EL-SUR

Martes 30 de Noviembre de 2021

Guerrero, México

Opinión

Política laboral: gasolina al fuego

Humberto Musacchio

Noviembre 05, 2015

Como parte de la intentona destinada a terminar con el orden jurídico que hemos tenido, las políticas asistenciales y la soberanía nacional, hay una guerra en toda forma contra los sectores que puedan representar alguna resistencia. Los depredadores han ganado algunas batallas, pero no está dicha la última palabra. El grupo en el poder aplica la conocida fórmula salinista de llevar las cosas al límite y si no puede concluir la tarea, simplemente retrocede en espera de un momento mejor.
Los ejemplos abundan: ante la incapacidad del Estado para garantizar los bienes y la integridad física de las personas, numerosos ciudadanos han decidido tomar las armas para defenderse de la delincuencia. La respuesta gubernamental ha sido encarcelar a los dirigentes civiles más destacados, con lo cual el Estado quita obstáculos a los criminales.
Por otra parte, con el voto de sus partidos (PRI, PAN, PRD, etc.) y la sucia complicidad de los charros del SNTE, el gobierno (cualquier cosa que eso signifique) impone una reforma dizque educativa sin pedir opinión a quienes sí saben del tema, que son los profesores, y si éstos se niegan a acatar las disposiciones oficiales se les acusa de enemigos de la enseñanza, se les difama presentándolos como victimarios de los niños y se encarcela a sus líderes para amedrentar a las bases.
En la rama minero-metalúrgica las cosas no andan mejor. Con la abierta complicidad de las llamadas Juntas de Conciliación y Arbitraje, avanza una política que busca a toda costa mantener bajos los salarios, limitar prestaciones y privar de derechos a los trabajadores, con objeto de mantener la triste ventaja comparativa que, frente a la competencia internacional, representa para las empresas la depauperación obrera.
Las empresas mineras crearon un Frankestein paradójicamente llamado Sindicato Nacional Democrático, que no es propiamente un sindicato ni tampoco nacional ni mucho menos democrático, sino un mero membretazo patronal o, más bien, un grupo de fascinerosos que dirige un charrito montaperros al servicio de sus amos.
Esa pandilla despliega su actividad para apoderarse de secciones del Sindicato Nacional de Tra-bajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que tiene una historia tan larga como su nombre y que, pese a muchas críticas que se le pueden hacer, representa una opción de resistencia de los trabajadores, porque los sindicatos, entre otras cosas, para eso son.
Con la complicidad de las autoridades, en la empresa Honda, radicada en Jalisco, y en Peñoles, de Coahuila, se realizaron elecciones fraudulentas en las que el sindicato charro se dijo ganador, lo que originó una prolongada protesta de los trabajadores de la empresa automotriz que demandaron durante casi cinco años un recuento de votos. En Peñoles la exigencia de recuento fue de sólo cuatro meses, y finalmente se realizó la nueva votación que se demandaba, con la peculiaridad de que se hizo en las instalaciones de la empresa, lo que equivale, dice el abogado laboral Óscar Alzaga, a que una elección popular se realizara en la sede del PRI.
Por supuesto, en tales condiciones, la autoridad volvió a darle “el triunfo” al sindicato gangsteril. No les bastó haber maniobrado para ganar tiempo en espera de recomponer sus fuerzas. Tampoco el haber comprado a los liderzuelos del comité ejecutivo de Peñoles que traicionaron a sus compañeros ni asestar un madruguete dando a conocer en forma sorpresiva la fecha del recuento para evitar que los obreros se informaran y organizaran. Nada de eso fue suficiente y otra vez, pese a todas las evidencias, el recuento se realizó con la participación de empleados de confianza, guaruras y golpeadores al servicio de los charros. Nada de eso bastó y la autoridad tuvo que declarar, sin probarlo, que los ganadores eran otra vez los del sindicato patronal.
Para el caso, importó poco el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, del que el Estado mexicano es suscriptor, documento que prohíbe expresamente a “las autoridades públicas” cualquier intervención que tienda a limitar la libertad sindical o entorpecer su ejercicio con actos o simulaciones que de alguna manera restrinjan el derecho de los trabajadores a elegir su propia representación.
Eso, indudablemente, es mover a México, sí, pero con la firme intención de llevarlo al abismo.