Ante la grave situación que atraviesan los defensores de derechos humanos en el mundo, el 9 de diciembre de 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso mediante la resolución 53/144, la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

La finalidad de esta Declaración, comúnmente conocida como la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, es justamente obligar a que los estados brinden garantías al trabajo que desempeñan las mujeres y hombres comprometidos con la causa de los derechos humanos.

En nuestro país esta declaración ha sido letra muerta, en virtud de que los defensores y defensoras de derechos humanos hemos sufrido en diferentes momentos y circunstancias amenazas de muerte, campañas de desprestigio y difamación, obstaculización de nuestro trabajo y en algunos casos, como el de Digna Ochoa, hasta la muerte.

A pesar de que el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la ONU en el año 2003, destina un apartado específico al tema de los defensores de derechos humanos en el que propone la elaboración de un plan integral y concreto en materia de defensores que señale qué autoridades serán las responsables de implementar mecanismos de diálogo, negociación y escrutinio con las organizaciones de derechos humanos, no existen hasta la fecha canales de interlocución eficaces que respeten y protejan el trabajo de los defensores.

En particular nuestro estado también se ha destacado por desvirtuar el trabajo de los defensores de derechos humanos, catalogándonos como defensores de delincuentes y en su oportunidad las autoridades se han encargado de desprestigiar la labor de defensa y de compromiso por la vigencia de los derechos fundamentales.

La actitud de la administración pasada como la actual coinciden en una visión sesgada sobre la naturaleza de lo que son los derechos humanos y el reconocimiento internacional del trabajo de los defensores de estos derechos. Esta posición de las autoridades estatales es una mala señal para el fortalecimiento de un estado verdaderamente democrático. En este sentido no se puede prescindir de la contribución importante que realizan los organismos civiles y públicos de derechos humanos en la construcción de un estado de derecho y de una cultura fundada en el respeto de la dignidad de todas las personas.

Algo que sobresale en la historia impune de nuestro estado es el desconocimiento que existe a nivel institucional y por parte de los funcionarios públicos sobre los compromisos que ha asumido México en materia de derechos humanos. Es difícil encontrarnos con autoridades sensibles y comprometidas con la situación que viven las víctimas de violación a los derechos humanos, prevalece una actitud despótica y legaloide que impide el acceso efectivo a la justicia y el castigo a los responsables de actos violatorios a los derechos fundamentales.

Contrario a lo que se predica vemos con preocupación el debilitamiento del estado de derecho en donde las instituciones han perdido credibilidad y la desconfianza es lo que ha marcado la relación que se mantiene entre la ciudadanía y gobierno. Los ciudadanos nos vamos desengañando cada día más de que nuestra democracia no es genuinamente representativa por que los elegidos no defienden los intereses y los derechos de la sociedad y además porque son muy restringidos o nulos los espacios de participación ciudadana, no existe un sistema de rendición de cuentas y transparencia y lo más grave es que se siguen perpetuando y fortaleciendo grupos de poder al interior de instituciones públicas.

Un indicador real sobre nuestra cultura democrática es la actitud que asumen las autoridades frente a las denuncias, interpelaciones y críticas de la ciudadanía que siente vulnerados sus derechos, ante esto la respuesta adecuada de la autoridad debería ser asumir el compromiso de atender en su justa dimensión estos reclamos, de corregir errores, de enderezar el rumbo y de dar cabida a la voz y la voluntad de la sociedad.

Es por ello, que resulta preocupante la manera como se ha calificado el trabajo de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos por parte del Ejecutivo estatal, que no se enmarca dentro de los cánones que inspiran la cultura de los derechos humanos y que manifiestan el desconocimiento de los principios universales que nutren estos derechos; poniendo en riesgo una de las instituciones más respetables por la sociedad guerrerense, pues en ella ha encontrado una salvaguarda efectiva para el respeto a sus derechos humanos.

Es criticable que se ponga en tela de juicio el trabajo de la Codehum cuando en momentos críticos donde se registra un exceso en el ejercicio de la autoridad, ha sido una institución que acompaña y se solidariza con la población que ha sido víctima de alguna violación a sus derechos humanos como sucedió con los normalistas aglutinados en el FENEG.

Para inaugurar una relación respetuosa y apropiada con los defensores de derechos humanos es imprescindible que el instrumento de acercamiento y de diálogo sea el espíritu y la letra de la Declaración de los Defensores de derechos humanos, que ante todo reconoce que los defensores somos actores legítimos que contribuimos eficazmente en la eliminación de todas las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos y las personas.

Si queremos arribar a un estado verdaderamente democrático, se tienen que fortalecer los organismos civiles y públicos de derechos humanos, que son una voz crítica y vigilante de la ciudadanía que busca que las autoridades se ciñan al cumplimiento de la legalidad y el respeto de la dignidad humana. De lo contrario se seguirá zanjando la relación entre la ciudadanía y las autoridades, que de por sí se encuentra en un estado crítico ante la ausencia de una interlocución adecuada que ayude a la reconciliación y solución pacífica de conflictos de larga duración.

No debemos olvidar que una característica de los regímenes autoritarios es la resistencia para asumir la responsabilidad gubernamental ante actos violatorios de los derechos humanos y además culpar a los defensores sobre los mismos mediante ataques que tienen como telón de fondo la incapacidad gubernamental para implementar medidas que garanticen los derechos humanos.