El llamado “paquete económico” entregado hace unos días al Congreso por el Ejecutivo podría definirse con una frase: demasiado y demasiado poco. Aparte de la peculiar situación política en que se hizo dicho envío pues el titular de la Secretaría de Hacienda que lo elaboró (Videgaray) fue distinto al que lo entregó y tocará defenderlo y ejecutarlo (Meade), el Presupuesto de Egresos contiene un conjunto de recortes muy severos. El más importante es el que se refiere al gasto en la inversión pública que se reducirá en poco más de 204 mil millones de pesos, lo que representa un 85.4% del total de los recortes anunciados. Es decir que en este renglón se concentra casi todo el tijeretazo al gasto. Ello es demasiado pues sus efectos se sentirán a corto y largo plazo. Sin obra pública en infraestructura, el potencial productivo del país se verá gravemente afectado pues la inversión en este sector es fundamental para el crecimiento. Significa condenar al país al estancamiento por un largo plazo. Nos convierte en un país más pobre no sólo para el próximo año sino para el próximo futuro. Con ello, igualmente, el empleo y los ingresos de los trabajadores también se irán todavía más a la baja, con la enorme consecuencia social que ello implica.
El gobierno aduce que la inversión será realizada por el sector privado, pero esto muy difícilmente sucederá como lo indica la experiencia histórica de las últimas décadas. Bajo esa lógica, una de las reducciones más fuertes en este rubro recaerá en Pemex pensando que la reforma energética abrirá el camino a la inversión extranjera. Pero los recortes, equivalentes a casi la mitad de su presupuesto en términos reales respecto al de este año, también se harán en obras a cargo de la SCT (puertos, carreteras, telecomunicaciones).
Para la tecnocracia que administra los mercados financieros y para los centros de poder del capital internacional, el recorte es demasiado pequeño, insuficiente. Ellos y algunos sectores del PAN pensaban en una poda aún mayor, de más de 400 mil millones de pesos. Prueba de que quedaron insatisfechos fue la caída de la Bolsa y la devaluación del peso que se presentó al otro día de la entrega del paquete. Para ellos, la reducción no soluciona lo que consideran el principal problema del país: el aumento de la deuda púbica. Según los cálculos del gobierno, ésta disminuirá casi nada (0.3%) en relación con el PIB lo que para estos grupos significa “más de lo mismo”.
El asunto de la deuda pública se ha convertido, equivocadamente, en el centro de las preocupaciones de muchos opinadores y desde luego de los grupos privados nacionales y extranjeros. Pero, desde una perspectiva más amplia, la caída en la inversión púbica representa un daño mucho mayor para el país que un aumento moderado de la deuda. Sin embargo, una opinión como ésta, es satanizada y condenada, por principio, por estos grupos.
En un documento del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, titulado “Ante la situación y la perspectiva económica: activar el crecimiento…” publicado recientemente y disponible en www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx y el cual suscribo junto un amplio grupo de académicos, el problema se plantea de manera distinta. Dado que todos los pronósticos y metas gubernamentales sobre el crecimiento han quedado cortas, con todo y las famosas reformas estructurales, el problema entonces reside en cómo sentar las bases de una economía más dinámica. Desgraciadamente se está actuando en sentido contrario. El problema es que ajustar el gasto, sobre todo en inversión, y provocar una mayor caída del PIB, puede causar el efecto contrario al que se busca, la sustentabilidad de las finanzas públicas y la reducción de la deuda del gobierno. En cambio, un mayor crecimiento de la actividad económica permitiría un mejor control de estas variables. “La estrategia de austeridad no sólo provoca consecuencias adversas e inmediatas…, sino que también socava las condiciones para obtener ingresos públicos crecientes y sostenibles que permitan financiar el gasto y mantener niveles de deuda adecuadas”: Es decir, el remedio es peor que la enfermedad.
De ahí la necesidad de “modificar a fondo la estrategia” y ello incluye centralmente discutir “la dimensión del espacio fiscal del que México dispone, cómo se está utilizando, cómo podría usarse mejor y cómo ampliarlo de manera consistente”. Las preguntas que se derivan de esa discusión son, entre otras: ¿la deuda es ya un peligro real, estamos al borde de la insolvencia? ¿No hay espacio para una mayor recaudación fiscal? ¿Asumiendo la necesidad de contener el gasto, no sería necesario revisar los renglones que han sido recortados, sobre todo aquellos que afectan la inversión y el gasto social fundamental? Y ¿se puede gastar mejor, sin tanta corrupción y dispendio?
El documento plantea como lo ha hecho en otras ocasiones, la necesidad de poner a discusión una “reforma fiscal de fondo” que debe considerar “además de la supresión de exclusiones (a grandes empresas causantes) y la mayor progresividad del impuesto sobre la renta, en especial a las personas, diversas figuras impositivas como el impuesto a las transacciones financieras, al patrimonio y a las herencias y legados, entre otros”.
Esta propuesta ha sido descartada desde hace años por el gobierno y la derecha sin mayor debate. En cambio, se han ocupado de decir una y otra vez que la deuda es ya “muy elevada”. En la literatura académica y en los organismos multilaterales como el FMI, el tema de la deuda pública es un asunto muy polémico. Los partidarios de las políticas de ajuste parten del supuesto de que su crecimiento, más allá de ciertos márgenes, es la causa de la inestabilidad de las economías y de su posterior derrumbe. Pero ¿cómo medirla? El indicador más utilizado es su relación con el PIB. Según un conocido estudio de Rogoff y Reinhart el límite tolerable es 90%, más allá del cual casi inevitablemente se presentarían serios problemas económicos (la deuda actualmente de México es de alrededor del 50% del PIB). Pero este estudio ha sido criticado por otros economistas. Además, cada país es un caso diferente, lo que hace difícil adoptar un solo parámetro. Por ejemplo, Canadá tiene una deuda de casi 90% del PIB, la cual ha venido aumentando en los últimos años porque se decidió invertir en infraestructura para frenar la recesión de 2008. Y parece que, lentamente, pero lo están logrando sin mayores turbulencias.
Desde luego, en el caso de México, el peso de la deuda externa y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos han sido dos grandes problemas. Según el estudio de la UNAM, actualmente, un tercio (32%) es deuda externa, dos quintos (42%) representa la deuda interna de residentes en México y 22% es también deuda interna, pero en manos de no residentes. “Esta última es la que incide más en el tipo de cambio, es decir en las devaluaciones bruscas de nuestra moneda”.
También es cierto que el entorno internacional no es favorable: la economía mundial no parece recuperarse ni con ello el precio del petróleo, además de la temida alza de las tasas de interés en Estados Unidos a final de año.
A pesar de todo, como lo subraya el documento de la UNAM, se tiene y se puede cambiar el enfoque de estos problemas: poner en el centro el objetivo de un mayor crecimiento para mantener la estabilidad del país, al contrario de lo que se pregona en los medios oficiales y oficiosos.
Diseñar una política económica alternativa es posible. No hay un camino único, no se tiene que condenar al país a la pobreza del crecimiento. Si el gobierno no quiere o no puede, entonces el Congreso debería analizar y discutir la búsqueda de otros caminos. Si ello no sucede, seremos víctimas de dos desgracias: un recorte demasiado severo que provocará menor capacidad productiva ahora y en el futuro, y mayores presiones de los tecnócratas y poderosos que controlan los mercados financieros, lo que podría traer una mayor inestabilidad económica.

Twitter: @saulescoba