EL-SUR

Miércoles 29 de Junio de 2022

Guerrero, México

Opinión

Prensa y tráfico de influencias

Humberto Musacchio

Febrero 17, 2022

No se apagan las llamas del escándalo por la relación entre Pemex, la firma Baker Hughes y el hijo y la nuera del presidente López Obrador. La ira del mandatario contra los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola rompió los límites que impone la democracia a la relación entre prensa y poder.
Aristegui es una probada defensora de las causas democráticas. No debe olvidarse que a lo largo de años abrió los micrófonos a las denuncias del entonces aspirante y hoy titular del Ejecutivo federal, lo que era una riesgosa manera de defender el régimen de derecho y la limpieza electoral. Carmen lo hizo ajustándose a señalar los abusos evidentes del poder, las campañas pagadas y el contubernio entre el PRI y el PAN para sacar de la competencia al ahora Presidente de la República. No puede olvidarse que ese periodismo valiente y del todo profesional le costó a Carmen su salida de MVS, pese a lo cual se mantuvo al aire echando mano de recursos propios y, gracias a su prestigio, en la radio comercial, donde nunca renunció a sus convicciones.
En el caso de Carlos Loret de Mola, tampoco puede omitirse que pertenece a una célebre estirpe de comunicadores, en la cual brillan Carlos Loret de Mola Mediz, político del PRI, pero también periodista que iba tan lejos como lo permitía el momento y con frecuencia más allá. En un caso semejante está Rafael Loret de Mola, hijo del anterior, quien por su periodismo y sus libros ha enfrentado las fobias del poder.
Carlos Loret de Mora Álvarez, hijo del anterior, es ahora el blanco de durísimas críticas del Presidente de la República. Este Loret ha sido un persistente crítico del mandatario y hace unos días difundió que la residencia de Houston donde vivían o viven Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, y su esposa Carolyn Adams, es propiedad de un alto ejecutivo de la firma Baker Hughes, la que tiene jugosos contratos con Pemex, al parecer gestionados por la misma Carolyn, los que, de acuerdo con investigaciones de la rigurosa periodista Peniley Ramírez, han sido incrementados casi seis veces en este sexenio, pues de 66 millones de dólares que amparaban inicialmente, ahora suman 343 millones de dólares (unos 7 mil 200 millones de pesos).
Habría que llamar a cuentas al agrónomo que dirige Pemex, quien fue advertido de irregularidades por el área jurídica de la empresa, aunque desde el primer momento diversas autoridades debieron advertir que el parentesco de señora Adams con AMLO era o podía ser legalmente inadmisible.
Lejos de proceder con apego a la ley y esperar una investigación del asunto, AMLO ha optado por la confrontación directa con Loret, de quien hizo públicos sus ingresos, poniéndolo en peligro a él y su familia. Nada tiene de malo ganar buen dinero si éste es lícito y se pagan los impuestos correspondientes. Lo que es violatorio de diversos ordenamientos es divulgar información oficial que por ley debe ser confidencial.
Para colmo, se dio a conocer que Andrés Manuel López Beltrán es empleado de la firma KEI Partners, que pertenece a los hijos de Daniel Chávez, cabeza del grupo empresarial Vidanta, a quien AMLO nombró “supervisor honorífico del Tren Maya”, que pasa por zonas donde ese grupo tiene intereses. Habrá que preguntarse si en este caso hay o no conflicto de intereses.
Es del todo desproporcionado que las informaciones periodísticas se consideren “ataques” a la familia del Presidente o, peor aún, acciones “golpistas”. El periodismo sirve a la sociedad, pero también al gobierno porque hace públicos diversos problemas que ha de evitar o resolver.
El periodista de cualquier medio, como todo ciudadano, tiene (tenemos) puntos de vista que pueden coincidir o disentir de los que sostiene el Presidente, pero en todo caso lo exigible es la veracidad de la información y el rigor de los análisis en que se base la crítica. Si desde el poder se acusa a alguien de incurrir en falsedades deben presentarse pruebas, no sólo dichos ni condenas que convocan al linchamiento. Lo que está en juego es el respeto a la libertad de expresión, la democracia, la vigencia de la ley, la estabilidad del país e incluso el futuro inmediato del gobierno acusador. Por salud pública, convendría tenerlo presente.