Qué necesidad tuvo el gobernador y su “maestro incómodo” (entre otros) de ganarse mayor repulsa, teniendo ya de por sí bajos niveles de aceptación popular por su forma de gobernar. La rebelión de los vencidos electoralmente empieza con una gran provocación a los pueblos indígenas. Las fuerzas políticas derrotadas se agrupan en torno a la Ley Astudillo contra los pueblos originarios. Las modificaciones del articulado constitucional tienen sustento en las intencionalidades de trasfondo de quien las impone. Han abierto un interregno legal para la represión popular.
Es una “vil venganza”. Por un lado, están el PRI-PRD-PAN-MC-PT, liderados por el gobernador y su “maestro incómodo”, y, por otro lado, Morena y organizaciones sociales encabezadas por la CRAC-PC y el Cecop, contando con el respaldo de movimientos sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos que caminan por la senda de la reconstrucción de la paz en Guerrero.
La miopía política del gobierno estatal es mayúscula; ven el incendio, por ineptitud institucional, y le echan más gasolina al fuego. Astudillo tomó la peor de las rutas para sincronizar su gobierno con el del próximo ejecutivo federal. Imprudencia e insensatez a la vez. Pobre Guerrero. Comete craso error al elegir este sendero para arribar a acuerdos de cohabitación con el nuevo gobierno federal. No se percata que AMLO está mucho más cerca de los pueblos indígenas que de su gobierno. No puede borrar de un plumazo o dejar en la indefensión, en lo abstracto y temporal un batallar histórico-social de justicia y paz que, hoy más que nunca, tiene razón su existencia por las crueles y sangrientas realidades incontrolables que padece nuestra entidad.
No quiso la actual legislatura local percatarse que “somos mucho más que dos” en esta discrepancia preconcebida. Los diputados locales terminales (con la gran excepción de la diputada por Morena, María de Jesús Cisneros Martínez) no actuaron como representantes populares, sino como personeros del gobernador. Se ganaron a pulso su buen “pago de marcha”. Lo in$ólito del asunto fue que una recién flamante diputada federal por Morena regresó a su antigua curul estatal sólo para argumentar en contra de la ley Astudillo, pero a la hora de votar lo hizo a favor. Es costumbre de muchos legisladores orientar su voto a lo más conveniente para su persona y no para concretar un anhelo social.
Pero el acabose fue que ahora tienden la alfombra jurídica para obsequiar represión legal a los que históricamente han impedido que el delito se enseñoree en sus territorios indígenas. Aprobaron “las leyes Astudillo” en el ocaso de su pésima y opaca legislatura. No buscaron consenso con el pueblo. Implementaron una farsa grotesca. Para su oprobio.
Legislaron con letra muerta. La CRAC-PC, el Cecop y Tlachinollan, que tienen representación de alrededor 300 pueblos de diversos municipios indígenas, ya les espetaron que no acatarán dichas disposiciones legales. En términos reales no hay autoridad estatal que se los impida. Seguirán con su sistema de seguridad y justicia indígena, bajo el amparo que les da la Constitución de la República y los convenios internacionales que México ha firmado en la materia.
Los del gobierno se niegan a reconocer que la delincuencia en Guerrero los desbordó totalmente, por más que digan que no es así. Pero lejos de aceptar su fracaso y aliarse con el pueblo, tratan de impedir que los ciudadanos organizados de antaño sigan haciendo realidad en sus comunidades el buen orden y la buena paz. Los malos gobiernos habidos hasta ahora han sido cómplices del señorío de la inseguridad en Guerrero, ya sea por omisión o por colusión. Y ahora, a palo dado, exigen respeto. ¡Uf!

PD1. Los diputados locales en su ignominiosa salida dejaron congelada la iniciativa de sancionar con mayor severidad la extorsión o “derecho de piso”.
PD2. En Hidalgo como antes en Sonora, se dieron albazos legislativos para cubrir presuntos latrocinios del erario público y modificar facultades internas a las próximas legislaturas donde llegará con mayoría Morena.