La entrada en vigor del TLCAN en 1994 se anunció como la oportunidad histórica para que el país se incorporara una nueva senda de crecimiento de la producción y del empleo. Con ello se iniciaría, se afirmó entonces, un proceso de convergencia con el ingreso per cápita de los países de la Unión Europea y con Estados Unidos. El Tratado marcaría el nuevo rumbo de nuestra prosperidad.
Para que esto fuera posible se iniciaron un conjunto de reformas neoliberales, las cuales, sobre todo desde 1988, abrieron la economía mexicana a los mercados externos; con Estados Unidos, en particular, se inició una etapa de mayor integración. Los resultados fueron espectaculares. El volumen del comercio internacional aumentó de alrededor del 30 por ciento al 70 por ciento del PIB entre 1994 y 2007. Tan sólo las exportaciones representaban el 10 por ciento y al final del siglo ya habían alcanzado casi el 25 por ciento y para el 2014 rozaban el 35 por ciento del PIB. De ser una economía esencialmente exportadora de petróleo a comienzo de los ochenta, México se convirtió en pocos años en un actor importante en el mercado mundial de manufacturas.
El éxito de las exportaciones sin embargo no se convirtió en la anunciada prosperidad que se esperaba pues en lugar de que el conjunto del país creciera más rápidamente, sucedió lo contrario. Mientras en 1940-1981, el PIB per cápita creció a un ritmo de 3.2 por ciento anual, entre 1990 y 2006 lo hizo en 1.6 por eiento, y por trabajador la tasa pasó de 3.2 por ciento entre 1950 y 1981, a 0.7 por ciento entre 1990-2016.
¿Cómo fue posible que el boom de las exportaciones no jalara al conjunto de la economía? ¿Por qué el país entró desde la firma del TLCAN en una senda de crecimiento lento?
Según algunos estudios, el factor decisivo en la caída de la tasa de expansión en México parece haber sido el débil comportamiento de la inversión: la tasa de acumulación de capital pasó de 6.1 por ciento por año a 3.8 por ciento entre 1960-79 y 1996-2003. Ello a su vez puede explicarse por diferentes razones, una de ellas que el crecimiento de las exportaciones trajo consigo también un aumento sin precedentes de las importaciones. Muchas de las cosas que se producían en México dejaron de fabricarse y desde entonces se compraron en el exterior, arruinando a miles de empresas y dejando sin empleo a muchos trabajadores. Otra razón se ha encontrado en la caída de la inversión pública, particularmente en infraestructura, pues ello ha desalentado la inversión en otras regiones y ramas productivas que no se vincularon al sector exportador manufacturero. El caso es que sólo algunas ramas y empresas crecieron aceleradamente mientras el conjunto de la economía permaneció casi estancada.
La “gran transformación” (como la ha llamado Rolando Cordera) de la economía mexicana aterrizó en un “estancamiento estabilizador condensado en la lentitud del crecimiento de la economía, el empeoramiento del empleo y la exacerbación de la desigualdad social en medio de una pobreza masiva”.
En los últimos meses, el debate sobre el libre comercio y en particular el TLCAN se ha intensificado en los medios académicos y políticos internacionales, sobre todo por los resultados electorales en Estados Unidos. Una de las cosas que han llamado la atención al observar el caso de México es que los salarios de los trabajadores de las industrias exportación, las más exitosas y productivas, también presentan una situación deplorable. Es decir, ni siquiera en las empresas directamente beneficiadas por el éxito económico del TLCAN, los trabajadores han compartido esa prosperidad.
Para entender cómo y por qué se ha generalizado la precarización del trabajo y los bajos salarios no basta entender el funcionamiento de los mercados, las razones puramente económicas. A ello hay que agregar lo que algunos han llamado una profunda debilidad de las instituciones laborales.
Esta debilidad institucional significa en realidad la existencia de un sistema de corrupción y de encubrimiento que incluye a las autoridades, a los empleadores y a supuestos dirigentes de los trabajadores. Ello ha dado lugar a un panorama laboral en el que priva la ficción y la simulación: organizaciones sindicales y contratos que existen legalmente pero que en la realidad son una mentira, un engaño para los trabajadores.
En días pasados, Bloomberg, una compañía estadunidense que ofrece a las empresas software financiero, datos y noticias, elaboró un reportaje que ilustra con claridad este asunto. Según lo publicado, la empresa BMW dio a conocer en 2014, en un acto público y con la presencia del Presidente, una inversión de mil millones de dólares para la construcción de una fábrica en San Luis Potosí que emplearía a mil 500 trabajadores. Lo que llamó la atención es que la empresa había firmado dos días antes de este anuncio un contrato laboral con representantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), contrato avalado y legalizado por la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo puede existir un sindicato sin trabajadores? se pregunta el reportaje. Según pudo investigar Bloomberg, el contrato establecía un salario inicial de un 1.10 dólares por hora y un salario máximo de 2.53 dólares para los trabajadores de la línea de ensamblado. Esta cantidad representaba poco más de la mitad de los 2.04 dólares la hora, que es el promedio que se paga en las plantas automotrices mexicanas.
La firma de un contrato colectivo de trabajo sin trabajadores y por supuesto sin su conocimiento, forma parte de un fenómeno muy “mexicano”: los “contratos de protección” que como dice la agencia son acuerdos negociados entre una empresa y un sindicato que no representa legítimamente a los trabajadores. Este tipo de contratos son ilegales en Estados Unidos y Alemania pero en México son lo más común.
Consultados por Bloomberg, diversos estudiosos y expertos en cuestiones laborales e industriales aseguran que estos contratos de protección han sido la forma más usual para mantener los salarios artificialmente bajos durante todos estos años, desde la firma del TLCAN, a pesar de las cuantiosas inversiones de las empresas fabricantes de automóviles. Resultado, los obreros mexicanos de la línea de ensamblado de los automóviles ganan alrededor de una décima parte de lo que ganan sus homólogos estadunidenses y no les alcanza para el sostenimiento de sus familias.
Lo que ha prendido la alarma en el mundo es que según el reportaje, “los contratos de protección (en México) es la causa más importante que está presionando los salarios en las empresas de Estados Unidos y en otros lugares (del mundo)”. La excepción ha sido China pues entre 2006 y 2016 el crecimiento de los salarios base para la industria automotriz ha sido de 157 por ciento mientras que en Estados Unidos y Alemania han alcanzado menos del 30 por ciento.
Eso sí, el gobierno de Peña sigue afirmando que los conflictos laborales han disminuido y que no ha habido una sola huelga en la jurisdicción federal en los últimos años.
En conclusión, el TLCAN en México ha reproducido un patrón de desarrollo que ha propiciado un auge sin precedentes de las exportaciones manufactureras sobre todo en la industria automotriz, pero este auge ha sido provechoso sólo para algunas empresas, pero no para el conjunto de la economía ni para la gran mayoría de los mexicanos. Si, como se afirma cada vez más, el libre comercio tiene perdedores y no sólo ganadores, el caso de México se ha convertido en un ejemplo extremo en el que la inmensa mayoría ha salido perjudicada. En nuestro país, se han generalizado la precariedad laboral y los salarios de hambre.
Cualquier futuro del TLCAN o de otros acuerdos de libre comercio tendrán que tomar en cuenta estos hechos. Los sindicatos de otras partes del mundo ya tomaron nota. Pero en México parece que nada va a cambiar, por lo menos mientras nuestras autoridades sigan tratando de atraer las inversiones a la industria de exportación bajo este modelo laboral empobrecedor aunque sin duda muy rentable para las grandes empresas transnacionales.

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