su cometido, al neutralizar políticamente al Fujimorismo. Sin embargo, mantener la gobernabilidad del país de cara a las elecciones presidenciales del 2021 no será una tarea fácil, teniendo en cuenta la fragmentación partidaria en el Congreso y la llegada al parlamento de partidos políticos claramente de derecha radical, como el FREPAP, un partido que defiende la instauración de una “teocracia” en el Perú, que se volvió la cuarta fuerza política del país.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París

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