El pasado lunes más de cien diputados del congreso peruano (que tiene poco menos de 150 diputados en total) decidieron ponerle fin al mandato del presidente Martín Vizcarra. Paradójicamente, este último tenía todos los atributos para llegar hasta el final de su mandato, a mediados de 2021: a pesar de que Perú enfrentó uno de los brotes de Covid-19 más mortíferos del mundo y vivió un confinamiento extremadamente duro, su aprobación se mantuvo por encima del 50 por ciento, entre las calificaciones más altas de América Latina. Y, sin embargo, yendo en contra de la voluntad de las tres cuartas partes de los peruanos que pensaban que él debería permanecer en el cargo, el Congreso peruano sorprendió a muchos al votar su destitución. Manuel Merino, presidente del Congreso y principal instigador, asumió el mando en una ceremonia apresurada, en medio de acusaciones de que sus acciones constituyeron un golpe de Estado.
Buena parte de la explicación de este movimiento político radical reside en la historia política reciente de Perú, específicamente en las consecuencias no deseadas de crisis pasadas. En 2000 Alberto Fujimori, al enfrentar denuncias de corrupción y otros delitos, huyó a Japón y renunció a la presidencia. Indignado, el Congreso decidió no aceptarlo y, en cambio, lo declaró ausente por “incapacidad moral”. Según la Constitución de Perú, la inmoralidad no es un delito imputable. “Incapacidad moral” es un término que más bien se refiere al hecho de que el presidente sufra de discapacidad mental. Otras causas de “ausencia” incluyen la renuncia y la muerte, criterios objetivos que se pueden determinar por los hechos y no por un juicio político. El juicio político en sí es un procedimiento diferente y está reservado para un número muy limitado de causas potenciales. La reinterpretación de “incapacidad moral” en el sentido de inmoralidad literal, en lugar de la discapacidad mental tradicional, estaba destinada a ser una solución práctica a una crisis única en la vida, pero en cambio, desde 2016, se ha convertido en un precedente, que puede ser utilizado y del que puede abusar el Congreso con poca o ninguna supervisión.
De hecho, el propio Vizcarra llegó al poder debido a esta dinámica: su predecesor Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 en lugar de enfrentarse a un segundo juicio por “inmoralidad” en el Congreso. Ahora, Merino se está aprovechando de la misma dinámica, aunque contra un líder que tiene mucho más apoyo popular, y en un momento de crisis global. De hecho, durante los últimos dos años, Vizcarra se embarcó en una serie de grandes reformas anticorrupción, incluido el intento de reducir fundamentalmente la inmunidad parlamentaria y prohibir la reelección en el Congreso, medidas que enfurecieron a este último. Vizcarra fue capaz de contraatacar con más eficacia que Kuczynski. Exigió que el Congreso le otorgara un voto de confianza sobre un mandato para reformar el proceso de selección de los jueces del máximo tribunal del país. Cuando el Congreso se negó, Vizcarra aprovechó una regla de procedimiento diferente y disolvió legalmente el Congreso, convocando a nuevas elecciones legislativas en enero de 2020. Más del 80 por ciento de los peruanos apoyó la medida de Vizcarra. Pero este movimiento también tuvo consecuencias inesperadas. De hecho, la larga y agotadora guerra de desgaste entre el Ejecutivo y el Legislativo de Perú ha dejado su huella. Al igual que los ciudadanos en toda América Latina a principios del siglo XXI, los peruanos quieren que su Estado haga un mejor trabajo al brindar buenos servicios públicos y luchar contra la desigualdad, en lugar de pelear por el poder y el beneficio personal. Los resultados de las elecciones de enero reflejaron esta frustración. Los peruanos reprendieron masivamente a su clase política, eligiendo a recién llegados y movimientos políticos inesperados. Básicamente: cuanto mayor es la presencia de un partido en la escena política de los últimos dos años, peores son sus posibilidades de llegar a este nuevo Congreso. Los resultados finales fueron tan inesperados que el FREPAP, un partido teocrático fundamentalista, ganó la segunda mayor parte de los votos. No porque los peruanos quieran establecer una teocracia, por supuesto, sino más bien porque prometieron lo que otros partidos más establecidos no habían logrado entregar: justicia social, más seguridad y menos desigualdad.
Sin embargo, a menos de un año de haber asumido en el cargo, todo indica que las viejas prácticas de siempre están de regreso en el Parlamento. De tal manera que gane quien gane la presidencia de la República en Perú el próximo año, la inestabilidad política se mantendrá.

* Director Ejecutivo del Ob-servatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada