A dos años de la desaparición de los 43, seguir buscando la verdad, preservar la memoria y negarse a aceptar el olvido, es la causa más importante de nuestra historia en el presente. En estas fechas, vale la pena recordar algunas reflexiones de Carlos Monsiváis sobre la guerra sucia en México en la década de 1970: “Con tal de carecer de la (improbable) conciencia de culpa y de no responsabilizarse de sus actos, el Estado (la estructura jurídica y política) y los gobiernos usan simultáneamente de la ilegalidad profunda y de la maquinaria del olvido, la absolución correspondiente. Ésta es su premisa: lo que se ignora nunca ocurrió… ¿Qué se hace si el Estado y los gobiernos estatales se apoyan en la Subsecretaría del Olvido Nacional?… ¿Cómo entenderse con la memoria histórica en medio de la burocratización del ánimo? Memoria, olvido, historia, marzo de 2006.

Frente al panorama optimista del IV Informe de Peña Nieto sobre el empleo y los salarios, hace unas semanas el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó su informe trimestral sobre Pobreza Laboral (disponible en www.coneval.org.mx) que nos muestra una realidad distinta. En dicho informe se señala que “el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares (ingreso real) cayó 16.4% entre el tercer trimestre de 2007 y el tercer trimestre de 2014, lo que significó que en estos años aumentó el porcentaje de personas que no podían adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo”. A pesar de que en 2015 y el primer semestre de 2016 este índice mejoró un poco, el saldo final sigue siendo negativo: no se ha recuperado el poder adquisitivo de los ingresos que existía en 2007.
Según el mismo estudio, y para mayor precisión, el ingreso laboral per cápita registró una pérdida real, con base en los precios de la canasta alimentaria, de 26% entre principios de 2007 y el segundo semestre de 2016. Eso quiere decir que los trabajadores mexicanos han visto disminuir su capacidad de compra, sobre todo, de los bienes destinados a su alimentación, ya sea por la caída de los salarios o de sus retribuciones si laboran por cuenta propia. Y, por supuesto, ello ha ido acompañado de mayor pobreza y desigualdad. Si los trabajadores han perdido parte de sus ingresos, alguien los ha aumentado, y parece obvio que esa ganancia corresponde a los empleadores, a los dueños de las empresas, sobre todo las más importantes del país.
Los datos de Coneval se refieren a la tendencia que siguen todos los ingresos laborales. Pero si nos fijamos sólo en los salarios, se puede observar una situación también muy grave: después de la crisis mundial de 2007 y de su impacto en México, los trabajadores que ganaban más de 5 salarios mínimos diarios (SMD) pasaron de representar el 11.4% al 6% del total, mientras que los que ganaban hasta 3 SMD aumentaron del 56 al 63%. En otras palabras, los empleos mejor pagados que destruyó la recesión ya no se recuperaron y en cambio muchos trabajadores tuvieron que emplearse en puestos de trabajo peor pagados.
En el Informe presidencial se afirma también que: “En lo que va de la administración se han presentado más de 28 mil emplazamientos de los cuales sólo han estallado 19 huelgas. Desde noviembre de 2013 y hasta 31 de julio de 2016 se registraron 33 meses consecutivos sin estallamientos de huelga”. Pero la paz laboral de la que se presume no toma en cuenta movimientos tan importantes como los de la CNTE, los trabajadores de las maquiladoras del norte del país, y otras acciones de protesta porque no hubo un emplazamiento formal. Como según ellos, legalmente no existen, tampoco merecen ser mencionados como parte de la realidad laboral del país. Pero ese dato, es cierto, también nos indica la inexistencia de sindicatos y dirigentes que realmente representen a sus agremiados.
Ahora bien, si sumamos a los trabajadores asalariados y los que trabajan por su cuenta, resulta que existen un total de casi 22 millones de personas ocupadas que reciben ingresos de sólo hasta 2 SMD. Según los cálculos de Coneval, ese monto no resulta suficiente para cubrir las necesidades mínimas de una familia. Si a esas decenas de millones sumamos los miembros de los hogares que no trabajan y por lo tanto no aportan ningún ingreso por ser menores de edad, estar estudiando o carecer de una ocupación remunerada, se entiende por qué la mayoría de la población del país vive en la pobreza.
En materia de empleo, las cifras son también malas: a pesar de lo que indica el IV Informe que señala que “durante los tres años y ocho meses de la actual administración se generaron poco más de 2 millones de nuevo empleos formales”, la verdad es que la mayoría de estos empleos no fueron de nueva creación. Se trata de plazas de trabajo que ya existían y los trabajadores fueron inscritos en el Seguro Social. Haciendo las cuentas claras, la creación de nuevos empleos, registrados en el IMSS, ha sido raquítica: apenas unas 150 mil plazas de trabajo en 3 años y ocho meses. Muy poco, casi nada, si se observa que el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 2 millones 430 mil personas en ese mismo lapso de tiempo.
Pocos empleos, bajos salarios e ingresos de la mayoría, carencia de acceso a servicios de salud, e informalidad son los rasgos distintivos de nuestra realidad. La precarización del empleo sigue siendo la norma del mercado laboral mexicano. Y esta situación no va a cambiar con un panorama como el que se dibuja para los siguientes años, 2017 y 2018, pues el crecimiento de la economía se calcula a la baja. Con un crecimiento menor al 2% debido a la reducción del presupuesto, la situación internacional y las políticas del gobierno de Peña Nieto, la situación laboral no puede sino empeorar.
Dentro de este panorama nacional que revela el Coneval, conviene detenerse un poco más en algunos casos particulares. Según este informe, la evolución del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza ha sido diferente en cada estado de la República entre 2007 y 2016: así, por ejemplo, el aumento de este indicador fue muy agudo en estados como Baja California, la Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas. En cambio, la tendencia fue muy leve, casi no se modificó, en otros estados como: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Yucatán.
Según estos datos, los trabajadores se han empobrecido más en los estados donde la actividad económica es o ha sido más dinámica, sobre todo por el desarrollo de industrias ligadas a las exportaciones manufactureras o agrícolas, o por la importancia de otras actividades como el turismo y los servicios. En cambio, en los estados más pobres donde las actividades productivas ya eran más precarias, el impacto de la recesión de 2007 fue menor.
En otras palabras, en todas las entidades del país aumentó el índice de pobreza laboral pero los estados más prósperos tuvieron un aumento más acusado, mientras que los más atrasados mantuvieron sus niveles de indigencia más o menos igual. Ello puede significar dos cosas: primero, que se confirmaría que la recesión económica pegó en los puestos de trabajo mejor pagados y que estos no se recuperaron o se aprovechó la situación para comprimir los salarios; y dos, que hay un conjunto de entidades entre los que se encuentra desafortunadamente Guerrero, en que el atraso es más profundo. Los ciclos de prosperidad nacional no llegan y la pobreza se vuelve crónica.
A lo anterior habrá que agregar la persistencia de la violencia. Ambos fenómenos, inseguridad y pobreza se agudizan. Todo ello nos revela una crisis nacional de magnitudes muy preocupantes.
Reconstruir la nación requerirá entonces por un lado detener la violencia y por otro revertir la desigualdad: entre personas, entre grupos sociales, entre las regiones del país. Difícilmente se podrá hacer una cosa sin resolver la otra. El estado de Guerrero, lamentablemente, es un buen ejemplo de ello.
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