(segunda parte)

La crisis económica que ya embarga a nuestro país, como secuela creciente de la todavía imparable pandemia, con sus dinámicas de puntas y repuntes del Covid-19, se estima, por parte del Inegi, Banco de México y Secretaria de Hacienda, una caída anual de no menos del 10 por ciento de la generación de riqueza nacional (PIB) que, para instituciones internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Comisión Económica para América Latina, representa una debacle económica. Por no mencionar el refrendo que hacen los análisis de los principales especialistas económicos de nuestros más prestigiados centros educación e investigación superior.
Las proyecciones indican también que a México le llevara no menos de cuatro años recuperar lo perdido; a partir de que exista y haya aplicación masiva de la vacuna contra el Covid-19. Un estimado para la economía de Guerrero indica que pasarán no menos de seis años para rescatar lo perdido. Debido a que, además de estar interconectada su economía a la nacional, ocupa, como entidad federal, el segundo lugar de mayor pobreza multidimensional en el país. Esa en una de nuestra “nueva y cruda realidad”, aunado a tener una de las economías más vulnerables; ya que dependemos en grado sumo de la actividad turística, que ha sido una de las más golpeadas por la pandemia a nivel mundial.
A eso hay que sumarle que poseemos un ejército laboral poco calificado, de bajos ingresos mensuales y que, en su mayor parte, un 70 por ciento o más, está integrado por trabajadores informales y ambulantes; sin protección social y con fuerte incertidumbre sobre un trabajo continuo y estable. El nuevo gobernante, próximo a suceder al actual, que no quiera reconocer esta crisis económica, que va profundizándose cada día en Guerrero, sencillamente será un conductor social y político que no quiere ver y no quiere oír; pero sí decir, irresponsablemente, mucha mendacidad.
Si nos adentramos un poco en un aspecto crucial de índole social, que es la seguridad pública; nos encontramos con un grave problema de no saber a ciencia cierta, cuantos delitos y homicidios de distinta naturaleza, se cometen a diario en Guerrero; ya que las cifras oficiales están basadas en los registros de casos que son presentados por la ciudadanía ante el ministerio público. Los analistas especialistas en la materia indican que el 87 por ciento de los casos reales, no se reportan por la gran desconfianza, profunda y arraigada, que tiene el ministerio público por su ineficiencia e ineficacia.
PD 1. En el Hospital General de Chilpancingo, el director general está obligando a los médicos no sindicalizados, a firmar contratos temporales para trabajar exclusivamente en las áreas de urgencias y de tratamiento de Covid-19; es decir, en las zonas de máximo riesgo, con salarios menores y horas de trabajo mayores que el personal médico sindicalizado. Aquellos que osan protestar por esta discriminación y desigualdad, laboral y salarial, los da de baja ipso facto. Ojalá el secretario estatal de Salud tome cartas en el asunto para que se tomen decisiones justas para los médicos no sindicalizados.
PD 2. Necesito con urgencia que me oriente un experto en operaciones electorales, para indicarme una estrategia eficaz, en el marco de una pandemia que no deja de crecer, a efecto de capturar 75 mil firmas de respaldo de personas con credencial de elector a la aspiración personal de ser candidato independiente a la gubernatura de Guerrero. La captura debe ser de manera presencial a través de “gestores” con teléfono móvil habilitado, en no menos de 45 municipios de Guerrero, en 46 días, porque la fecha improrrogable de entrega es el próximo 8 de enero, ya que el calendario electoral estatal está alineado con el que marca el INE; y que, como simple ciudadano que soy, no cuento con ninguna organización operativa de tipo electoral y tampoco con tlacos para la movilización y protección sanitaria de los “gestores”.