Los informes del Inegi y del Coneval sobre la pobreza en México, publicados recientemente, deben ser materia de un amplio debate nacional. Algunas voces se han expresado ya, incluyendo la de aquellos que consideran que hay una considerable subestimación de este problema. La titular del Consejo de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Araceli Damián, por ejemplo, ha señalado que según sus estimaciones hay 90 millones de pobres y no 52, como indica Coneval. La metodología utilizada tendrá que seguirse discutiendo. Sin embargo, los datos ofrecidos dan cuenta de una persistencia histórica de los niveles de indigencia, pues en los últimos diez años la situación, en el mejor de los casos, no ha cambiado sustancialmente: en 2008 eran 49.5 millones de mexicanos que representaban el 44.4 por ciento de la población y en 2018 pasaron a 52.4 millones, el 42 por ciento. Por su parte, la población no pobre ni vulnerable representaba en 2018 apenas el 22 por ciento del total, poco más de 27 millones de personas. Por cierto que, si tomamos en cuenta sólo esta última cifra, nos deja un total de 98 millones de personas pobres o vulnerables, una cantidad aún mayor que la señalada por el Consejo de la Ciudad de México.
Ahora bien, considerando, como señala la Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares 2018 de Inegi, que más de dos tercios (67 por ciento) del ingreso de los hogares proviene del trabajo, nos enfocaremos en este aspecto. Los ingresos por trabajo subordinado (asalariado) representaron el 84 por ciento de esos ingresos y el trabajo independiente sólo el 12 por ciento, pero los primeros aumentaron a un menor ritmo en los últimos dos años en comparación de los segundos, lo que quiere decir que aunque la gran mayoría de los hogares depende de un salario, éste resulta cada vez más insuficiente y tiene que ser compensado por ocupaciones por cuenta propia que realiza el integrante de la familia que ya tiene un empleo o por otro que tiene que salir a buscar un ingreso extra. Entre 2016 y 2018 las remuneraciones por trabajo subordinado disminuyeron en 0.1 por ciento mientras que los ingresos por trabajo independiente aumentaron 4.7.
Por su parte Coneval, con base en los datos de la Encuesta confirma este aumento de la informalidad señalando que la carencia de Seguridad Social es la más importante, afectando a casi 72 millones de mexicanos, el 57 por ciento de la población total. Y aunque aquí hubo una leve mejoría respecto a 2008 pues la cobertura incluyó a 800 mil personas más en un periodo de diez años, el ritmo parece demasiado lento.
Abundando en el asunto, este organismo señala que si sólo tomamos en cuenta los ingresos recibidos por el trabajo desempeñado (y se descuentan los subsidios gubernamentales y otros rubros), la población con una percepción igual o inferior a la línea de pobreza, incluyendo aquella que Coneval define como población vulnerable por ingresos sumaba en 2018, 70 millones de mexicanos y representaba el 56 por ciento del total. Cifras muy similares a las anteriores.
Lo anterior significa que uno de los grandes problemas del país que explican la pobreza tan extendida y su persistencia crónica reside en que la mayoría de los mexicanos trabajan en ocupaciones informales, con bajas remuneraciones, y en condiciones de alta vulnerabilidad.
Los datos de la Encuesta y Coneval sacan a la luz otro asunto de enorme gravedad: la desigualdad regional. En algunas entidades estos parámetros (ingresos inferiores a la línea de pobreza y población vulnerable por ingresos) tuvieron una mejoría y abarcaron a menos de la mitad de la población. Por ejemplo, en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. En cambio, en otros estados, la situación fue la inversa, ya que estos indicadores empeoraron o se mantuvieron prácticamente igual entre 2008 y 2018. Fue el caso de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Por supuesto, la lista de entidades donde el número de personas pobres es mayoría absoluta es más extensa y habría que mencionar también a Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Veamos algunos ejemplos en ambos extremos: en Baja California la población con ingresos inferiores o iguales a la línea de pobreza representaba el 36.6 por ciento en 2018 pero en Chiapas abarcaba al 81.4 por ciento. Además, la desigualdad se ha profundizado: en Nuevo León este mismo sector de la población pobre pasó de 35.8 a 27.7 por ciento del total, mientras que en Veracruz aumentó de 57.4 a 74 por ciento.
Otros datos: en las entidades donde los indicadores de ingreso son mejores, la proporción de trabajadores asalariados tiene, en su mayoría, un contrato de trabajo. Así, para seguir con los mismos ejemplos, en 2018, en Baja California, el 61 por ciento tenía un contrato y el 39 por ciento no lo tenía; en Nuevo León, los porcentajes eran del 64 y el 36 por ciento. Por su parte, en Chiapas, el 27 por ciento tenía contrato y el 73 por ciento no, y en Veracruz, los indicadores fueron el 32 y el 68 por ciento respectivamente.
En Guerrero, las cifras son similares a las de las entidades menos favorecidas: el 72.5 por ciento de la población tenía, en 2018, ingresos inferiores a la línea de pobreza o era vulnerable por ingresos. Situación que no cambió en los últimos diez años. La carencia de seguridad social alcanzó a 76 por ciento. Los trabajadores subordinados con contrato representaron el 31 por ciento y sin contrato el 69 por ciento.
Las entidades relativamente más prósperas seguramente lo son porque ahí se encuentran localizadas muchas empresas manufactureras de exportación y se concentra el empleo industrial, pero tampoco aquí hubo un progreso sustantivo. Por ejemplo, en Aguascalientes la carencia de seguridad social afectaba al 42 por ciento, en Baja California al 45 por ciento de la población, y en Chihuahua al 42 por ciento en 2018.
Podemos afirmar entonces que la pobreza y la desigualdad están estrechamente relacionados con el trabajo. Los menores niveles de indigencia están ligados a una mayor protección de la seguridad social y a la existencia de contratos. Y donde hay más pobres existe mayor vulnerabilidad debido a la carencia de seguridad social y de trabajadores contratados. La desigualdad regional se está profundizando, sobre todo en materia de ingresos recibidos por trabajo, lo que se refleja en bajos niveles de contratación. Y aún en las regiones más prósperas los avance en los últimos años han sido muy graduales. Aunque en menor medida, aún subsiste una porción muy grande de ocupaciones informales.
En una palabra, el problema central reside en la mala calidad y ausencia de trabajos bien remunerados y protegidos. Lo demás es relativamente accesorio, aunque no carezca de importancia.
Se necesitan entonces más y mejores niveles de ocupación. Y para ello, un mayor crecimiento económico acompañado de una expansión de la seguridad social y de la contratación (sobre todo colectiva), apoyado en un esquema de desarrollo que fomente el crecimiento de los salarios y la reversión de la brecha regional. Lo anterior podría también señalar las prioridades de las políticas gubernamentales: el fomento al desarrollo, sobre todo en las regiones más atrasadas, acompañado de un fortalecimiento de las instituciones de seguridad social y una política laboral que aliente la sindicalización y la contratación colectiva.
Probablemente lo anterior suene a algunos muy conocido. Pero es el caso que no ha faltado quien opine, después de conocer los informes de Inegi y Coneval que, a pesar de todo, vamos avanzando y que hay que seguir por el mismo camino. O que lo prioritario son los subsidios a los pobres, no la calidad y cantidad de los empleos.

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