El ingrediente más importante de la gobernabilidad en la sociedad llamada “de la información”, es la denominada “comunicación social”. A la gran mayoría de los gobernantes, líderes empresariales, políticos y dirigentes sociales les preocupa que sus audiencias o la sociedad en general desconozcan la importancia de los cambios. La gran mayoría asume que la comunicación social es “muy importante”, pero asumen que con campañas de publicidad  resuelven esa necesidad. Ese es el modelo equivocado que ha demostrado, a lo largo de casi tres décadas, su ineficacia. Sin embargo, el gasto en comunicación social es multimillonario, porque no se aceptan vías diferentes para lograr que el pueblo participe del avance social; lo que los gobernantes quieren se les reconozca sólo a ellos.
El gobierno del presidente Felipe Calderón fue un rotundo fracaso en comunicación social, especialmente en el tema de seguridad. Sin pretenderlo, logró hacer mercadotecnia de la violencia, hablando todos los días de sus amplios, vastos y modernos programas de guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. El resultado fue desgaste institucional, descomposición social, política y económica. Guerrero es una víctima de este tipo de equivocaciones.
La premisa es simple: los temas de seguridad deben sentirse mucho y difundirse poco. Todo exceso mediático se multiplica en los temas relacionados con la violencia, se cae en el amarillismo de gobierno y se complica gravemente más el problema supuestamente a resolver.
Una reforma al artículo 14 de la Constitución guerrerense, aprobada por 41 legisladores y con un voto en contra de María de Jesús Cisneros Martínez, diputada por Morena, elimina la mención a las policías comunitarias y rurales, y ha desatado una polémica dentro y fuera del estado.
La reforma aprobada, que deriva de una iniciativa presentada por el gobernador Héctor Astudillo, se ha presentado como el cumplimiento a recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que luego de la captura y el proceso de Nestora Salgado García, ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá y ahora senadora electa por mayoría, planteó la necesidad de adecuar el marco legal guerrerense a las leyes federales.
Pero mientras el nuevo texto constitucional es presentado por el Congreso local y el gobierno de Astudillo como un paso para regular a las policías comunitarias y no para su desconocimiento o desaparición, otras voces disienten, como la del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, para quien la reforma “es un golpe a la lucha de los pueblos indígenas de Guerrero porque les niegan el estatus que a nivel internacional tienen”.
El tema no está resuelto, como tampoco lo está la situación de criminalidad e indefensión de la población que viven muchas comunidades, que se han sentido obligadas a pertrecharse y apoyarse en estas figuras con todos los riesgos que conllevan, ante la falla, incapacidad o colusión de las policías municipales o estatales.
Por el lado de la Federación, a la pérdida del control territorial y la creciente violencia, se ha respondido con el despliegue de la Policía Federal o de fuerzas militares e incluso marinos, pero luego de muchos años de estas estrategias es evidente que no sólo no han sido eficaces, sino que a los ojos de los expertos se han convertido en factor del derrame de sangre incontenible.
Reformas aparte, la inseguridad es la constante en vastas zonas del estado. En Teloloapan y Apaxtla, los comunitarios hicieron paros y bloqueos, que levantaron luego de la promesa gubernamental de enviar mayores fuerzas de seguridad a patrullar la zona, pero a su vez diversos alcaldes electos y los que aún se encuentran en funciones en la región de Tierra Caliente, le piden al gobernador su intervención para retirar a la policía comunitaria de Teloloapan, llamada Tecampanera, pues la acusan de diversos abusos, al grado de que consideran un riesgo transitar por esa cabecera municipal.
Lo anterior, en un contexto en que el próximo régimen federal ha declarado como una de sus intenciones, en el trato con las comunidades indígenas, fortalecer sus propios cuerpos de seguridad.
Entretanto, los criminales siguen haciendo de las suyas de la manera más impune. Ahora han llevado a Bimbo, la mayor empresa mexicana de producción y distribución de pan, a retirar sus unidades de nueve rutas de reparto en la periferia de Acapulco; luego las reactivó, pero lo acontecido recuerda el cierre de plantas que desde el año pasado han hecho las empresas embotelladoras de refrescos en diversos puntos del estado, éstas sí de manera definitiva.
Y en Chilpancingo ahora queman unidades del transporte y ejecutan a choferes y pasajeros; no se sabe el motivo, que puede ser desde resistencia al pago de “derecho de piso”, hasta otras situaciones en que los grupos de la delincuencia sientan afectados sus intereses.
En medio de esa avalancha, ha circulado una noticia que evoca nuestra cultura surrealista: en febrero pasado, luego de una emboscada contra policías comunitarios, falleció Raybel Jacobo Dealmonte, el líder de Los Tequileros, la banda que ha generado terror en San Miguel Totolapan y sus alrededores, pero la reacción de los jefes de la policía estatal y de la Fiscalía fue desentenderse y ocultar la información.
El cuerpo aparentemente fue cremado y finalmente sólo se tiene algún resto cuya identificación tardará tiempo. ¿Por qué resulta inconveniente la confirmación de la muerte del facineroso? Son rumores, son rumores, contesta con ritmo tropical el vocero de seguridad Roberto Álvarez Heredia.
Lo que no son rumores es que nuestro estado sigue con una altísima cifra de homicidios dolosos, más de mil en el primer semestre del año, aunque ya nos han rebasado Guanajuato y Baja California, donde la criminalidad se ha desbordado y multiplicado.
Una buena revisión de la estrategia de comunicación social institucional, ahora que las angustias electorales pasaron, vendría bien para tratar de buscar única y exclusivamente la gobernabilidad, la paz social y el progreso y no el reconocimiento, que no lo tienen, los gobernantes. Pensar de otra forma, pues.