En el fragor de los cambios salinistas para preparar la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994, se hicieron cambios trascendentales en materia de leyes, instituciones y políticas públicas. Lo central tuvo que ver con minería, lo agrario, energía y el agua. Así, en diciembre de 1989 se crea la Conagua cuyo principio era “considerar que la participación de la sociedad es indispensable para alcanzar las metas que se tracen en cada cuenca del país”, y su primer director general fue el Dr. Fernando González Villarreal, un brillante neoliberal estudiado en Berkeley y la UNAM, fundador también del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y asesor del Banco Mundial para el tema.
La primera actividad relevante de la Conagua fue en diciembre de 1992 al implementar la Ley de Aguas Nacionales (LAN), teniendo como principal objetivo la “gestión integrada del agua”. Se trataba de una ley totalmente neoliberal que apoyaba y protegía a las grandes empresas; era pués la era del salinato que también entregó las minas y la tierra a las grandes empresas.
Con sustento en esta ley, se permite la sobreexplotación de acuíferos y la entrega discrecional de concesiones. Más de 3 mil grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Conagua (67 %); entre ellos Kimberly-Clark y Banco Azteca, empresa de los millonarios Claudio X. Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras Gold Corp y Buenavista del Grupo México, propiedad del millonario, Germán Larrea Mota-Velasco. Un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios o prestanombres, como en el caso de Coca-Cola y la familia Tricio, del Grupo Lala. Con ello queda claro que el gobierno perdió la rectoría en el manejo del agua.
En febrero de 2012 se modificó el Art. 4º. Constitucional y se ratifica el derecho humano al agua y no sujetarla mediante la LAN a los mercados. Y fue a partir de aquí que se vino configurando el movimiento “Agua para Todos”, el cual, mediante decenas de foros y eventos fue construyendo una propuesta de Ley General de Aguas (LGA) que se planteaba abrogar la neoliberal LAN. Se trata de un conjunto de propuestas para transparentar el uso del agua y evitar que el agotamiento de acuíferos beneficie a las grandes empresas.
Pero la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas ha durado cuatro legislaturas en la congeladora. Ello habla de los grandes intereses que tienen las mafias de poder, funcionarios de Conagua y empresas transnacionales.
Trece años han pasado y en este nuevo gobierno se retomó el tema gracias a la presión ciudadana que comenzó a constituir las Contralorías Ciudadanas del Agua en todo el país. En el 2022, la SCJN dictaminó que se tendría que elaborar y decretar una Ley General de Aguas.
Sin embargo, a pesar de que el agua en los ríos y arroyos fluye como una sola y hacia un mismo sentido, las presiones de las grandes empresas y los lobyeros al interior del Congreso, pretenden continuar con la LAN neoliberal y aprobar una LGA a modo, solo para cumplir con el mandato de la SCJN. No lo podemos permitir, porque el agua es para la vida.
Pero lo más chusco es que aquel experto salinista y primer director general de la Conagua, el Dr. Fernando González Villarreal, es quien fue contratado para elaborar la LGA en cuestión, que el Congreso pretende aprobar vía Fast Track, como en los viejos tiempos priistas. Así no nos contaron la 4T.
El proyecto de decreto que ya está en comisiones, simula la participación ciudadana, ya que se conservan los Consejos de Cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, dominados por grandes empresas: energéticas, mineras, embotelladoras y constructoras, excluyendo a comunidades y usuarios comunes. No sólo incumple el mandato constitucional de emitir una nueva ley general que regule el agua en todo el país, sino que conserva el espíritu privatizador del agua, responsable de las actuales crisis ambientales e hídricas en México.
Estamos frente a la necesidad de cambiar el paradigma del agua en México, se requiere una ley ciudadana, una ley que sí represente a los pueblos, a las comunidades, no una ley para el mercado, no una ley para los negocios, no una ley para el gran capital, que es tal cual lo que está presentando esta iniciativa y que está maquillada o simulada.
A partir de hace un año que se constituyó la Contraloría Nacional del Agua en el marco del colectivo “Agua para Todos”, se han venido impulsando las siguientes demandas:
Abrogación de la Ley de Aguas Nacionales de 1992.
Aprobación de una nueva Ley General de Aguas Ciudadana, que garantice gestión pública, equitativa y participativa.
Parlamento Abierto y dictaminación conjunta de las iniciativas, incluyendo la ciudadana.
Desprivatización, transparencia y acceso equitativo al agua.
Reconocimiento jurídico pleno a los sistemas comunitarios y de pueblos originarios.
Afortunadamente, nuestra presidenta de la República, ante la pregunta de una periodista que habló del tema en la conferencia mañanera de este 21 de octubre, abrió la puerta para que se sometiera a consulta la LGA que se ha querido imponer.
Ya la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó realizar los foros regionales de Parlamento Abierto, con el objetivo de discutir y enriquecer las iniciativas legislativas que buscan transformar el marco legal del agua en México.
Las 82 organizaciones que integran la Coordinadora Nacional “Agua para Tod@s, Agua para la Vida”, junto con 34 contralorías autónomas locales y la Red Nacional de Sistemas Comunitarios del Agua, se han propuesto impulsar esta consulta. Necesitamos una ley que enfrente la crisis hídrica que vivimos en todo el país, y eso sólo se logra escuchando a quienes viven sus consecuencias todos los días. Por ello se requiere la activa participación de todos.