A partir de la fraudulenta asamblea de comuneros de Cacahuatepec del pasado 23 de agosto, realizada fuera de su jurisdicción agraria y bajo resguardo policiaco, el gobierno y los inversionistas privados nacionales y extranjeros ya celebran que el proyecto hidroeléctrico La Parota será una realidad. Esa asamblea era sólo un trámite para la concreción de una de tantas presas que el gobierno foxista se propuso realizar desde inicios del sexenio en el marco del desafortunado Plan Puebla Panamá y como parte de una estrategia de modernización para atraer a inversionistas privados.

En pro de esta “millonaria inversión” el beneplácito por el resultado maquillado de la citada asamblea no se ha hecho esperar. Los líderes del viejo y del nuevo régimen (que por la forma autoritaria de gobernar es lo mismo), encabezados por el gobernador en turno, se anotan esa “anuencia comunitaria” como un triunfo para el porfiriano “progreso” de este bronco y pobre estado sureño. Al unísono se unen los funcionarios de la CFE, los líderes de los partidos políticos y de sus fracciones parlamentarias en el Congreso local, los líderes cenecistas expertos de antaño en fraudes agrarios, los directivos de las cámaras patronales de la ciudad de Acapulco que esperan la oportunidad de hacer negocios, y algunos otros actores ingenuos y ajenos al proyecto. Todos se congratulan de las bondades del proyecto sin mencionar sus pormenores.

Los estudios técnicos previos para justificar la viabilidad el proyecto, la labor de “convencimiento” por míseros cientos de pesos para que los comuneros renuncien a su patrimonio, el soborno a los miembros del Consejo de Administración de la comunidad agraria para que traicionaran a su pueblo, las campañas publicitarias para tener a la opinión pública a su favor, la presencia policiaca para intimidar a la población, las costosas asambleas comunales que se han hecho, y las amenazas con averiguaciones previas contra los líderes opositores, ya son parte de los millonarios costos de preinversión del proyecto. Es decir, el gobierno, la CFE y los inversionistas (los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, y los empresarios beneficiarios de las licitaciones), desde hace unos años ya están invirtiendo en la región.

Del proyecto hidroeléctrico, hasta ahora sólo se ha dicho que creará 10 mil empleos, generará energía eléctrica, garantizará agua a la ciudad de Acapulco, traerá beneficios sociales a los habitantes afectados, en fin, que será una inversión importante que “no debemos dejar ir”. Pero lo que no se ha dicho son sus aspectos negativos y las dudas que cualquier afectado o ciudadano guerrerense puede plantearse sin ser experto en la materia. Veamos:

En lo económico

¿Los mil millones de dólares (diez mil millones de pesos) que se invertirán, es crédito del BM-BID, operado a través del gobierno federal (CFE), cuyo capital principal e intereses pagaremos todos los mexicanos en varios años? Si es así, ¿por qué no se han difundido ampliamente los distintos componentes del proyecto y sus distintas etapas de aplicación? ¿Cuánto se destinará a los gastos de preinversión, cuánto para indemnizar las tierras de la población afectada, cuánto a la construcción del muro–cortina principal de la presa, cuánto a obras colaterales y complementarias, cuánto para compensar el deterioro del medio ambiente, cuánto para conservar las fuentes hídricas de toda la cuenca del río Papagayo?

¿Cuánto invertirán los gobiernos del estado y el municipal y qué beneficios esperan obtener de las utilidades que se generen durante los próximos 50 años, o serán sólo testigos presenciales? ¿Los principales beneficiarios serán los pobladores locales o los grandes inversionistas de la construcción, los proveedores de materias primas y los acreedores bancarios?

¿La obra se reflejará en la disminución de las tarifas de luz y agua para la población guerrerense? ¿Cuánta energía se producirá al año, qué valor representará, y qué beneficios redundarán para el desarrollo de Guerrero?

En lo social

¿De qué manera se van a beneficiar los 25 mil habitantes, dueños naturales de las aproximadamente 15 mil hectáreas de tierra donde se construirá La Parota? El beneficio sólo se limita a la “indemnización o compra” de sus terrenos, o tendrán acceso al agua y luz para fines domésticos y productivos (sistemas de riego); habrá un programa de reposición de su patrimonio productivo o sólo tendrán la opción de la subcontratación ahora como peones, albañiles, cocineros, choferes, etc.? ¿Cómo se compensará a los otros tantos de miles de habitantes que viven aguas arriba y aguas abajo de la presa que respectivamente se verán involucrados por la vía de preservar las fuentes naturales de escurrimientos de agua, y de vivir las consecuencias del desecamiento de sus tierras agropecuarias?

¿Cómo se reordenarán los nuevos centros de población sin que se afecte la tradicional forma de organización y convivencia social comunitaria?

Una vez que a causa de La Parota se ha perturbado la estructura de representación y toma de decisiones comunitarias, ¿cómo se restablecerá la armonía política? ¿Cómo se reconstituirá el tejido social, una vez que ha sido corrompida una parte de la población y otra ha sido excluida de las decisiones? ¿Se agrandará el cauce de la ilegalidad en la toma de decisiones con asambleas amañadas y amenazadas con la policía?

¿Cómo se garantizará que la CFE cumpla a cabalidad y justicia su compromiso de pago justo y oportuno de las tierras si en otros estados los pobladores se quejan de su incumplimiento? ¿Qué papel jugará el gobierno del estado, el municipal y el Congreso local? ¿Se quedarán sus buenas intenciones sólo en pronunciamientos de prensa o darán pasos concretos con iniciativas de ley y convenios específicos?

En lo ambiental

¿Existe un estudio de impacto ambiental acorde con los estándares nacionales e internacionales para este tipo de obras? ¿No existían otras opciones tecnológicas más baratas y ecológicas para producir energía y agua que no fuera sólo construir una macro presa? ¿De qué manera se compensará el deterioro del medio ambiente afectado en la superficie que será ocupada por el agua, y en la que se encuentra aguas arriba y aguas abajo de la presa? ¿Cómo se repondrá el vacío que la presa provocará en los nichos ecológicas de la flora y fauna nativa del lugar? ¿Qué servicios ambientales se pagará a los dueños de la cuenca donde nacen los escurrideros que conforman el afluente principal del río Papagayo?

Atender estas y otras muchas dudas y compartir sus respuestas (con la población directamente afectada y con todos los ciudadanos mexicanos), es vital en caso de que se persista en el proyecto. Reponer esa fraudulenta asamblea, y más aún, modificar el modelo neoliberal de ejecución del proyecto que prioriza la inversión económica privada extranjera excluyendo los factores sociales y ambientales locales, es una necesidad impostergable por el bien de Guerrero.

Retomar el diálogo con los opositores en una actitud democrática, incluyente y libre de intimidación gubernamental es el primer paso en este rumbo.

Un segundo paso es que entre los pobladores afectados y la opinión pública en general, se difundan en condiciones de equidad, las razones de los ninguneados opositores; debe suspenderse ya la avasalladora y parcial campaña a favor de La Parota. Como en los procesos electorales, y más aún cuando se trata de una obra estratégica y transexenal que como ésta afectará a miles de familias, deben conocerse las dos versiones, los pros y los contras del proyecto, y permitirse el debate para que los involucrados decidan libremente con conocimiento de causa y sin ningún indicio de manipulación.

En tercer lugar, si el gobierno muestra un mínimo de sensibilidad democrática y reconoce la ilegalidad de la pasada asamblea, entonces debe procederse no sólo a reponer esa asamblea, sino a poner en marcha un proceso de discusión del proyecto para que los pobladores (ojo: no sólo los comuneros, sino todos los pobladores de la zona afectada) puedan decidir de manera libre e informada sobre un asunto que cambiará el rumbo de sus vidas. En este sentido, debe darse paso a una etapa de reuniones de información y discusión en todas las comunidades afectadas que culmine en una asamblea de auténticos comuneros con un padrón depurado y reconocido por las partes en conflicto. Y/o debe organizarse un plebiscito en el que se tome en cuenta a todos los ciudadanos que viven en la zona. Las partes en conflicto deben participar en condiciones equitativas y con una representación legítima en la conducción de este proceso.

Si La Parota va, los primeros beneficiarios deben ser los pobladores afectados, y en consecuencia, deben involucrarse de manera decisiva y con la información adecuada, en todas las etapas del ciclo del proyecto. A su vez, los gobiernos del estado y el de Acapulco, los legisladores y la opinión pública, deben ser los principales garantes de que esto así sea.

Se realice o no se realice La Parota, los habitantes de esa región ya no deben estar excluidos del desarrollo, y en cambio deben seguir siendo considerados mexicanos con los mismos derechos sociales y políticos que gozan los inquilinos de Los Pinos y de Casa Guerrero.