Nuestro siglo se distingue por una dinámica permanente de cambio. Lo mismo sucede en las administraciones públicas, que deben adecuarse en función de la política económica y las prioridades de política social, salud, educación y cada nuevo gobierno. En este escenario, las instituciones públicas para cumplir con su mandato de manera óptima, requieren de dos elementos.
El primero es una visión clara sobre la posición en la que deben encontrarse para cumplir con sus funciones en el marco de las normas legales que los rigen, como contar con una estrategia para identificar posibles riesgos, mitigar sus efectos y evitar que le impidan cumplir con sus objetivos. Así como cumplir cabalmente con la sociedad en los fines para los que fueron creadas.
Considerando que las Entidades de Fiscalización Superior no son ajenas a esta realidad, la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI-INTOSAI) lanzó un nuevo proyecto: la iniciativa de gestión de crisis y riesgo para el desempeño de las EFS, CRISP por sus siglas en inglés, que busca apoyar el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgos y crisis de las EFS para contribuir a su buen desempeño en esas circunstancias.
La CRISP es una respuesta a una crisis: la pandemia de Covid-19. La pandemia, al ser una amenaza sistémica, ha afectado distintos ámbitos de la vida pública: la economía, la educación, la convivencia social y un largo etcétera. La mayor parte de las EFS no están preparadas para hacer frente a una crisis sanitaria que, en unas cuantas semanas, les ha obligado a restringir sus actividades presenciales, modificar sus marcos normativos y adoptar nuevas metodologías de trabajo para salvaguardar el bienestar de su personal.
Los primeros meses de la pandemia amenazaron la dinámica y las metas de la fiscalización superior y la rendición de cuentas en todo el mundo, un momento crítico en virtud de que hay etapas del proceso de auditoría que no contemplaban vías distintas que las de llevar a cabo reuniones presenciales.
La correcta vigilancia del ejercicio de los recursos públicos y la correcta gestión pública, marcan la diferencia en el bienestar de la población, ya que es común que los riesgos de corrupción se incrementen en condiciones extraordinarias, lo que obliga a no detener la fiscalización superior y superar situaciones extraordinarias.
Las EFS han enfrentado riesgos, que no estaban contemplados en sus procesos de gestión: ¿Cómo garantizar el cumplimiento de los plazos de las auditorías si los equipos auditores están mermados por la enfermedad o si la entidad fiscalizada ha suspendido sus actividades? ¿Cómo auditar a distancia sin acceso a bases de datos, la incipiente digitalización de los procesos o sin facultades legales para ello? ¿Cómo mantener la percepción de la relevancia de la fiscalización superior y la rendición de cuentas cuándo la vida y la salud de millones de personas son amenazadas por un virus desconocido?
La gestión de riesgos permite prevenir y reducir la posibilidad de que ocurran eventos adversos y, en caso de que ocurran, manejar sus impactos. Ello está estrechamente relacionado con la gestión estratégica de la institución y a sus operaciones regulares. Por lo que debe evaluarse constantemente.
Lo anterior se ocupa de la reacción de la EFS ante un evento complejo e inesperado que cree inestabilidad o un daño, en sentido amplio.
Enfrentar la crisis se centra en hacerlo rescatando las lecciones de experiencias anteriores.
Un terrible ejemplo actual, además de la pandemia, son la erupción en la isla de La Palma, en España –desastre natural– y las crisis migratorias –desastres humanos– derivados de la pobreza extrema en muchas partes del planeta.

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