El 15 de febrero de 2005, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo en el que exhortaba al procurador general de la República –entonces Rafael Macedo de la Concha– para atender y resolver conforme a derecho la investigación de por lo menos 27 delitos federales y cuantiosos daños patrimoniales de los que se señalaba como responsable a Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, entonces directora general de Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de Hacienda.
La denunciante era –y es– Lilia Cortés García, ex directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos de la misma Secretaría, quien ha sufrido golpes, amenazas y otras formas de intimidación. Pese a lo anterior, el 27 de marzo de este año envió al procurador Daniel Cabeza de Vaca un escrito en el que denuncia pagos hechos por la PGR a “Eduardo Romero Ramos, Aída Amanda Córdoba Chávez, Dora Alicia Rodríguez López, José Luis Soberanes Fernández, Susana Talía Pedroza de la Llave, Fernando Batista Jiménez, Arturo González Piñón, Salvador Arias Ruelas y Rodolfo Rueda”, todos ellos encargados de atender las denuncias que el Senado pidió investigar. En esa fecha, el oficial mayor de la PGR, y por tanto el responsable de los dineros de esa institución, era todavía Germán Gallegos Gutiérrez, quien declaró a la reportera Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea (marzo de 2005), que su relación con Cecilia Barra era estrictamente profesional y dijo desconocer a Lilia Cortés –“no la he visto, no sé quien sea”–, a pesar de que ésta había señalado su participación y la del delegado de la PGR en el DF en los hechos denunciados.
El 9 de mayo de 2005 hubo un cambio en la Oficialía Mayor de la PGR, pues salió Germán Gallegos pero en su lugar entró precisamente la indiciada, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, “recomendada por su jefe, el secretario Francisco Gil Díaz, al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, quien la designa oficial mayor de la PGR, lo que le permite enfrentar desde esa posición privilegiada las acusaciones abiertas en su contra”, según declaró Lilia Cortés García al reportero Miguel Badillo, director de la revista Contralínea.
Como la PGR se niega a investigar, por insistencia de la propia Lilia Cortés la denuncia ha tenido que ser renumerada cinco veces, por supuesto sin resultados. Ante tal situación, Badillo retomó el caso en su revista (abril de 2006). “Acusan a PGR de sobornar a funcionarios públicos”, rezaba el encabezado del nuevo reportaje y bajo las fotos de los secretarios de la Función Pública y de Hacienda, del procurador Cabeza de Vaca, de la oficial mayor de la PGR y de Soberanes Fernández aparecían las copias de dos pólizas de pago de la PGR “con cargo a nómina confidencial” de la Oficialía Mayor y ahí figuraban los diez nombres citados arriba.
A raíz de esa información, Cecilia Barra dirigió a su jefe, Daniel Cabeza de Vaca, un escrito de denuncia “por Falsificación de documento, uso del mismo y Difamación” (las mayúsculas son de la funcionaria), el que fue turnado a la mesa XII del Ministerio Público federal el 5 de junio de 2006. Por supuesto, la señora Barra dice que en la PGR “no existen nóminas confidenciales”, que el formato de los documentos citados “no se utiliza en ningún área de la Oficialía Mayor” y que el logotipo no es el oficial de la PGR ni de la Oficialía Mayor, como tampoco los sellos ni ciertos términos de la jerga burocrática (Lilia Cortes señala que las nóminas confidenciales existen, pues de ahí se pagan recompensas, gratificaciones, retribuciones a testigos protegidos y las percepciones de los servidores públicos que cumplen tareas que, por su peligrosidad, se realizan en la más estricta discreción). Desde luego, la oficial mayor desconoce su firma, porque en todo el tiempo que lleva en la Procu nunca, dice, ha “firmado con las características y los datos que contienen los documentos falsos”, lo que no niega que pueda ser suya la firma.
El 5 de julio, el agente del Ministerio Público Salvador Gómez Mayorga, a cargo del caso, ordenó comparecer ante él a Lilia Cortés, para lo cual emitió un citatorio que el personal de la PGR, por abulia, ineptitud o mala fe, envió por correo el 25 de julio, el mismo día que tenía que presentarse la citada a rendir declaración. El citatorio le fue entregado el primero de septiembre, ¡57 días después de su expedición!
Con notoria ignorancia del Código de procedimientos penales, la oficial mayor de la PGR pidió que Miguel Badillo precise la forma en que le fueron entregados los documentos que reprodujo en su revista. Dócilmente, Gómez Mayorga citó a Badillo, quien le recordó al abusivo MP que de acuerdo con la fracción III del artículo 243 del citado Código, los periodistas no están obligados a declarar sobre la información que reciban como parte de su ejercicio profesional.
En suma, lejos de investigar ilícitos, la PGR se dedica a perseguir a quienes los denuncian. ¿Tráfico de influencias? ¿Contubernio? ¿Aviso de lo que nos espera otros seis años? Seguiremos con el asunto.