De la apertura económica, pasamos ahora a la apertura de las fosas mortuorias. Se los dije.

De las pocas veces que he estado de acuerdo con el gobernador saliente, Héctor Astudillo Flores, una de ellas fue el mensaje que le envió a la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, hará unos días. Donde le advirtió que no encontrarían, ella y su equipo de trabajo, las arcas públicas en una situación boyante, si no antes bien, en condiciones precarias para enfrentar los ingentes problemas de Guerrero. Principalmente, en los ámbitos de la salud, educación, seguridad, empleo y adecuados servicios públicos a la población, tanto urbana como rural. Áreas que en una circunstancia perversa han ampliado la pobreza y la desigualdad social, a causa de los estragos provocados por la pandemia, que no tiene para cuando acabar y que ha empeorado por su mal manejo.
Se ha terminado la gira regional triunfal de carácter electoral, donde las promesas abundaron por doquier y en forma magnánima, en cuanto a obras, acciones y servicios públicos se refiere. Sin reparar en absoluto en los muy limitados recursos públicos que se tendrán para cumplir tales compromisos. Y el no cumplir, es el principio que socava la credibilidad popular en la autoridad institucional. No en balde la vigencia del dicho de que el prometer no empobrece, pero el tratar de dar y no cumplir es lo que políticamente aniquila.
Dentro de noventa días empezará la acción de levantar las varas que sostuvieron los hermosos fuegos artificiales de las ofertas y promesas que adornaron la campaña gubernamental y habrá que empezar el laborioso trabajo de reconstruir la estructura básica económica y social estatal que está muy maltrecha; y de una superestructura política e ideológica muy corrupta, hipócrita y falaz.
Muchos de los triunfadores están creyendo que pasearán por hermosos senderos del Bosque de Chapultepec; pero se toparán con la brutal realidad de una Selva Lacandona. Vuelvo a subrayar lo ya dicho antes: en el actual periodo presidencial, los estados de la República han visto una importante reducción en los montos de sus participaciones fiscales y de las aportaciones federales provenientes del Poder Ejecutivo Federal.
De acuerdo a datos del Inegi, del gasto total nacional, al gobierno federal en forma centralizada le correspondió aplicar en el año 2017, el 63.9 por ciento, para tener posteriormente una tendencia siempre creciente; en 2018 aumentó a 64.9 por ciento; en 2019 al 66.6 por ciento y en 2020, la utilización centralizada fue del 67.4 por ciento. En cambio, el recurso federal transferido a las entidades federativas para su aplicación, en el mismo período de tiempo, tuvo una tendencia decreciente en forma continua, ya que si en el año 2017 representaba el 36.1 por ciento, en 2020 se redujo al 32.6 por ciento. De ahí el porqué del malestar de los gobernadores con el presidente de la República al reducirles las “canicas” con las que pueden jugar en su territorio gubernamental.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expuesto las siguientes razones para el proceso de recentralización del presupuesto público nacional: En primer lugar y de carácter programático, contar con los recursos públicos suficientes para llevar a cabo Sus Proyectos Estratégicos de Tipo Regional: (Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Tren Maya, Refinería petrolera, etc.). Y Sus Programas de Protección Social: (Pensión universal a personas de edad; becas para jóvenes, subsidios para mujeres, para campesinos, para la salud, et al.). Todo, operado por el gobierno federal.
En segundo lugar y de carácter político, el presidente AMLO ha argumentado que ya no quiere dar muchos recursos públicos a los gobernadores de los estados, porque los han usado durante muchos años, en forma corrupta, manteniendo un ejército de zánganos dentro de la administración pública estatal y además porque los orientan a fortalecer a sus partidos políticos y así contar con una buena clientela política, misma que será el voto duro que poseerán en las futuras elecciones.
El problema de esta recentralización de recursos, como política económica sexenal, debilitará el buen federalismo logrado en muchos años, aun con todas las anomalías y distorsiones que presenta. Pone en serios aprietos a aquellas entidades que no hicieron mayor esfuerzo por fortalecer sus sistemas propios recaudatorios de impuestos, productos y aprovechamientos de carácter local y se atuvieron, cada vez más, a los recursos que provenían del gobierno federal; de tal suerte que los estados más dependientes guardan una proporción de cada diez pesos que tienen de presupuesto público, nueve provienen de la federación. El Inegi da cuenta que, en 2020, los estados con mayor dependencia fueron Hi-dalgo, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Chiapas.

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