El mejor apoyo que el senador le puede brindar a la gobernadora, será dejarla gobernar por sí misma. El pueblo ya está harto de que la parentela de los gobernantes tenga facultades de gobierno meta-constitucionales.

Qué bueno que la mandataria electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, haya rectificado públicamente lo dicho por su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, sobre la posible supresión de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), que son parte integrante de la administración pública estatal ampliada. Eso destierra de mi mente la idea de que se gobernará, vulgarmente dicho, como “chivos en cristalería” y que, en el caso de la depuración de “los OPD”, no tiren “el agua sucia de la bañera, con todo y niño”, en aras de una austeridad y un ahorro presupuestal “a raja tabla”.
Por supuesto que es válido y pertinente analizar el gasto, funcionamiento y resultados obtenidos por todo el aparato gubernamental estatal vigente, auxiliándose del trabajo profesional y serio que haga la Auditoría Superior del Estado (ASE), contando también con la activa participación de los legisladores locales, con el fin de evitar dar pasos hacia una involución, en vez de una verdadera actualización transformadora de la estructura institucional establecida. Estoy de acuerdo que, de proceder, se extingan las unidades que ya no sean útiles por su naturaleza y finalidad en la mayor y mejor atención de los graves problemas que tiene actualmente este territorio sureño, causados por la pandemia, los malos gobiernos y los desastres naturales.
No menos pasmosa fue la afirmación del senador de que serán recontratados los policías que fueron despedidos, tiempos atrás. Todos sabemos que a muchos de ellos se les liquidó laboralmente, conforme a la ley, por no pasar la certificación requerida que hiciera constar de su capacidad para servir a la ciudadanía y no a la delincuencia. Está el buen ejemplo de depuración (que quedó a medias, por falta de recursos económicos) de la policía municipal en Acapulco; que realizó el Ayuntamiento presidido, en ese entonces, por Luis Walton.
Otra afirmación sorprendente hecha por el senador, fue la referida a que la gobernadora electa incorporará en su gabinete de trabajo a todos los grupos que apoyaron el triunfo de Morena, sin importar antecedentes, perfiles profesionales o experiencia requerida. Me rehúso a aceptar que la administración pública estatal sea un espació remunerado para la “chorcha cotidiana”.
Afortunadamente esa afirmación ya fue refutada por quien va a tomar las riendas formales del gobierno a mediados de octubre próximo. Además de lealtades a los principios e ideales, se necesitarán desde el inicio, eficacias y entrega de resultados concretos y veraces; habida cuenta que no tendrán el “año de gracia” para aprender a gobernar, por la situación crítica que atravesamos. No hay que caer en el ámbito de la otrora consigna: ¡Huesos ya, puestos para todos!
Adenda obligada. El nombramiento del nuevo titular de la ASE o la ratificación por siete años más del que ahora es; está bajo la responsabilidad del Congreso del Estado; bajo la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero que ya contempla las modificaciones “a modo” promovidas por el actual gobernador y su “maestro incómodo”, en sus diversas iniciativas (la última ocurrida un mes después de la victoria presidencial de AMLO, en junio de 2018). La ley original no contemplaba ratificación alguna del Titular de la ASE y otras lindezas, que fueron producto de los sucesivos “alcances” aprobados en la pasada legislatura estatal.
Recordemos que los “entes auditables y fiscalizables de la Cuenta Pública” son 27 entidades del Poder Ejecutivo; dos del Poder Legislativo; el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial; siete Organismos Autónomos; 54 entidades del Sector Paraestatal y 80 Ayuntamientos. De esa magnitud es la relevancia del análisis y dictamen de la Cuenta Pública Anual.
De la lectura que hice de dos Informes Individuales de auditoría (IIA) que la ASE presentó al Congreso local, informo que sus contenidos, a juicio personal, no observan los principios de confiabilidad, debido a lo reducido de los montos y tamaño de las muestras auditadas; no encontrando suficiencia de transparencia y profesionalismo en la elaboración de dichos informes.
En las últimas administraciones sexenales, no hay antecedentes de que se haya dictaminado negativamente alguna Cuenta Pública Anual. Ya es tiempo, de construir las condiciones humanas, administrativas y materiales para erradicar corrupciones, ineficiencias, vicios e inercias perniciosas de tipo institucional, que atentan contra el buen gobierno.
Hoy se presenta la ocasión propicia para un punto de inflexión que permita mayor honestidad, transparencia e integralidad en la rendición de cuentas y de resultados, así como la necesaria credibilidad en el uso y destino del menguado presupuesto público del que dispondrá Guerrero en por lo menos tres años más, dada la caída de la recaudación fiscal y de aportaciones federales.

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