La prensa se ha convertido en un fiscal imperfecto, extraoficial, y con frecuencia falible en materia de denuncia de los abusos de poder, pero absolutamente indispensable. El asunto de los colchones de Carlos Flores, el efímero embajador ante la OCDE en París, deja en claro, una vez más, el carácter diurético que posee el periodismo en el saneamiento de la vida pública.

Como sabemos el funcionario adquirió seis colchones y sus almohadas por 160 mil pesos y cuatro autos por valor de 250 mil dólares. Decidió comprar una casa estimada en más de 15 millones de pesos y ponerse al día en las cuotas de México ante el organismo internacional. Las notas periodísticas alcanzan a precisar que el nuevo funcionario comenzó a instalar un menaje de casa con detalles morbosos: un sacacorchos por 3 mil 346 pesos y una plancha eléctrica para pantalones de 5 mil 450 pesos, por ejemplo.

Al margen de las consideraciones que se desprenden de este flagrante abuso de parte de personas que llegaron a Los Pinos enarbolando banderas de austeridad en cruzadas en contra de la corrupción, llama la atención el escrutinio de la prensa. Se trata de un gasto realizado en París, lejos del trajín                         de los reporteros que monitorean puntualmente el trabajo de los funcionarios de primer nivel.

En otras décadas habría resultado imposible la publicación de una nota de esta naturaleza. Sobre todo, porque se trata de un amigo personal y colaborador íntimo de Vicente Fox. Usualmente existía un blindaje informativo en torno al primer círculo de la figura presidencial. Los usos y abusos de la familia y colaboradores cercanos llegaban a hacerse públicos sólo ocasionalmente y nunca durante el mismo sexenio. Hoy no es así.

La prensa ha llenado parcialmente el vacío que los tribunales y los jueces no han ocupado. Es evidente que en materia de combate a la corrupción y procesamiento de funcionarios, el Poder Judicial se ha mostrado harto condescendiente con respecto a sus colegas del Poder Ejecutivo y Legislativo. Hay una especie de hermandad entre la burocracia; un pacto no escrito. Y si bien es cierto que la autoridad finca cargos por corrupción de vez en cuando y que éstos son investigados puntualmente por el Poder Judicial, da la impresión de que en la mayoría de los casos se trata de actos políticos: un funcionario caído de la gracia, la zancadilla de una fracción rival, una manera de deshacerse de un colaborador incómodo, etc. Son actos impulsados por la conveniencia política, y no por las convicciones morales.

La prensa en cambio arrasa parejo. En el fondo quizá también por una razón de conveniencia pero que se traduce en prácticas muy útiles para la comunidad. El avance de la opinión pública ha provocado una gran presión a favor de medios de comunicación confiables. Es tal la lucha por el mercado de lectores y auditorios entre los medios informativos (radio y papel, en particular) que unos y otros compiten por ganar credibilidad frente a sus públicos. Y nada otorga más prestigio que la denuncia constante de las prácticas indebidas por parte del poder.

En el pasado se decía que el dueño de un periódico no ganaba por lo que publicaba sino por lo que dejaba de publicar. Hoy ya no es así. Los medios que tienen raiting, audiencia o lectores (según sea el caso) logran facturaciones de publicidad enormes procedentes anunciantes que buscan difusión a sus productos. Son cantidades que superan con mucho lo que el gobierno está en condiciones de transferir. Más aún, si bien es cierto que el gobierno querría medios dóciles hoy en día le resultan más convenientes medios que tengan penetración. O dicho de otras manera, en la Ciudad de México existen dos docenas de periódicos de los cuales un 80 por ciento depende de subsidios o transferencias del gobierno y los partidos. Pero les sirve de muy poco porque carecen de circulación real. Si el poder público no recurre a los tres o cuatro periódicos de mayor circulación (justamente los que lo critican para ganar audiencia) sus mensajes no llegan a la opinión pública. Lo mismo podría decirse de los noticieros de radio.

En resumen, hay una lógica comercial que obliga a los principales medios a competir entre sí para ganar credibilidad a fuerza de investigar, denunciar y exhibir los abusos de la autoridad. Esa es una buena noticia.

La mala noticia, es que este trabajo de fiscalización que realiza la prensa con frecuencia es imperfecta y falible. En ocasiones hay excesos porque los periodistas carecen de la autoridad, la formación y los recursos legales para ejercer estas tareas de manera profesional y cabal.

De ahí la importancia de los recientes esfuerzos para establecer una normatividad que obligue a los funcionarios a entregar toda información solicitada. Ello permitirá transparentar con mayor certidumbre el ejercicio del poder y mejorará enormemente la capacidad de denuncia, en calidad y cantidad.

El recién creado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, que se encargará de ello, carece del glamour que tiene el IFE, por ejemplo. Pero a largo plazo será tan importante como éste para establecer las bases de una sociedad democrática sólida e irreversible. Por lo pronto, Carlos Flores prácticamente ha destruido su carrera política. Muchos como él lo pensarán dos veces antes de irse de compras. ([email protected])